Unidad Popular de Aguilar se ha unido a la polémica surgida en torno al despido de una trabajadora del Ayuntamiento, sobre la cual una sentencia judicial ha decretado que debe ser indemnizada y readmitida en su puesto de trabajo. En este sentido, Miguel Pérez García, en nombre del grupo municipal, ha declarado que dicha persona "ha sido despedida, a pesar de tener en su poder una sentencia judicial que la hace indefinida, no fija. Esa sentencia es favorable, lo que sí queremos denunciar desde UPOA es la arbitrariedad con la que el equipo de Gobierno y el PSOE toma estas decisiones, porque cuando hay una sentencia judicial lo que se debería hacer es reubicarla, antes de despedirla, hasta amortizar su plaza, o consolidar su puesto de trabajo". 

Además, el concejal ha explicado que "queremos denunciar también que por qué con esta trabajadora no, y con otros sí. Hay un montón de sentencias de trabajadores que han denunciado al Ayuntamiento, que el juzgado de lo social les ha dado la razón y los han reubicado o han consolidado su puesto de trabajo. Si eres mío sí tienes cabida, si no eres mío no. Hay que tomarse las sentencias judiciales con más rigor", para puntualizar que "la alcaldesa se toma la justicia por su mano y contradice una sentencia judicial".

Finalmente, Pérez ha apostillado su intervención exponiendo que "hasta ahora mismo, el Ayuntamiento ha indemnizado, no a la trabajadora, sino en todo el proceso de pleitos, con más de 12.000 euros. Ella va a seguir denunciando hasta donde cree que es su derecho, y no sabemos hasta donde se puede llegar con las indemnizaciones. Es muy fácil despedir a un trabajador e indemnizarlo con dinero público. Las malas decisiones las pagamos todos".

El diputado provincial Maximiano Izquierdo, coordinador del Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras, se desplazó este martes hasta Aguilar para determinar el estado de las obras que se han realizado y que se están llevando a cabo en la actualidad. "Para mí es un placer encontrarme en Aguilar para ver las obras que en breve concluirán. Es una segunda fase que tradicionalmente se padecía en este pueblo. Estamos preparados en todos nuestros pueblos y ciudades para el agua habitual, pero no para casos puntuales que inundan nuestras poblaciones", argumentó en primer lugar Izquierdo. 

Asimismo, el diputado dio las gracias a "Mateo Navajas, el ingeniero jefe, que ha redactado los dos proyectos y es el responsable que de que todo vaya bien", puntualizando además que "lo que llevamos soterrado, que tal vez no se vea, es un marco de hormigón prefabricado de unas dimensiones importantes para que al final se pueda colmatar todo el agua que baja de los arroyos y también de la población, y conducirla en estos dos tramos y evacuar adecuadamente. Esta segunda fase tiene una cuantía económica de unos 360.000 euros y no solamente es la conducción, sino que al final es la pavimentación, los servicios aledaños que tiene, para que esta avenida se quede adecuadamente. Pero sobre todo para la tranquilidad que siempre debió operar en Aguilar". 

Por su parte, Jesús Encabo, concejal de Obras y Servicios, agradeció igualmente "al diputado Maxi y al arquitecto Mateo Navajas, porque la verdad que de un proyecto que en la primera fase se nos dio en la anterior legislatura como inviable, en cuestión de un mes el trabajo de ambos desbloqueó los planes de la anterior legislatura. En el equipo de Gobierno siempre hemos apostado por la seguridad y por solucionar los problemas, que en aquel 2010 afectaron mucho a Aguilar. Por supuesto que queda mucho por hacer".

Por último, Encabo apostillo diciendo que "hemos hecho una gran inversión. Lo que se ve es lo de menos, lo importante es lo que hay debajo, que es un marco de 3x2, donde abastece agua y soluciona los problemas de la Avenida Antonio Sánchez y de la urbanización El Tejar donde sabéis que hubo una urbanización que se inundó en varias ocasiones, y que gracias a estas obras pueden dormir los vecinos más tranquilamente". 

