Josefina Avilés, como concejala y portavoz de Izquierda Unida, convocó una rueda de prensa para mostrar la postura de su partido acerca del punto en el orden del día del pasado pleno correspondiente a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el objetivo de la ejecución de la obra en el ensanche Cronistas de Aguilar, Calle Ancha y Calle Calvario. "La actuación es una demanda que venimos pidiendo en IU desde hace décadas, ya que es muy necesaria para culminar el plan parcial que se desarrolló en la barriada nueva del Cerro Crespo. Por cierto, un plan desarrollado durante el gobierno de IU, y que dio cabida a más de 1.000 familias, pero desde la llegada del PSOE nunca más se ha vuelto a desarrollar un plan de viviendas de tales características", comenzó su intervención Avilés. 

En este sentido, la representante local expuso una línea temporal en torno a cómo se habían desarrollado los acontecimientos sobre este tema. En junio de 2017 hubo una reunión con todos los grupos de la oposición en la que el PSOE expuso 5 propuestas elaboradas por el arquitecto técnico municipal, "en las que en la mayoría se contemplaba la modificación del PGOU, dado que contenía expropiaciones de varias viviendas. En esa reunión sólo se nos informa y nos dan la oportunidad de dar nuevas propuestas", puntualiza. Seguidamente, afirma Avilés, "y tras un estudio riguroso, en IU fuimos los únicos que por escrito le hicimos llegar nuestra propuesta al concejal de obras. La nuestra también cuenta con expropiaciones, por lo que había que hacerla con mucho rigor y teniendo el consentimiento de los vecinos y el plan financiero".

No obstante, continúa la concejala, "en el presupuesto de 2018, el Gobierno destina 0 euros para esta obra, por lo tanto, ¿qué interés tenía entonces el PSOE? Aprueban ellos solos el presupuesto, y apenas dos meses después hacen una modificación para coger 250.000 euros de los remanentes de tesorería, con el fin de destinarlos a esta obra. Y además, con un informe desfavorable de intervención, que pone en peligro la estabilidad del Ayuntamiento". 

Por dicha razón, el grupo municipal votó en contra durante el pasado pleno, ya que además desconocen "si los vecinos estaban de acuerdo con la expropiación de sus viviendas. Somos conscientes de la Ley de Expropiación Forzosa, cuando se antepone un bien social, pero dentro de eso existe también el sentido común. Se han dado todos los pasos equivocados, mientras que nuestra propuesta estaba guardada en un cajón".

El 12 de junio, el PSOE envía la propuesta definitiva "y se nos dice que es la que habíamos decidido entre todos. Una mentira con mayúsculas, que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza", subraya Avilés. "Todos sabíamos que para sacar adelante esta medida hacían falta más votos a favor que en contra. El PSOE lo tenía fácil al tener mayoría absoluta, pero el 28 de junio volvió a haber un sillón vacío en la bancada del Gobierno, faltando así un voto de un concejal de su propio grupo", remarca. 

Finalmente, apostilla la concejala de IU, "el día 30 de mayo, la señora alcaldesa aprobó por decreto una obra PER que se va a ejecutar en la Calle Ancha, desde la BP hasta el Llano de la Cruz, y que va a suponer un gasto de más de 1.000.000 de euros". 

Unidad Popular de Aguilar ha emitido un comunicado en el que se expresa sobre la propuesta del Gobierno para el ensanche de Calle Cronistas de Aguilar, Calvario y Ancha, uno de los puntos tratados en el último pleno y que mayor controversia creó. “El PSOE, después de tantos años gobernando el Ayuntamiento de Aguilar, solo y en compañía, no se ha preocupado nunca por buscar una alternativade entrada y salida al Cerro Crespo, y no hay que decir los graves problemas de tráfico y de seguridad para viandantes que hay en la zona de calle Ancha con calle Cronistas de Aguilar y Calvario”, comienza relatando el grupo local. 

En este sentido, UPOA declara que “un proyecto que solucione este problema es esencial, necesario y urgente”, aunque se ha referido a la propuesta concreta del equipo de gobierno, “de las consecuencias de pagar como propone el PSOE y de su poca efectividad”.

Una explicación llevada a cabo a través de una serie de puntos temporales, consecuencia, en palabras de UPOA, “de que hemos visto muchas veces concejales y alcaldes del PSOE engañar, pero como el otro día en el pleno lo hizo Jesús Encabo muy pocas veces”. 

1) El PSOE, a través de su concejal de obras, reúne a los portavoces de la oposición y presenta 5 propuestas de arreglo para el ensanche de la Calle Ancha con Calle Cronistas de Aguilar y Calvario. “En esta reunión se nos dice que estudiemos las 5 propuestas para decidir una de ellas, hacer alguna modificación o dar otra solución”, puntualizan en el comunicado.

“Así lo hicimos UPOA y todos los grupos municipales. En concreto, en UPOA decidimos hacer modificaciones sobre una de ellas, así como otra alternativa nueva que entendemos soluciona mejor el grave problema”. No obstante, matizan que “la sorpresa salta cuando se nos convoca a una reunión y se nos hace una propuesta cerrada, sin que ningún grupo podamos aportar nuestras ideas”. 

2) "La propuesta del PSOE consiste en modificar el PGOU para hacer el ensanche, pagando con remanentes de tesorería, incluidas las expropiaciones de las que nada se nos ha dicho, y la obra PER de toda la Calle Ancha a la vez. Eso es una locura que colapsaría absolutamente toda Aguilar”, prosiguen. 

