Unidad Popular de Aguilar ha emitido un comunicado valorando el inicio de las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA), las cuales han empezado “con algunos meses de atraso a lo inicialmente anunciado por el concejal de obras”. 

En este sentido, la nota argumenta que “al PSOE no le ha bastado con la experiencia del Camino Ancho, para ejecutar de una sola vez toda la calle Ancha aprobada en tres tramos más el ensanche de calle Calvario con calle Cronistas de Aguilar y calle Ancha, esta última obra pagada con dinero de remanente de tesorería y con informe en contra de la señora interventora del Ayuntamiento de Aguilar”.

Además, el grupo local recuerda que el concejal de obras “nos dijo en un pleno municipal” que las obras empezarían “en octubre de 2018”, aunque “este PSOE se caracteriza por decir una cosa y hacer la contraria. Han iniciado las obras en enero de 2019 y en un solo tramo, ya veremos cómo y cuándo termina”.

La razón por la que han comenzado tarde, según UPOA, es que “el PSOE no podía gastarse ni un solo céntimo en 2018 del dinero que ya le habían ingresado a cuenta las administraciones y destinado al PROFEA”, ya que en el informe sobre la ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2018 se concluye que el Ayuntamiento de Aguilar no cumple con el objetivo de estabilidad económica con un déficit de 380.487 euros, tal y como expuso la interventora.

Así las cosas, UPOA puntualiza que “esto va a suponer que la obra tiene menos tiempo para su ejecución y, por tanto, muchas más posibilidades, vistas las experiencias anteriores, de que no se termine a finales de junio de 2019”. 

Finalmente, la formación establece que “vemos cómo empieza la obra con poca planificación. Como era de esperar, cortan una de las arterias más importantes de nuestro pueblo y empiezan los inconvenientes para los vecinos ¿Dónde está el plan de aparcamiento alternativo para esta obra? ¿Qué pasa con  los vecinos que tienen cochera? ¿Dónde se van a aparcar todos los coches del tramo de calle cortada? ¿Cuál es la alternativa del PSOE?”.

El Partido Popular se dio cita este miércoles en Aguilar de la Frontera, para establecer unas primeras bases de sus objetivos de cara al futuro de la provincia y de la localidad en materia electoral. En este sentido, Censi Pérez, concejala local del grupo popular, arrancó su intervención dando "la enhorabuena a Juanma Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía y a todos los votantes de Aguilar que han hecho este cambio posible". Seguidamente presentó a su compañero, el diputado provincial Andrés Lorite, sobre el que puntualizó que "nos va a hablar de los presupuestos de Diputación y de la mala gestión a la que nos tienen acostumbrados los socialistas. En Aguilar han tenido mayoría absoluta, nuestro exalcalde es diputado provincial, han tenido a la Junta de Andalucía y al gobierno central en sus manos y para Aguilar no se ha trasladado ni un solo euro para inversiones ni para arreglos de caminos en cuatro años de legislatura".

Eso sí, antes de dar paso al segundo turno de palabra, Pérez expuso que "no arreglan caminos pero sí levantan tres veces la misma calle, y me refiero a la Calle Lorca. Esta vez con un gasto de 14.500 euros más que pagaremos del bolsillo de todos los aguilarenses", reiterando a continuación que "llevamos cuatro años de legislatura, que por 7 millones de euros anuales, son 24 millones. Es mucho dinero para que vean lo que se ha hecho. Por ejemplo, hemos despilfarrado casi dos millones de euros en PASUR".

Por su parte, Lorite afirmó que "el primer y principal motor económico de la provincia es sin duda la agricultura y la ganadería, por lo que todas las administraciones públicas tienen el deber de mimar a la agricultura y la ganadería, lógicamente dentro de las competencias de cada administración". Además, argumentó que "tenemos una Junta que, durante la última legislatura de Susana Díaz, le ha dado la espalda al campo", razón por la que dejó dicho que "yo quiero ser presidente de la Diputacion, entre otras cosas, para poner a la agricultura cordobesa donde merece".