La polémica surgida en torno a la presunta contratación ilícita de casi 100 personas vinculadas al PSOE efectuada por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desde su creación en el año 2003 hasta su disolución, por integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el año 2011, y denunciada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, ha sumado un nuevo capítulo en Aguilar, ya que en esa lista aparece el nombre de José Antonio Montesinos Rosa, concejal y portavoz del Ayuntamiento. Después de que prácticamente todas las formaciones locales exigieran explicaciones en el pasado pleno, Montesinos declaró que su nombre aparece sólo “por ser trabajador y tener el carnet socialista. Es racismo político. Yo estoy tranquilo porque he participado en un proceso acorde con la ley".

Cabe recordar que el sindicato considera que las contrataciones de estas personas se habían realizado "sin procedimiento alguno y sin que mediara convocatoria previa publicada”, explicando además que en tales contrataciones "se obviaron los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad”.

En este sentido, UPOA ha emitido un comunicado en el que pide al concejal que muestre el documento donde aparece la convocatoria de su plaza. “José Antonio Montesinos Rosa sólo tiene que hacer público el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) dónde se publicó el procedimiento de selección y la convocatoria pública abierta a todos los andaluces de la plaza que ocupa en el SAE”, afirma el grupo político, al tiempo que subraya que “el pueblo de Aguilar se merece que, quién ocupa un cargo público en el Ayuntamiento, dé con total transparencia todas las aclaraciones posibles”.

Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha vuelto a denunciar la situación que están viviendo, debido a las obras, los vecinos del Camino Ancho y viviendas colindantes. Tras emitir hace unas semanas un comunicado en el expresaban el malestar de dichos ciudadanos, ahora el grupo municipal afirma que “no se ha dado ningún plan alternativo de aparcamiento, excepto el de que los vecinos lleven el coche al despeñadero del tejar, solución improvisada e insegura”. 

Asimismo, UPOA ha recordado varias de las consideraciones que los afectados trasladaron a Jesús Encabo, concejal de Obras y Servicios, en la reunión que mantuvieron el pasado 5 de junio, tales como “el engaño en la ejecución de la obra en 3 tramos, la falta de seguridad y de previsión ante cualquier emergencia o el gran problema de tráfico originado en la zona”.

De esta forma, el grupo local denuncia “que, con toda seguridad, la obra, que debería de terminar el 30 de junio, se ampliará por un tiempo mucho más amplio”, resaltando además que “ya veremos que coste tiene para el Ayuntamiento”, al tiempo que apostilla subrayando que animan “a los vecinos afectados a organizarse y movilizarse en defensa de sus derechos e intereses”. 

La alcaldesa María José Ayuso ha presentado a Manuel Carmona, delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, una propuesta para "darle un nuevo uso al Mercado de Abastos, que es una de las cosas que teníamos pendientes y queremos relanzarlo ahora". 

En este sentido, el representante territorial ha puntualizado que "venimos a conocer de primera mano ese proyecto, conscientes de la importancia que tienen los mercados en los núcleos urbanos de nuestros pueblos y, evidentemente, desde la Consejería de Comercio intentaremos estar ahí echando una mano en lo que podamos. Hay una verdadera estrategia de la Consejería para los Mercados de Abastos en lo que se refiere actualmente a ese esfuerzo de digitalización. Tenemos que actualizarnos". 

Carmona ha señalado que "los mercados tienen que reinventarse, tienen que ganar posiciones de futuro, y para eso tenemos que estar abiertos a la implantación de nuevas tecnologías, a la concienciación de las propias empresas y autónomos que hay en esa actividad, facilitándole que puedan competir en régimen de una mínima capacidad con las nuevas formas de mercado", detallando también que de lo que se trata "es ver qué planteáis, escuchar, y a partir de ahí, si nos podemos remangar y trabajar juntos pues mejor". 

Además, el delegado ha remarcado que "son espacios que no es cuestión solamente de Aguilar, sino también de muchos de nuestros municipios, ya que son espacios que hay que revitalizar y hacer un esfuerzo. Y ahí la iniciativa del Ayuntamiento es admirable, porque es consciente de la importancia que tiene. Para nosotros, en la competencia de comercio, en la media que el Mercado de Abastos recupere actividad, que la consolide y que no se convierta en un espacio cerrado que no tiene actividad".

Finalmente, ha apostillado puntualizando que "normalmente tienen una tipología de negocio que trabaja muy bien la relación con la clientela, con la calidad, con la relación directa y, por tanto, esas potencialidades las tenemos que complementar con todo aquello que les permita ganar competitividad". 