Asimismo, en este apartado, el grupo local ha querido hacer hincapié en que “nuestra propuesta es hacer primero, a través de una obra PER, el ensanche de Calle Ancha, Cronistas de Aguilar y Calvario, y luego hacer el arreglo de la Calle Ancha en tres años, un fase cada año, para que no pase lo mismo que en el Camino Ancho”. 

3) “El verdadero problema de esta obra es cómo el PSOE quiere pagarla. Hay que empezar diciendo que en el presupuesto de 2018 no hay ni un céntimo para esta obra de ensanche. El coste presupuestado en principio es de 252.300 euros, que saldrían de remanentes de tesorería para gastos generales”, afirman, para subrayar seguidamente que en el informe de la interventora se dice que “lo que hubiera sido más conveniente es tener previsto este crédito en el presupuesto inicial 2018”, puesto que su gasto podría repercutir “negativamente en el cumplimiento de los parámetros de estabilidad del ejercicio 2018”. 

“¿Qué significa esto?”, se preguntan, “en palabras claras es recortar gastos y aumentar ingresos. Más impuestos, más altos y recortes en servicios e infraestructuras así como en políticas de justicia social”. 

A continuación, UPOA expone que “la solución urbanística al ensanche que presenta el PSOE no soluciona el problema de manera definitiva. Han pensado más en la imposición y en el año electoral que viene”, aunque resalta que “no han aprobado esta obra teniendo mayoría absoluta, ya que Francisco Juan, concejal del Ayuntamiento de Aguilar, está bueno para ir a Diputación y siempre enfermo para ir a los plenos”.

Finalmente, el grupo local “hace un llamamiento público al PSOE a la reflexión y a la cordura. Lo sensato es que vuelvan a convocar a los grupos municipales para el estudio de la actuación urbanística y que se mire una forma de pagarlo sin poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera con todas las consecuencias que eso conlleva”. 

El Partido Popular de Aguilar convocó este lunes una rueda de prensa para ofrecer su visión y valoración acerca de los temas más controvertidos que fueron tratados en el pasado pleno ordinario del 28 de junio, el cual han calificado como "el peor de la historia del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera". Una sesión que acogió un total de 21 puntos en el orden del día, de los que el grupo popular ha destacado aquellos de mayor “importancia para todos los vecinos y lo hacemos de manera clara y concisa para que estén correctamente informados de la mala gestión basada en la improvisación que está realizando este «gobierno socialista» con mayoría absoluta”, según las palabras de Ascensión Pérez, concejala y portavoz del grupo municipal.

El primer asunto en cuestión radica en los puntos que correspondían a dos “Reparos” por parte de la interventora que ascienden a más de 24.000 euros y que corresponden al evento de Semavin. Se trata de varias facturas del ejercicio 2017, “que no han sido pagadas con el presupuesto de ese año porque ya había sido gastado, por lo que los proveedores han estado más de 7 meses sin poder cobrarlas y lo harán con el presupuesto aprobado de este año 2018”, expuso Pérez. Además, la portavoz local declaró que es “demasiado dinero malgastado que se podría haber invertido en empleo, por ejemplo, y que conste que desde el Partido Popular apostamos por la cultura del vino y queremos que se nos reconozca por todo el mundo. Pero hay que saber adecuar y realizar el ejercicio de las funciones sin sobrepasar el dinero del que se dispone. El Partido Popular se abstuvo, sólo y exclusivamente porque ve más que necesario que nuestros proveedores, mayormente locales, cobren sus facturas y no tengan que acudir a la vía judicial para ello”.

Por otro lado, en el punto 7 se presentó una modificación del crédito del presupuesto de 2018, aprobado dos meses atrás, por valor de 361.606,72 euros y que, en palabras de la concejala popular, "saldría de nuestro Remanente de Tesorería para el ensanche de Calle Ancha y Cronistas de Aguilar y la Variante Agrícola Noreste Aguilar-Montilla”. Además, Ascensión Pérez puntualizó que “esta modificación no se tenía que haber realizado, ya que se tenía que haber incluido en el presupuesto que como bien hemos dicho antes se aprobó sólo dos meses atrás, lo que demuestra la improvisación, la mala gestión y la no prudencia”, para matizar también que “este punto lleva un informe desfavorable por parte de la interventora, puesto que hacer este desajuste provocará no cumplir la estabilidad y la regla de gasto y con advertencia de que se podría llegar a tener que hacer un Plan Económico Financiero que nos llevaría a subir impuestos a todos los vecinos”. Asimismo, hizo hincapié en que “el presupuesto 2018 es más irreal de lo esperado”.

El punto 8 fue, tal y como ella argumentó, “la gota que colmó el vaso. Hubo tensión, mentiras y no se dio respuesta a las preguntas realizadas por el Partido Popular”. Ahí se presentó una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística para la reordenación de Calle Ancha, Calle Calvario y Cronistas de Aguilar, “obra que es más que necesaria y que tenía que haber sido la primera del PER en 2018, pero el Gobierno vio mejor el arreglo de la Calle Ancha y no salió adelante, ya que aun con mayoría absoluta, no tuvo los votos suficientes (9) para poder llevar adelante esta actuación”.

En primer lugar, razonó Pérez, “nuestra postura iba a ser la abstención, ya que es una obra más que necesaria”, pero “durante la intervención del concejal socialista inmediatamente cambiamos el sentido del voto, por la cantidad de mentiras que él mismo manifestó. No se nos había informado de la expropiaciones y su negociación, del proyecto elegido, dando por hecho que habíamos elegido entre todos un proyecto. Y lo más importante de todo, que no se hace con el dinero que disponemos del PROFEA, sino que se tiene que hacer con el Remanente de Tesorería, por no haber previsto la necesidad prioritaria de esta obra y de nuevo por improvisar, tras un año que tienen para la elección de proyectos de obras PER. De nuevo pensando las actuaciones de un día para otro”.