En este sentido, el diputado provincial matizó que "el PP, cuando ha tenido la responsabilidad de gobernar en la Diputación, lo puso de manifiesto, entre otras medidas, poniendo por primera vez en la historia una delegación de agricultura", para a continuación desgranar un dato que refleja, "como decía Censi, el dinero que ha invertido la Diputacion de Córdoba en caminos de su titularidad en esta zona. Cero euros". 

Lorite hizo referencia a la Diputación de Málaga -donde gobierna el PP- que tiene una "red de carreteras y caminos dependientes de 800 kilómetros, mientras que la de Córdoba cuenta con un total de 2.600 kilometros". Así las cosas, "la partida destinada en Málaga es de 10 millones de euros para el arreglo y mantenimiento de estos caminos, siendo en nuestra provincia de 6 millones. Comparen ustedes". Finalmente, el diputado no dejó pasar la ocasión para apostillar declarando que "es un día histórico para Andalucía. Bajo mi punto de vista no hay una democracia madura si no hay alternancia. Este gobierno va a significar el cambio, pero también el diálogo, el consenso, la bajada de impuestos y va a suponer que Andalucía sea el motor de desarrollo económico que merece". 

El punto más destacado del pasado pleno del 27 de diciembre fue el relativo a la toma de conocimiento de la renuncia a su cargo de concejal de Dª María del Carmen Berenguer López, hasta entonces representante del área de Servicios Sociales y Mujer. Todos los grupos políticos quisieron intervenir en dicho momento, agradeciendo el trabajo realizado por la concejala, aunque reprochando a la alcaldesa María José Ayuso la solidez de su partido. Hubo momentos de emoción, mezclados con algunos de tensión. 

En este sentido, Censi Pérez, portavoz del Partido Popular, fue la primera en intervenir declarando que "es una pena. Te considero una persona leal, implicada y entiendo tu renuncia y sé que no es por motivos personales. Gracias por estar a la altura y ser buena compañera”, dirigiéndose a continuación a Ayuso, a la cual le indicó que “en un año y medio hemos tenido un concejal fantasma, han dimitido dos concejales y hoy ha dimitido una concejala que lleva muy bien su trabajo. ¿Qué falla señora alcaldesa? ¿Quién debe dimitir? Ahí dejo la pregunta”. 

Por su parte,  José Mª Reyes, del Partido Andalucista, expuso igualmente su agradecimiento, reiterando que se trataba de una persona “muy implicada, ya que sabemos que lo ha llevado lo mejor que ha podido”, mientras que al PSOE le dijo que “estamos a cinco meses de las elecciones y deberían ser honestos. No pasa nada por ser humildes. El pueblo sabe lo que se cuece en cada cocina y les puede pasar factura tapar lo que están tapando”.

Por último, Ángel Cardo, concejal de Izquierda Unida, puntualizó que “para nosotros supone un fracaso político, que a un partido con mayoría se les vayan concejales que lo están haciendo bien. Tienen la obligación moral de explicarle al pueblo qué está pasando”. Una dirección a la que también se dirigió Miguel Pérez (UPOA), al señalar que “no me explico el grado de descomposición interna con las fugas, dimisiones. Yo estoy seguro que si pudieran, más de cuatro de los que están ahí, tomarían la misma decisión. Si les dejaran hacerlo. Los que tienen mochila tienen que aguantar lo que venga. Por mucho que quieran tapar, ya no se puede. No se puede llamar compañero a alguien que odias a muerte”. Eso sí, previamente tuvo unas palabras para Berenguer, sobre la cual matizó que “es una pena que quien trabaja se tenga que ir. Es verdad que es por motivos personales, no puede más. Es entendible”. 

El penúltimo turno de palabra fue para la alcaldesa, que de nuevo agradeció la labor realizada, subrayando además que “lo lamentamos enormemente. La vamos a echar de menos”, mientras que la propia Berenguer pasó a leer un escrito con los motivos de su marcha, en el que hizo hincapié en que “comencé con ilusión y hoy creo que he cumplido con los objetivos. He luchado día a día por mi pueblo. Estoy satisfecha por el trabajo, pero, sobre todo, estoy orgullosa del equipo del que me he rodeado”, apostillando con que “me voy como concejala, pero no como persona. Seguiré luchando por los míos”. 