El Ayuntamiento de Aguilar ha informado de la apertura del plazo de presentación de solicitudes para el comedor social municipal de verano y navidad 2018. El servicio cuenta con una capacidad máxima de 30 plazas y, según el consistorio, “consiste en facilitar a los usuarios tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) de lunes a domingo (festivos incluidos), las cuales se servirán entre las 13:00 y las 14:30”. 

Respecto a los destinatarios, únicamente podrán participar en el proceso de selección aquellos usuarios que cumplan los siguientes requisitos: menores cuya edad esté comprendida entre los 3 y los 6 años, que pertenezcan a familias en situación de riesgo de exclusión social y se encuentren empadronados en Aguilar al menos desde el 30 de mayo de 2017.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes durante un plazo de 8 días naturales, desde el viernes 1 de junio hasta el día 8 del mismo mes, en el registro de entrada del Ayuntamiento con la firma del padre, madre o tutor. Además, se deberá adjuntar la documentación prevista en el artículo 10 de la Ordenanza. En todo caso, tendrán que adjuntarse los documentos previstos en los números 1, 2 y 3 del artículo 10. 

Finalmente, el proceso de selección se realizará mediante el procedimiento de urgencia regulado en los artículos 17 y siguientes de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Comedor Social Municipal. 

La polémica surgida en torno a la denuncia puesta ante el juzgado por parte del Sindicato Andaluz de Funcionarios, de una lista con 100 nombres vinculados al PSOE y contratados supuestamente de forma ilícita por la FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación para el Empleo), en la que se encuentra el portavoz y concejal socialista José Antonio Montesinos Rosa, fue uno de los momentos con mayor controversia del pleno celebrado el jueves 31 de mayo. Varios grupos locales habían pedido explicaciones al portavoz municipal, aunque fue en el turno de ruegos y preguntas cuando el asunto fue puesto en cuestión. “Quiero que nos explique la noticia sobre las contrataciones realizadas por la Junta de Andalucía”, argumentó en primer lugar Ascensión Pérez, concejala y portavoz del Partido Popular. 

En este sentido, Montesinos explicó que se trata de “una nota de prensa enviada por un sindicato. Este listado lo hicieron hace 7 u 8 años. Solo aparece mi nombre por tener el carnet socialista. Esto es racismo político”. Sin embargo, no quedó ahí la controversia, ya que Josefína Avilés, en representación de Izquierda Unida, volvió a poner el tema sobre la mesa detallando que “según lo que dice la noticia, usted fue contratado obviando los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Por eso está en la lista, no por tener el carnet socialista”. Por su parte, Antonio Zurera, de UPOA, hizo hincapié en que el “asunto no quedará aquí. Seguro que volveremos a hablar de esto pronto”. 

Finalmente, el concejal zanjó la cuestión argumentando que “salgo en ese listado por ser trabajador en ese momento de la Fundación y ser socialista. La presunción de inocencia está ahí. Estoy tranquilo, ya que he participado en un proceso acorde con la ley”. 

Josefa Vioque, delegada de la Junta de Andalucía de Fomento y Vivienda en Córdoba, se dio cita este martes en el Ayuntamiento de Aguilar para hablar y explicar a los vecinos de la localidad el proyecto de adecuación funcional básica del Plan de Vivienda y Rehabilitación de la Junta 2016/2020. En este sentido, Vioque expuso que "la Junta de Andalucía, en esta convocatoria, hace una inversión de unos 2 millones de euros, con lo cual nosotros intentamos que alrededor de unas 1.500 familias sean beneficiarias, sobre todo siendo destinado al colectivo de mayores de 65 años y familias con algún miembro con discapacidad". 

"Como su nombre indica, el programa viene para adecuar la viviendas y que sean más habitables para nuestros mayores. Dentro de las obras que se pueden hacer están los cambios de bañeras por platos de ducha, pasamanos en los pasillos o cualquier otra barrera arquitectónica que tengamos dentro de nuestros municipios, y que con la población envejecida que tienen nuestros pueblos, y contando con que su nivel adquisitivo también es bajo, pues tratamos de ayudarles desde la Junta de Andalucía a que puedan vivir más cómodamente", explicó la delegada territorial. 