En referencia a los ruegos y preguntas, la concejala trató el tema de PASUR, preguntándose “qué decisión habrá tomado la alcaldesa, tras la reunión del grupo socialista, la oposición y grupo 5, en la que se planteó el establecimiento de los terrenos como suelo público”. Además, también se refirió al préstamo de 30.000 durante 7 años, sobre el que expuso la duda de si lo debía pagar “el Ayuntamiento como máximo accionista o qué es lo que ha decidido nuestra alcaldesa”. Además, también cuestionó que “si hace más de un año que dimitieron dos concejales que estaban vinculados a PASUR, ¿por qué ese consejo de administración sigue sin esos dos ocupantes?”. 

Finalmente, Pérez se refirió a la polémica eliminación de la Cruz de las Descalzas, que presentó la Asociación de Patrimonio Histórico. “Supuestamente me contestarán por escrito, pero supongo que habrá seguido el protocolo que exige el reglamento de presentar 100 firmas y todos los requisitos para poder realizar esta petición. Aún así, el Partido Popular presentó en el pleno más de 1.000 firmas en contra de esa petición”. No obstante, al ser cuestionada sobre una posible sentencia de un juzgado para quitar la cruz, Pérez afirmó que en ese caso se haría lo que diga el juez, “pero mientras vamos a intentar por todos los medios frenar esta propuesta”. 

Tal y como ya dijo este medio en su día, además de la intervención durante el pasado pleno de Carmen Carbajo Cubero sobre su polémico despido, la alcaldesa María José Ayuso, en nombre del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aguilar, también se pronunció en torno al tema a través de una nota de prensa, en la que refleja su postura. Como ya hicimos con las palabras de Carbajo, y para que no haya ningún tipo de interpretación ajena, en Madinfor TV reproducimos íntegramente el documento emitido por Ayuso: 

Desde el año 2003, los vecinos de Aguilar de la Frontera han depositado su confianza en el Partido Socialista Obrero Español para gestionar nuestro Ayuntamiento. En este tiempo, los sucesivos equipos de gobierno municipales han procurado atender las necesidades de nuestros vecinos de la forma más eficiente posible.

Fruto de esta gestión son los innumerables programas que este Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento, y que van desde los programas de carácter social, esenciales en tiempos de crisis para los más desfavorecidos (Plan de Emergencia Social, Plan de Empleo Local, Comedor Social Municipal, etc), a la construcción de infraestructuras o la realización de todo tipo de actividades, con las cuales se ha buscado difundir la riqueza y los atractivos de nuestro pueblo, a fin de fomentar el comercio y el turismo (SEMAVIN, Media Luna, Feria Real, etc.).

Entre todas estas iniciativas, de las que nos sentimos orgullosos, ocupa un lugar destacado la recuperación de nuestro patrimonio histórico, pudiendo afirmarse, sin miedo a exagerar, que las mejoras realizadas en el Castillo de Aguilar de la Frontera han sido espectaculares, de manera que en los últimos años hemos invertido décadas, o quizás siglos, de abandono y olvido de un monumento ciertamente excepcional. No creemos que nadie pueda poner un sólo reparo a la actuación de los equipos de gobierno socialistas en la recuperación del patrimonio histórico de Aguilar de la Frontera, ya que difícilmente puede imaginarse una actuación más intensa y productiva sin poner en riesgo la atención de otras necesidades igualmente importantes y urgentes.

Precisamente por eso los trabajos de recuperación del castillo se han regido por los principios de economía, eficacia y eficiencia que deben presidir toda actuación administrativa, a fin de que este objetivo no supusiera el abandono de otras necesidades municipales.

La política municipal de recuperación de nuestro patrimonio histórico, en particular del Castillo de Aguilar, se ha basado en la realización de actuaciones puntuales financiadas mediante subvenciones. Con ello se perseguían dos objetivos, por un lado tratar de invertir el dinero público en la forma más productiva posible, en proyectos concretos de mejora o recuperación del entorno del castillo, sin crear aparatos burocráticos de carácter permanente que requiriesen una continua aportación de dinero sólo para su mantenimiento, y por otro lado, al ser financiadas mediante subvenciones, conseguir detraer el menor dinero posible del presupuesto municipal, lo que ha permitido atender más dignamente las restantes necesidades municipales.

Consideramos que los resultados de esta política han sido enormemente positivos y que nadie que tenga una visión de conjunto de las necesidades municipales, puede considerar que los equipos de gobierno socialistas de los últimos años, han hecho dejación de sus obligaciones en la defensa y recuperación de nuestro patrimonio histórico.

Continuando con esta política actualmente se está realizando una obra PER en el Castillo y para el año que viene ya se ha aprobado una nueva intervención dentro de dicho programa, actuaciones que, como deben saber los aguilarenses, tienen subvencionada al 100 % la mano de obra, es decir, todos los trabajadores que intervienen en estas obras no cuestan ni un céntimo al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 

Hace escasos días llegó al Ayuntamiento una sentencia judicial por la que se declaraba que Doña Carmen Carbajo, la trabajadora que como arqueóloga ha venido prestando sus servicios en estas obras subvencionadas, debía considerarse indefinida no fija, fundamentando la sentencia dicha decisión en que los diversos contratos no cumplían 'con la exigencia que establece el artículo 2.2 a) y 3.2 a) del Real Decreto 2720/1998 de identificar, con precisión y claridad, la obra o servicio que constituye su objeto y la causa o circunstancia que concurre, pues no puede entenderse satisfecho este requisito con la simple alusión a la realización de trabajos propios de la categoría profesional de la trabajadora (arqueóloga) en el marco de los referidos programas. 