Durante el pasado Pleno del 4 de diciembre, Unidad Popular de Aguilar (UPOA) presentó una moción por la por la que se pretendía debatir sobre el caso Carmen Carbajo, ya que hasta el día de hoy se desconocen completamente cuáles son los pasos y medidas que desde el Ayuntamiento van a tomarse al respecto. En este sentido, UPOA ha indicado en un comunicado que “el PSOE no quiso que se debatiera esta moción referente a la sentencia de 7 de noviembre de 2018, nº 349/18 del Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba, que declara nulo el despido ejecutado el 30 de junio de 2018, por este Ayuntamiento, sobre la trabajadora Doña Carmen Carbajo Cubero, obligando a su readmisión, al pago de los salarios de tramitación y al pago de una indemnización por daños morales”.

Seguidamente, la formación local ha puntualizado que el grupo de Gobierno “aprovecha nuevamente su mayoría absoluta para imponer su voluntad sin dar lugar al debate democrático”, matizando que “no quiere que se debata en el Pleno, donde cualquier grupo municipal podría llevar el punto del orden del día que estime conveniente”.

Además, UPOA ha asegurado que “el PSOE no quiere que se sepa lo que está ocurriendo en el ayuntamiento”, por lo que el debate de la moción que presentó “iba a arrojar los números y la argumentación de lo que está pasando con esta trabajadora, pero ellos no quieren que se sepa cómo abusan de su posición, cómo están jugando con el futuro de una trabajadora. Se convierten en cómplices silenciosos de este linchamiento”.

Así las cosas, la nota emitida establece que “si no quieren debate en el Pleno lo van a tener en la calle, y por eso ponemos en conocimiento de la ciudadanía aguilarense esta situación tan esperpéntica en la que podemos comprobar cómo un gobierno municipal se ceba con una de sus ciudadanas”. A continuación, UPOA ha adjuntado la moción completa:

El 25 de abril de 2018, se dicta sentencia nº 113/18 del Juzgado de lo Social nº 1 de Córdoba, que declara nulo el despido ejecutado el 30 de abril de 2017, por este Ayuntamiento, sobre la trabajadora Doña Carmen Carbajo Cubero, obligando a su readmisión, al pago de los salarios de tramitación y a su reconocimiento como personal laboral indefinida no fija.

El 11 de junio de 2018, el Secretario Municipal emite informe técnico por el que recomienda la extinción del contrato de la trabajadora a 30 de junio de 2018, alegando causas objetivas, acogiéndose al artículo 52 e) del Estatuto de los Trabajadores.

El 15 de junio de 2018 se comunica a la trabajadora por escrito la extinción de su contrato el 30 de junio de 2018, por las causas indicadas en el informe técnico del Secretario.

El 19 de julio de 2018, la trabajadora vuelve a presentar denuncia ante el juzgado de lo Social de Córdoba por considerar que con este segundo despido se están vulnerando sus derechos fundamentales.

El 7 de noviembre de 2018, el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba, por sentencia nº 349/18, vuelve a declarar nulo el despido de Doña Carmen Carbajo Cubero, obligando a la readmisión de la trabajadora, al pago de los salarios de tramitación y al pago de una indemnización por daños morales.

El gasto para el Ayuntamiento de Aguilar de esta situación con una doble sentencia condenatoria supone el pago de 14 meses de salarios de tramitación, 2.4977,4 €, con su correspondiente seguridad social, más una indemnización por daños morales de 8.922,08 €, lo que hace un total de 33.899,48 €.