Por lo tanto, el carácter indefinido no fijo de la relación laboral no es consecuencia de que el trabajo que desempeñaba Doña Carmen tuviera carácter permanente (de hecho entre 2013 y 2017 doña Carmen sólo ha trabajado 23 meses de 60), ni de que dichos contratos no pudieran ser financiados mediante subvenciones, sino de un defecto formal de los contratos. 

Por otro lado, la Sentencia condena al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora y a abonarle los salarios de tramitación, obligaciones que este Ayuntamiento entiende que ha cumplido adecuadamente, por lo que en ningún caso puede hablarse de incumplimiento de la Sentencia. 

Solicitado informe jurídico al Sr. Secretario, éste indica que hay que tener en cuenta dos cuestiones: 

1.- Que la propia Sentencia por la que se declara indefinida a Doña Carmen Carbajo señala que el Ayuntamiento carece de competencias en materia de actividades arqueológicas. Efectivamente, la Sentencia dice literalmente "como ha quedado indicado las actividades arqueológicas no integran una competencia propia del ayuntamiento que sólo puede realizarlas por delegación de la administración autonómica y en todo caso siempre en un plano de colaboración con la misma".

2.- Que todos los contratos de trabajo de Doña Carmen Carbajo fueron financiados mediante subvenciones, de forma que el Ayuntamiento apenas ha desembolsado ninguna cantidad para el pago de los mismos. En concreto, desde 2012, todos los contratos han sido subvencionados al 100%, es decir, coste cero para el Ayuntamiento. En relación con esta última circunstancia el informe nos señala que existe una causa objetiva de extinción del contrato (artículo 52 e) del Estatuto de los Trabajadores) que, expuesta de forma comprensible, permite la extinción de un contrato de trabajo financiado con subvenciones una vez finaliza la subvención. 

En base a dichas circunstancias el informe considera:

- Que la plaza es innecesaria, ya que, como dice la Sentencia, el Ayuntamiento carece de competencias en la materia.

- Que su incorporación a la plantilla supondría un perjuicio económico para el Ayuntamiento, dado que hasta el momento las contrataciones puntuales de dicha trabajadora se venían financiando mediante subvenciones y a partir de ahora se deberá financiar la plaza con el presupuesto municipal. 

Por dichos motivos, el Sr. Secretario considera que la inclusión de la plaza en la plantilla no se ajusta a derecho y propone la aplicación de la causa objetiva de extinción de la relación laboral expuesta, de forma que el contrato de la Sra. Carbajo finalizaría el día 30 de junio, pero no por despido, sino por extinción de la subvención que la financiaba (causa objetiva de extinción del contrato). 

Llegado a este momento debemos diferenciar dos aspectos:

1.- Por un lado el aspecto jurídico de la cuestión, en el cual nos limitaremos a decir que la actuación municipal está amparada por el informe del Sr. Secretario y, por lo tanto, la consideramos jurídicamente correcta.

Las discrepancias jurídicas que Doña Carmen tenga en relación con el informe del Sr. Secretario y la actuación municipal derivada del mismo, deben resolverse en los ámbitos que le son propios, los Juzgados y Tribunales, por lo que nos abstenemos de hacer comentarios al respecto, e instamos a Doña Carmen a ejercitar todas las acciones judiciales que considere oportunas en defensa de sus derechos. 

No obstante, queremos señalar que no nos parecen de recibo determinadas descalificaciones que doña Carmen Carbajo ha empleado públicamente para referirse a nuestro Secretario Municipal, el cual, desde hace más de 10 años, viene realizando una excelente labor en nuestro ayuntamiento. En concreto nos parece particularmente grave acusar a un funcionario público de intentar prevaricar. Ese no es el camino, las discrepancias jurídicas se defienden ante los tribunales, no insultando ni poniendo en duda la profesionalidad de nadie.

2.- El segundo aspecto es el relativo a la conveniencia municipal de contar con una Arqueóloga en plantilla. 

Lo primero que queremos poner de manifiesto es que este debate ha estado enormemente condicionado por el contenido del informe del Sr. Secretario, dado que la rotundidad de los términos empleados (incorporación de la plaza no ajustada a derecho, innecesaridad de la plaza y perjuicio económico del Ayuntamiento), unido a la falta de competencias municipales, que la propia sentencia establece con total claridad, dejaban muy pocas opciones al debate político. No obstante, si queremos manifestar que este equipo de gobierno ha debatido la conveniencia de incorporar la plaza a la plantilla, y frente a indudables ventajas, como es el contar permanentemente con una profesional tan reputada como Doña Carmen Carbajo, se han puesto sobre la mesa determinados problemas.

Es indudable que las necesidades municipales en materia arqueológica han estado adecuadamente cubiertas en los últimos años a un coste cero para el Ayuntamiento y que la incorporación de doña Carmen a la plantilla supondría un coste de varias decenas de miles de euros anuales, cantidad que habría que restar a otras partidas presupuestarias, cuestión particularmente delicada en un momento como el actual, ya que las últimas liquidaciones presupuestarias han arrojado un superávit prácticamente nulo. 

Es cierto que el contar con una arqueóloga en plantilla daría un impulso a determinados proyectos que se hayan en estudio, pero se trata de proyectos que han avanzado mucho con la planificación que actualmente estamos poniendo en práctica (actuaciones puntuales financiadas mediante subvenciones) y que estamos seguros que llegarán a buen puerto. 