En el mismo periodo en el que sale la primera sentencia de la trabajadora, también sale una sentencia similar, por la que tienen que hacer personal laboral indefinido no fijo a otro trabajador del Ayuntamiento. Ambas sentencias se acatan, pero se emite informe técnico recomendando extinción de contrato para Doña Carmen Carbajo Cubero, el cual es secundado por este Ayuntamiento, mientras que no sabemos si para el otro trabajador se emite informe técnico o no, y en cualquier caso, no se extingue la relación laboral de este trabajador, lo que hace sospechar que hay dos varas de medir o un presunto trato de favor.

El propio juez en la segunda sentencia pone de manifiesto que “la respuesta del Ayuntamiento es la de montar una apariencia de legalidad que en el fondo esconde una voluntad de “quitarse de en medio” a una trabajadora molesta o que le ha creado una situación jurídica molesta”.

No sabemos si el Ayuntamiento ha anunciado la interposición de un recurso a esta última sentencia y no sabemos si luego pondrá este recurso, pero UPOA en defensa de los derechos laborales de esta trabajadora que ya cuenta con dos sentencias favorables, en defensa de mantener un igual trato para todas las sentencias laborales condenatorias de este Ayuntamiento, y por último en defensa de los intereses económicos de este Ayuntamiento al que hay ha costado 33.899,48 €, entendemos que se debe aceptar la sentencia dictada por el juzgado de lo social. Por ello proponemos al Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera el siguiente acuerdo:

1) Instar a la señora alcaldesa  a acatar y por tanto no recurrir la sentencia de  7 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba,  sentencia nº 349/18, donde se vuelve a declarar nulo el despido de Doña Carmen Carbajo Cubero, obligando a la readmisión de la trabajadora.

La Comunidad de Regantes de Aguilar se dio cita, junto a varios miembros de la corporación municipal, para informar del avance en torno a la concesión solicitada para el uso del agua reutilizada. En este sentido, Jesús Encabo, concejal de Obras y Servicios, afirmó que "el Ayuntamiento de Aguilar, que cuenta con un término municipal con una superficie de 16.648 hectáreas y una amplia vocación agrícola, lleva bastantes años intentando obtener la concesión de su agua reutilizada, urbana, para uso agrícola". En este sentido, el representante local reiteró que "desde 2004 se lleva trabajando para conseguir la concesión. En el año 2017 se vuelve a retomar el trabajo, al ver que iban a sacar una nueva solicitud, y este Ayuntamiento empezó a trabajar con diferentes zonas de agricultores".

Así las cosas, Encabo expuso que "tras un trabajo laborioso se consiguió formar la Comunidad de Regantes, que es una realidad y que ha trabajado para obtener este proyecto tan importante para Aguilar. Esto supone mucho más empleo y riqueza", puntualizando que "Aguilar es uno de los seleccionados y la semana pasada recibimos informe favorable, con una dotación de 503.730 metros cúbicos que dará riego a una superficie de 435 hectáreas de 43 propietarios".

Por su parte, Manuel Olmo, presidente de la Comunidad de Regantes, argumentó que "se alegrará el que entre y quiera seguir con el proyecto. Yo llevo sobre 50 hectáreas de riego arrendadas y llevo nueve años de experiencia. Puedo decir que es una buena cosa. El que le preocupe el tema del dinero, le digo que puede estar tranquilo porque con lo que se aumente la producción se van a pagar solas las hectáreas. Asegurado".

A continuación, Francisco Zurera, delegado de Agricultura en la Junta, subrayó que "el tema de la Comunidad de Regantes se lleva trabajando yo creo antes de 2004 desde el Ayuntamiento de Aguilar, con diferentes corporaciones y diferentes alcaldes. Todos han trabajado por poner este tema en marcha". Además, relató que "gracias a que se empezó entonces hemos sacado una puntuación correspondiente que nos permite tener prácticamente aprobada esa concesión", matizando finalmente que "para empezar la cultura del regadío en Aguilar es muy importante. Es algo nuevo para nosotros y no tan nuevo para otros pueblos limítrofes. Las inversiones son importantes pero recuperables". 