En definitiva, el tener una arqueóloga en plantilla beneficiaría a la política municipal de recuperación, conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, pero incrementaría enormemente el coste de personal, pasando de coste cero a varias decenas de miles de euros anuales. ¿Creemos realmente que la posible mejora merece dicho gasto?, ¿o realmente las necesidades municipales en materia arqueológica están suficientemente cubiertas en la actualidad y un gasto como ese no se encuentra justificado? Ese debate es el que debe plantearse un equipo de gobierno responsable, entendiendo por tal aquel que pone el interés general del municipio por encima de intereses personales, por muy legítimos que estos sean. 

Para terminar queremos decir que este equipo de gobierno se compromete a seguir avanzando en la política de recuperación de nuestro patrimonio histórico y a contar con el personal que en cada momento sea necesario para implementar dicha política, como ha hecho hasta ahora. Ello significa que si en algún momento las necesidades municipales exigen la contratación de un arqueólogo o de cualquier otro profesional del patrimonio con carácter permanente, este equipo de gobierno creará la plaza y procederá a cubrirla mediante un procedimiento selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, garantizando el derecho de todos los ciudadanos a optar en igualdad de condiciones a dicho empleo público.

Tras la finalización del pleno celebrado el jueves 28 de junio, los distintos grupos políticos dieron la palabra a Carmen Carbajo, para que pudiera expresar su opinión y situación con respecto a la polémica surgida en torno a su despido, y del que una sentencia judicial ha decretado que debe ser readmitida e indemnizada. En este sentido, la historiadora y arqueóloga comenzó su intervención afirmando que "he demostrado que no necesito ser amiga de nadie para estar aquí. Quiero hacer referencia a los derechos de los trabajadores, a los sindicatos que no se han puesto en contacto conmigo ni se han preocupado por defender mi situación laboral. Estamos a un día de mi despido, que no es excisión de contrato, y nadie de los sindicatos se ha preocupado. Quiero mostrar mi disconformidad ante un informe, igual que hace el señor secretario en su informe". De esta forma, Carbajo pasó a leer un escrito que en Madinfor TV reproducimos íntegramente: 

En primer lugar, dar las gracias por concederme el turno de palabra en este pleno en el que quiero poner de manifiesto mi disconformidad ante un informe que me parece subjetivo, arbitrario y a todas luces sin fundamento, que intenta ningunear y menospreciar mi trabajo atentando contra mis derechos fundamentales y manipulando una sentencia judicial para echarme sin contemplaciones, y elijo este medio porque no quiero reuniones secretas en los despachos, ni conversaciones en los pasillos ni comentarios por detrás. Desde que empecé todo este doloroso proceso lo he hecho a cara descubierta y así lo seguiré haciendo.

Para quien no me conoce me llamo Carmen Carbajo Cubero, licenciada en Historia, con un máster en Arqueología y Patrimonio, amplia formación en protección y gestión del patrimonio histórico, y dilatada experiencia en la materia, que me ha conducido al reconocimiento por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, como directora de actividades arqueológicas de diversa naturaleza.

Llevo 14 años trabajando para esta casa, 14 años en los que he realizado diferentes trabajos relacionados con mi profesión, y demostrando mi profesionalidad, a pesar de que este informe afirma que mi trabajo se limita a actuaciones puntuales y esporádicas, clara muestra del interés que oculta por hacerme invisible, porque señores y señoras, 14 años de trabajo no pueden borrarse de un plumazo, 14 años de dedicación y entrega al patrimonio histórico y arqueológico de nuestra localidad no puede tumbarlo ningún informe redactado en un despacho, por un individuo que desconoce completamente la realidad de la ciudad en la que ejerce, a mi juicio, sus mal entendidas funciones.

No voy a entrar en detalles de la sentencia judicial que me reconoce como personal laboral indefinido, porque entiendo que a estas alturas es de sobra conocida, estoy aquí para poner sobre la mesa el esperpento al que está conduciendo un informe de dudosa objetividad que nadie se atreve a cuestionar, y que en pos del bien público, decide que mi despido es la mejor solución, sin medir las consecuencias y el varapalo que estas desafortunadas decisiones suponen para el Ayuntamiento, para mi persona y para mi familia, tanto económicas como emocionales, porque a nadie le gusta leer en un informe, después de 14 años de dedicación, que su trabajo no es necesario y que se realiza de forma esporádica y puntual, sabiendo que la apuesta fuerte de este equipo de gobierno es el castillo, es la arqueología, es el patrimonio histórico, es el museo. Sabiendo que todo esto podría constituir uno de los principales motores de desarrollo económico de Aguilar de la Frontera y que sin embargo está siendo condenado y sacrificado por los intereses partidistas de un funcionario público que en lugar de velar por que se cumpla la ley, la manipula, malinterpreta y tergiversa para lograr sus objetivos personales.