Por último, la alcaldesa María José Ayuso apostilló diciendo que "es un gran noticia para Aguilar. Vamos a empezar con un poco, pero es el primer paso para empezar con la cultura del regadío. A medio plazo se van a ver los resultados". 

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar celebrado en la jornada del martes 4 de diciembre tuvo como punto referencial el Dictamen-Moción por el que se declara “personas non gratas en el municipio de Aguilar de la Frontera a los miembros de La Manada”, el cual fue presentado por los grupos municipales de PSOE y PP, y al que se unieron además IU y UPOA. En este sentido, Mª Carmen Berenguer, concejala de Servicios Sociales y Mujer, pasó a leer la moción en la que se describen los motivos de dicha decisión. 

La propia corporación municipal ha expresado que se hace “para mostrar su apoyo y solidaridad a la joven de Pozoblanco, familiares y amistades, confiando en que la justicia falle a favor de la víctima e instar al Gobierno de España a iniciar la reforma de la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal con el objeto de modificar la regulación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como impulsar aquellas iniciativas parlamentarias que nos permitan cumplir cuanto antes con el convenio de Estambul, tal y como se señala en el Pacto Contra la Violencia de Género”. 

Por su parte, Antonio Zurera, en representación de UPOA, declaró que “es un compromiso más de la moción que se aprobó en octubre por unanimidad en este Pleno, así que adelante con ella”, al tiempo que puntualizó que “así es como hay que tratar a los violadores, que no vengan a este sitio. Aquí no los queremos, ni a ellos ni a los que son así. Espero que les caiga todo el peso de la ley”. 

UPOA ha emitido un comunicado en el que recuerda que en noviembre del pasado año pidió que se abriera una Comisión Informativa Especial de Investigación, con motivo de la sospecha de posibles irregularidades en contrataciones municipales para el programa Emple@joven y Emple@30+. "En dicha Comisión participaron portavoces de todas las formaciones de la oposición y del Gobierno municipal, y comparecieron algunas personas cuyo testimonio podía ser relevante para el esclarecimiento de la misma", relata el grupo local.

De esta forma, UPOA expone que se celebraron varias sesiones que terminaron con una propuesta de conclusiones nada esclarecedora, ya que los responsables de la formación gobernante propusieron poco más que “borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada”. Así las cosas, el grupo reitera que "esta propuesta no nos ha gustado al resto de partidos que constituyen la corporación municipal, ya que tras un minucioso estudio de las actas generadas, seguimos viendo indicios de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, al no entender el proceso y los criterios de selección, incurriendo en una presunta vulneración de la Constitución y ejerciendo tratos de favor". 

Por esto, los representantes de UPOA e IU deciden presentar una moción al Pleno Municipal el día 28 de octubre de 2018 y trasladar a la Fiscalía el expediente completo de la Comisión Informativa Especial de Investigación sobre las contrataciones municipales de los programas Emple@joven y Emple@30+, acogiéndose al artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que establece la obligación de todo ciudadano a trasladar a la Fiscalía cualquier posible delito público que presencie, por lo que entendemos que es nuestra responsabilidad como ciudadanos y representantes públicos dar este paso de vital importancia por la correcta aplicación de transparencia, objetividad y justicia en los futuros procesos de selección para contrataciones municipales". 

En consecuencia, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, a propuesta de las dos formaciones mencionadas, y con el apoyo del PA, "deberá poner en conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, en un plazo máximo de 15 días, el expediente completo de este caso, para que se ponga en marcha la investigación y las diligencias que consideren oportunas", apostilla UPOA. 

Un total de 28 ayuntamientos, entidades locales y mancomunidades han firmado hoy con la Diputación de Córdoba sendos acuerdos de colaboración que obedecen a la necesidad de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos.

Según el máximo responsable de la institución provincial, Antonio Ruiz, “la nueva situación normativa conlleva un cambio muy importante en el tratamiento de la información, algo que afectará muy especialmente a los organismos e instituciones públicas”.