Pero entremos en el informe en cuestión:

• En primer lugar se alega estar ejecutando una sentencia y maquillando mi readmisión cuando en realidad se está aprovechando un contrato temporal al que he accedido por proceso selectivo y que se celebró mucho antes que el juicio, a pesar de que la sentencia dice expresamente “…que el interés jurídico que debe subyacer en el ejercicio de la acción no ha desaparecido de manera sobrevenida por la posterior celebración del contrato de marzo de 2018”, lo cual viene a decir que el contrato vigente no debe considerarse como la readmisión de la trabajadora. Por lo que no hay readmisión, ni hay ejecución ya que tampoco se ha modificado mi condición de indefinida a la Seguridad Social, por lo que se me va a despedir en calidad de personal temporal. Y para justificarse realiza una maliciosa interpretación de la sentencia en la que nuevamente pone de manifiesto su clara intención de despedirme.
• Otra muestra flagrante de la mala intencionalidad que subyace en el informe se encuentra en el intento de minimizar mi relación laboral con esta casa, al argumentar que desde 2013 hasta 2017 solo estuve contratada 23 meses, casualmente los años en los que la situación generalizada de crisis paralizó todo el país y nuestra localidad no iba a ser menos, siendo mi puesto uno de los más afectados por los recortes, significa esto que me necesitaba menos el Ayuntamiento, en absoluto, significa que la precaria situación laboral a la que me han tenido sometida durante los últimos diez años, permitieron que el sistema no pudiese protegerme en esos duros tiempos que algunos vivimos con más intensidad que otros. ¿Por qué no habla de los cinco años anteriores? ¿Por qué no dice que durante los cinco primeros años estuve trabajando prácticamente a tiempo completo? ¿Por qué no dice que entre el año 2016 y el año 2017 se celebraron hasta tres contratos simultáneos de arqueólogo o similar, y todos los contratos que se han celebrado derivados de las necesidades para la ejecución del proyecto del museo (carpinteros, electricistas, arquitecto, diseñador gráfico, historiador, etc.). Pues porque tampoco interesa a sus fines personales, nuevamente manipulando la realidad, la información y el argumentario, para demostrar a toda costa que mi puesto no es necesario.
• Por otra parte se alega la falta de competencias en materia de arqueología, cuando la Ley de Régimen Local en su artículo 25a, del capítulo III que hace referencia a las competencias, recoge expresamente que una de las competencias del Ayuntamiento es la protección y gestión del Patrimonio Histórico, que también es arqueología, de hecho, cada día hay más ayuntamientos que cuentan en su área de urbanismo o de cultura, con la oficina de arqueología o con la figura del técnico de patrimonio, arqueólogo o similar, de hecho yo no solo soy arqueóloga, como he aclarado anteriormente, soy licenciada en historia con un máster en arqueología y patrimonio, por lo que mis competencias son muchas y muy amplias, porque hablar de que las funciones de una arqueóloga se limitan a realizar actividades arqueológicas preventivas o controles de movimientos de tierra, como dice el informe, es poco menos que decir que un secretario solo sirve para firmar certificados, y estamos viendo que son muchas cosas más las que sabe hacer. Que 14 años de intensa actividad continuada, camuflada con contratos fraudulentos, con la recuperación del cerro del castillo, con un taller de empleo de arqueología, con la coordinación las jornadas de fortificaciones medievales, con la publicación de monografías sobre la investigación arqueológica en Aguilar, con numerosas intervenciones en caso de expolio en el término municipal, con actuaciones arqueológicas de urgencia en obras públicas, con redacción de proyectos, con tramitación de subvenciones, con la redacción y puesta en marcha del proyecto del museo arqueológico local, con la asesoría técnica en diversos aspectos de la gestión y la protección de patrimonio histórico local…, ¿esto es a lo que el informe se refiere cuando habla de trabajos de carácter puntual y esporádico? ¿Esto es lo que se entiende por un trabajo extraño a las competencias locales? Yo entiendo mucho más extraño, que se salte a la torera un convenio colectivo que dicta que un ayuntamiento debe velar por la consolidación de los puestos de trabajo de sus trabajadores laborales, y en el peor de los casos, en la reubicación en caso de extinción del puesto de trabajo, y sin embargo se entretienen en buscar las triquiñuelas para despedir sin contemplaciones, eso sí que es extraño, impropio y me atrevería a decir que incluso inmoral. 
• ¿Y los proyectos que están por venir? ¿Por qué no se habla de ellos en el informe? la excavación de las laderas del cerro del castillo, la recuperación de los tapiales, el PFEA 2018 del que se acaba de hablar en este pleno, las próximas jornadas de fortificaciones medievales, y la puesta en marcha del museo arqueológico. ¿Siguen pensando que nos encontramos ante trabajos puntuales y esporádicos? ¿En serio siguen pensando que no es necesario el puesto? ¿Cómo pretenden acometer entonces todas estas actividades? ¿Reincidiendo en el mismo delito por el que ya han sido condenados una vez, o paralizándolo todo con tal de echarme a toda costa? ¿Y el PFEA 2017 que aún no ha terminado? ¿Saben que no podrá terminarse porque consideran que ya no me necesitan? Y por cierto, no intenten sacar ofertas de empleo maquilladas para evitar mi contratación, porque ya les pasó una vez y solo consiguieron tener paralizadas las obras del castillo y pagar un sueldo durante seis meses a una persona que no podía desempeñar las funciones para las que había sido contratada por no estar cualificada.
• Y lo más irónico, acogerse al artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, cuando precisamente el ayuntamiento ha sido condenado por utilizar contratos sin dotación económica estable y de carácter finalista, estando celebrados en fraude de ley.

Señoras y señores, contratada desde 2008 en fraude de ley, despedida en fraude de ley y pretenden realizar nuevas contrataciones en fraude de ley, un caso de manual de los que deberían estudiar en las Facultades de Derecho, y todo orquestado e hilado por los que deberían ser defensores a ultranza de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la ley. Esto recuerda más a épocas pasadas de regímenes autoritarios donde los sindicatos brillaban por su ausencia, que a tiempos democráticos donde priman los derechos fundamentales y el estado de derecho.