Ruiz ha asegurado que “desde el comienzo de este mandato, esta Diputación ha apostado y trabajado por mejorar los niveles de transparencia, eficacia y eficiencia, convencidos de que ésta es la mejor forma de prestar y garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía”.

“Por dicha razón, nos hemos puesto a trabajar para cumplir lo antes posible con la nueva adaptación normativa, un trabajo que hoy hacemos extensible a nuestros municipios, a través de la firma de estos acuerdos”, ha continuado Ruiz.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha abundado en que “somos una de las primeras diputaciones que hemos asumido esta responsabilidad y prueba de ello es que nos hemos convertido en referente para otros organismos provinciales, como es el caso de la Diputación de Palencia, desde donde nos han pedido asesoramiento sobre el procedimiento que hemos desarrollado”.

Ruiz ha hecho hincapié en que “mejorar en eficacia y eficiencia supone un paso más, así a pesar de que las directrices indican dar cobertura a los municipios menores de 20.000 habitantes, esta Diputación ha ampliado el servicio a todos los municipios que lo soliciten”.

“En todo este proceso y para ofrecer mayores garantías a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia , las funciones de delegado de protección de datos serán desempeñadas por la propia Secretaría de esta Diputación, lo que otorga al tratamiento de la información un plus de seguridad jurídica”, ha concluido Ruiz.

Por su parte, el delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la institución provincial, Francisco Juan Martín, ha explicado que “el Reglamento General de Protección de Datos aprobado en 2016 por la Unión Europea y vigente desde el 25 de mayo de este 2018 incluye novedades como el principio de responsabilidad activa o el principio de minimización de datos personales”.

Martín ha especificado que “la firma de este acuerdo entre la Diputación y las entidades locales tendrá un coste cero para las mismas, siendo asumido el proceso por la institución provincial”.

El pasado pleno del jueves 25 de octubre tuvo como protagonista a la cofradía de Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera, al tratarse, en el punto número 11, el dictamen-moción relativo al nombramiento de Jesús Nazareno como Alcalde Perpetuo de la Villa de Aguilar de la Frontera, presentado por los grupos municipales del PSOE y PP. En este sentido, la alcaldesa María José Ayuso comenzó leyendo el escrito presentado en el Ayuntamiento con el listado de firmas y la petición para elevar a pleno dicho acontecimiento. 

José María Reyes, representante del Partido Andalucista, expuso en su intervención quese trataba de “dos vertientes bastante diferentes. Un tema sería reconocer al Nazareno como Alcalde Perpetuo, que es un asunto más bien personal y que cada uno en su conciencia puede pensar que sí o que no. Luego el otro que es iniciar los trámites para su nombramiento”, puntualizando seguidamente que “en el debate que tuvimos el otro día en el PA, acordamos agradecer a la cofradía la reunión en la que todos salimos contentos. Mi opinión del otro día era personal, no de mi partido”. 

Con todo, reiteró “el respeto a la propuesta, y con la fe y devoción particular, yo dejé claro que no veía la relación entre lo político y lo religioso”, apostillando que “en el último comité debatimos sobre este punto, y fue bastante extendido. En nuestro partido está muy pareja la decisión. Creemos que es algo muy intimo, así que el resultado de nuestra votación será la abstención”. 

Por su parte, Ángel Cardo, dirigiéndose de manera directa a Ayuso, argumentó que “con esta moción sólo demuestra su cobardía. A usted no le hace falta traerlo a pleno porque tiene mayoría absoluta. Sin embargo, no tiene valor de decirle a la cofradía lo que nos dice por privado. Que esto es una barbaridad”. Seguidamente, el portavoz de Izquierda Unida afirmó que “estáis despertando falsas fantasías a mucha gente, y todo por un puñado de votos. Deje a los santos en paz y no los utilice para tapar su incompetencia”, para matizar que “lo que le pedimos, respetando lo que cada cofradía o asociación decida proponer, es que retire la moción y pida informes antes de traerlo a pleno”. 

En la misma dirección se sostuvo la intervención de Miguel Pérez, concejal de UPOA, al subrayar que “no tendría que haber traído esto a pleno. Con once concejales podría haberlo traído hecho. Creo, como creyente, que esto va a enfrentar a creyentes contra no creyentes. Lo que se quiere otorgar es un cargo político”. 

Asimismo, Pérez explicó que “entre todos estoy seguro que hubiéramos otorgado un galardón acorde al Nazareno, pero de esta manera no. No jueguen con los sentimientos de las personas. No se puede medir la devoción. España es un país aconfesional y creemos que esto puede incumplir la constitución. Lleva razón el señor Cardo al decir que debería haber traído un informe”. 

La alcaldesa tomó de nuevo la palabra para dirigirse al representante de IU, declarando que “usted no es nadie para decirme si esto es nefasto. No creo que sea tan nefasto. Usted no gobernaría para todo el pueblo, sino para sus querencias personales”. Finalmente, Ascensión Pérez, del Partido Popular, indicó que “son más de 2.500 personas las que piden esto. No tenemos ningún motivo para no requerir la petición porque es lo que piden estas personas. Cumplen todos los requisitos”. El punto fue aprobado con los votos a favor de PSOE y PP, la abstención del PA y los votos en contra de IU y UPOA. 

Por otro lado, otro de los puntos con mayor controversia fue el número 5, relativo a la aprobación de la Modificación Presupuestaria por Transferencias de Crédito 10/2018. En este sentido, UPOA argumentó que se destina un montante de “18.000 euros a gastos de festejos, recortando en otros como los 4.000 de la Oficina de Turismo”. Además, destacó unos “10.000 euros para gastos generales”, haciendo hincapié en que se explicara “a qué se va a dedicar”. María José Ayuso dijo que lo respondería por escrito, aunque “en la sesión informativa ya se explicó”, afirmación que generó la negativa de todos los grupos presentes. El PSOE fue el único que votó a favor, el PA se abstuvo, mientras que IU, PP y UPOA votaron en contra. 

Unidad Popular de Aguilar ha emitido un comunicado en el que critica la "incapacidad" del PSOE y del concejal Jesús Encabo a la hora de finalizar las obras en el municipio. En este sentido, la nota comienza afirmando que “las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA) se pueden iniciar desde el mes de julio de cada año. Sin embargo, el PSOE y Jesús Encabo las empiezan cada año a finales de diciembre, es decir, seis meses después de cuando podía comenzarlas”.

Además, relata que el equipo de Gobierno “se ha acogido a la Orden ESS/595/2018, del 25 de mayo, por la que se amplía, con carácter extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios de interés general y social, iniciados en el ejercicio 2017, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas”.

Según declara en su escrito, el grupo municipal solicitó una reunión con el concejal de Obras el pasado 21 de agosto, “para que se nos diera información de todo lo relacionado con el PROFEA de este año”. No obstante, afirma UPOA, en lugar de conceder dicho encuentro, “nos manda un escrito remitiéndonos a la orden antes citada y diciéndonos que no se ha realizado ninguna contratación, sino que se ha ampliado dos meses a los encargados de las obras de las traseras del Cerro, Camino Ancho tramo 2 y Santa Brígida, y en tres meses al encargado del tramo 3 del Camino Ancho”.

“A nosotros nos da igual si son nuevos contratos o ampliación de los mismos”, puntualiza, aunque advierte que “lo que nos preocupa es el hecho de que se tiene que pagar de los fondos del Ayuntamiento, por algo que ya debería estar terminado”. 

Seguidamente, la formación municipal alude al punto 3 de la orden antes descrita, en la que se dice que “la ampliación del plazo de ejecución prevista en esta orden en ningún caso implicará un incremento de las subvenciones ya concedidas”, por lo que, reitera el comunicado, “si no hay incremento en las subvenciones para contratar el personal necesario para terminar la obra, eso quiere decir que el dinero necesario para pagar los sueldos de nueve meses de encargado sale del presupuesto del Ayuntamiento, es decir, de los bolsillos de los aguilarenses, por la mala gestión de este concejal y del PSOE".