Como podrán comprobar, este informe hace aguas por todas partes y pone en evidencia un claro interés por eclipsar y menospreciar a una trabajadora de esta casa, por minimizarla y ningunearla hasta el extremo de despedirla sin ningún pudor. Este informe arrastra al Ayuntamiento a un nuevo proceso judicial que puede salirle bien, pero también puede salirle mal, y si le sale mal, podría salir muy mal, podría ser que un juez vea en todo esto presuntas represalias a la trabajadora por haber denunciado, podría ser que vean presunto desacato a la autoridad por presunto incumplimiento de una sentencia judicial, podría ser que vean presunto abuso de poder, y entonces, tendrán que responder, y quizás mi despido suponga un perjuicio económico mucho mayor que mi incorporación. Pero eso ni siquiera se lo han planteado.

Si no estaban de acuerdo con la sentencia, ¿por qué no la recurrieron? Pues se lo voy a decir yo, porque si la hubiesen recurrido no hubiesen podido despedirme, tendrían que haberme mantenido en plantilla hasta que se hubiese celebrado el nuevo juicio, lo que pone de manifiesto nuevamente que han actuado con premeditación y alevosía, que tenían muy claro que iban a despedirme de todas formas y fuese como fuese.

¿Por qué todo este esperpento? ¿Por qué esta obcecación por despedirme cuando en otros casos similares con otros compañeros se ha acatado la sentencia y se les ha readmitido con total normalidad? No se dan cuenta de que suena casi obsceno: “Acatamos la sentencia, readmitimos a la trabajadora y seguidamente procedemos a su despido”.

Volveremos a vernos en los tribunales, y si una nueva sentencia judicial vuelve a darme la razón, deberían exigirse responsabilidades a quien está provocando toda esta situación, más propia del guión de una película de serie de B, que del comportamiento ejemplar que deberían estar dando por el puesto que ocupan al que están demostrando no tener ningún respeto, y que escondidos tras la defensa del erario público, no les tiembla la mano en arriesgarlo, parafraseando el apartado 8 de las conclusiones de su informe técnico, amén de suponer un evidente perjuicio económico al Ayuntamiento y todo lo que viene detrás.

Nuevo capítulo en referencia al Parque Agroalimentario, y en esta ocasión ha sido Unidad Popular de Aguilar la que ha tomado la palabra. Después de una reunión mantenida el pasado 14 de junio, en la que estuvieron presentes todos los grupos políticos de la oposición y el equipo de Gobierno, además Francisco Juan Martín, presidente del Parque Agroalimentario, y Carmen Pérez, gerente del Grupo 5 de Diputación, el concejal Miguel Pérez ha declarado en rueda de prensa que "en esta reunión se explicaron las líneas generales sobre PASUR, o lo que Diputación y Grupo 5 tenían entendido que había que hacer con PASUR, y eso es lo que vamos a explicar a los aguilarenses. En esta última ampliación de capital que se hizo efectiva el día 15, la Universidad de Córdoba amplío capital por valor de 1.000 euros, Diputación 5.000, Ayuntamiento 75.000 y Junta de Andalucía 76.000 euros. El Ayuntamiento solo tenía en presupuestos 65.000 euros, y han tenido que hacer una modificación presupuestaria un mes después de aprobar los presupuestos". 

Cabe resaltar que esas ampliaciones van a servir para liquidar la deuda del Parque, a excepción, según ha remarcado el concejal, del "préstamo de Reindus que hay que devolverlo con un cantidad de 30.000 durante 10 años, que este caso ya serían 7". Además, el portavoz de UPOA ha reseñado que "se quiere rediseñar el proyecto, reconvertirlo. Todo suena un poco a que la Junta ya no apuesta tanto por el Parque Agroalimentario. Ya perdimos la calificación de tecno, ahora vamos a perder la de agro, y al final lo que va a ser es un polígono industrial para pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que se nos plantea". 

De hecho, Pérez ha afirmado que la propia alcaldesa María José Ayuso le dijo en la mencionada reunión "que eso era lo que querían hacer con el Parque. La Junta ya no da más dinero. Hay que recordar a los aguilarenses que tenemos dos polígonos industriales importantes y la mitad están vacíos. Lo que iba a ser el futuro de la comarca, eso se reduce a un polígono más". 

Por último, el concejal ha detallado que "se sanean las cuentas del Parque, pero el préstamo no. Suponemos que lo tendrán que pagar en proporción los socios, con lo cual la mayor parte le corresponderá al Ayuntamiento de Aguilar, y por tanto a los vecinos y vecinas de la localidad", para terminar dirigiéndose a éstos, a los que ha indicado que "dejen de engañarse. En el equipo de Gobierno no son capaces de gestionar algo tan importante para el pueblo, pero sí son capaces de gestionar la precampaña electoral. Vender que van a rediseñar el Parque. Se han invertido cuatro millones de euros para nada". 

Unidad Popular de Aguilar se ha unido a la polémica surgida en torno al despido de una trabajadora del Ayuntamiento, sobre la cual una sentencia judicial ha decretado que debe ser indemnizada y readmitida en su puesto de trabajo. En este sentido, Miguel Pérez García, en nombre del grupo municipal, ha declarado que dicha persona "ha sido despedida, a pesar de tener en su poder una sentencia judicial que la hace indefinida, no fija. Esa sentencia es favorable, lo que sí queremos denunciar desde UPOA es la arbitrariedad con la que el equipo de Gobierno y el PSOE toma estas decisiones, porque cuando hay una sentencia judicial lo que se debería hacer es reubicarla, antes de despedirla, hasta amortizar su plaza, o consolidar su puesto de trabajo". 

Además, el concejal ha explicado que "queremos denunciar también que por qué con esta trabajadora no, y con otros sí. Hay un montón de sentencias de trabajadores que han denunciado al Ayuntamiento, que el juzgado de lo social les ha dado la razón y los han reubicado o han consolidado su puesto de trabajo. Si eres mío sí tienes cabida, si no eres mío no. Hay que tomarse las sentencias judiciales con más rigor", para puntualizar que "la alcaldesa se toma la justicia por su mano y contradice una sentencia judicial".

Finalmente, Pérez ha apostillado su intervención exponiendo que "hasta ahora mismo, el Ayuntamiento ha indemnizado, no a la trabajadora, sino en todo el proceso de pleitos, con más de 12.000 euros. Ella va a seguir denunciando hasta donde cree que es su derecho, y no sabemos hasta donde se puede llegar con las indemnizaciones. Es muy fácil despedir a un trabajador e indemnizarlo con dinero público. Las malas decisiones las pagamos todos".

El diputado provincial Maximiano Izquierdo, coordinador del Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras, se desplazó este martes hasta Aguilar para determinar el estado de las obras que se han realizado y que se están llevando a cabo en la actualidad. "Para mí es un placer encontrarme en Aguilar para ver las obras que en breve concluirán. Es una segunda fase que tradicionalmente se padecía en este pueblo. Estamos preparados en todos nuestros pueblos y ciudades para el agua habitual, pero no para casos puntuales que inundan nuestras poblaciones", argumentó en primer lugar Izquierdo. 

Asimismo, el diputado dio las gracias a "Mateo Navajas, el ingeniero jefe, que ha redactado los dos proyectos y es el responsable que de que todo vaya bien", puntualizando además que "lo que llevamos soterrado, que tal vez no se vea, es un marco de hormigón prefabricado de unas dimensiones importantes para que al final se pueda colmatar todo el agua que baja de los arroyos y también de la población, y conducirla en estos dos tramos y evacuar adecuadamente. Esta segunda fase tiene una cuantía económica de unos 360.000 euros y no solamente es la conducción, sino que al final es la pavimentación, los servicios aledaños que tiene, para que esta avenida se quede adecuadamente. Pero sobre todo para la tranquilidad que siempre debió operar en Aguilar". 

Por su parte, Jesús Encabo, concejal de Obras y Servicios, agradeció igualmente "al diputado Maxi y al arquitecto Mateo Navajas, porque la verdad que de un proyecto que en la primera fase se nos dio en la anterior legislatura como inviable, en cuestión de un mes el trabajo de ambos desbloqueó los planes de la anterior legislatura. En el equipo de Gobierno siempre hemos apostado por la seguridad y por solucionar los problemas, que en aquel 2010 afectaron mucho a Aguilar. Por supuesto que queda mucho por hacer".

Por último, Encabo apostillo diciendo que "hemos hecho una gran inversión. Lo que se ve es lo de menos, lo importante es lo que hay debajo, que es un marco de 3x2, donde abastece agua y soluciona los problemas de la Avenida Antonio Sánchez y de la urbanización El Tejar donde sabéis que hubo una urbanización que se inundó en varias ocasiones, y que gracias a estas obras pueden dormir los vecinos más tranquilamente". 

La polémica surgida en torno a la presunta contratación ilícita de casi 100 personas vinculadas al PSOE efectuada por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desde su creación en el año 2003 hasta su disolución, por integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el año 2011, y denunciada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, ha sumado un nuevo capítulo en Aguilar, ya que en esa lista aparece el nombre de José Antonio Montesinos Rosa, concejal y portavoz del Ayuntamiento. Después de que prácticamente todas las formaciones locales exigieran explicaciones en el pasado pleno, Montesinos declaró que su nombre aparece sólo “por ser trabajador y tener el carnet socialista. Es racismo político. Yo estoy tranquilo porque he participado en un proceso acorde con la ley".

Cabe recordar que el sindicato considera que las contrataciones de estas personas se habían realizado "sin procedimiento alguno y sin que mediara convocatoria previa publicada”, explicando además que en tales contrataciones "se obviaron los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad”.

En este sentido, UPOA ha emitido un comunicado en el que pide al concejal que muestre el documento donde aparece la convocatoria de su plaza. “José Antonio Montesinos Rosa sólo tiene que hacer público el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) dónde se publicó el procedimiento de selección y la convocatoria pública abierta a todos los andaluces de la plaza que ocupa en el SAE”, afirma el grupo político, al tiempo que subraya que “el pueblo de Aguilar se merece que, quién ocupa un cargo público en el Ayuntamiento, dé con total transparencia todas las aclaraciones posibles”.

Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha vuelto a denunciar la situación que están viviendo, debido a las obras, los vecinos del Camino Ancho y viviendas colindantes. Tras emitir hace unas semanas un comunicado en el expresaban el malestar de dichos ciudadanos, ahora el grupo municipal afirma que “no se ha dado ningún plan alternativo de aparcamiento, excepto el de que los vecinos lleven el coche al despeñadero del tejar, solución improvisada e insegura”. 

Asimismo, UPOA ha recordado varias de las consideraciones que los afectados trasladaron a Jesús Encabo, concejal de Obras y Servicios, en la reunión que mantuvieron el pasado 5 de junio, tales como “el engaño en la ejecución de la obra en 3 tramos, la falta de seguridad y de previsión ante cualquier emergencia o el gran problema de tráfico originado en la zona”.

De esta forma, el grupo local denuncia “que, con toda seguridad, la obra, que debería de terminar el 30 de junio, se ampliará por un tiempo mucho más amplio”, resaltando además que “ya veremos que coste tiene para el Ayuntamiento”, al tiempo que apostilla subrayando que animan “a los vecinos afectados a organizarse y movilizarse en defensa de sus derechos e intereses”.