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 10 de julio y pueden presentarse proyectos de un máximo de 2.000 euros, de los que se subvencionará un total de 1.400. "Es un programa bastante ambicioso, que viene a paliar esas dificultades que existen en nuestras viviendas y nosotros estamos convencidos de que ayuntamientos como el de Aguilar de la Frontera, a través de sus Servicios Sociales, nos van a ayudar a canalizar todas estas ayudas. Nosotros intentaremos resolver los trámites para finales de año, y todo apunta a que sobre el primer mes de 2019, estos vecinos que ya tengan su ayuda concedida dispongan de ese dinero, y a partir de ahí, que en un periodo de 5 o 6 meses tengan su obra hecha y justificada", apostilló. 

Al igual que ya hicieran otros partidos como UPOA, Izquierda Unida también ha pedido explicaciones al concejal José Antonio Montesinos sobre su contratación en la Junta de Andalucía. A través un escrito presentado en la mañana de este lunes en el registro de entrada del Ayuntamiento, el grupo de concejales de IU pide que se incluya un punto en el orden del día del próximo pleno para aclarar la situación. "Ante la noticia aparecida en prensa el pasado 24 de mayo, en la que se daba a conocer la denuncia puesta ante el juzgado por parte del Sindicato Andaluz de Funcionarios, de una lista con 100 nombres vinculados al PSOE y contratados de forma ilícita por la FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación para el Empleo), en la que se encuentra el portavoz y concejal socialista José Antonio Montesinos Rosa. Según la noticia, éste fue contratado obviando los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad", ha declarado Josefina Avilés, concejala de Izquierda Unida, en una rueda de prensa. 

"Desde IU entendemos que hay una razón más que evidente, y como hemos pedido por escrito, para que se introduzca un punto en el orden del día del pleno más próximo para que esta persona, José Antonio Montesinos, comparezca y aclare que hay de cierto o no en esa noticia, y en su caso, de qué manera fue contratado en esa Fundación que ahora está integrada en el Servicio Andaluz de Empleo", ha continuado la portavoz. Asimismo, Avilés ha puntualizado en que "de no dar unas explicaciones convincentes exigiremos su inmediata dimisión. No podemos permitir que un concejal, y además portavoz, esté en una lista de enchufados en la Junta, con una denuncia firme, cuando recientemente se ha creado una comisión de investigación a petición de los grupos de la oposición, para esclarecer los contratos en el Ayuntamiento de Aguilar, en los programas de Emplea Joven y +30, en los cuales él también ha estado como portavoz". 

Finalmente, el grupo municipal ha apostillado su intervención declarando que exigen "conocer la veracidad de estos hechos. Un cargo público tiene que ser ejemplarizante. La dignidad y la decencia política tienen que estar por encima de todo. Repito que exigimos la intervencion de José Antonio Montesinos, y de no ser así quedará más que reprobado que los socialistas de Aguilar trabajan por sus intereses y no por los intereses de Aguilar". 

Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha emitido un comunicado en referencia a la noticia difundida la semana pasada por varios medios de comunicación sobre la figura de José Antonio Montesinos, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aguilar, el cual afirman “ha sido llevado ante  el juez” por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, junto a 84 personas más vinculadas a la corporación socialista, que fueron presuntamente “enchufados" en la polémica FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación para el Empleo) de la Junta de Andalucía. 

En este sentido, UPOA declara que “la denuncia ya hecha pública, y que está en nuestro poder y en los medios de comunicación, precisa que estos empleados lograron su plaza en la administración «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación»”. 

Además, la corporación municipal puntualiza que el sindicato no descarta que “el número de enchufados pueda ser «notablemente superior»”, haciendo hincapié en la información emitida por El Mundo, la cual explica que “un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la FAFFE revela que han encontrado unos 200 empleados vinculados al PSOE en esta Fundación de la Junta, si bien el informe no enumera nombres y apellidos”. Por su parte, para el Sindicato Andaluz de Funcionarios, estas contrataciones “podrían ser constitutivas de presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias”. 

El comunicado añade además que la denuncia recoge que la “Fundación para formar parados de la Junta «prescindió del procedimiento legalmente establecido», ya que estos fichajes se hicieron «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad»”. 

La FAFFE fue creada en enero de 2003, durante la etapa de José Antonio Viera como consejero de Empleo, el cual ha sido enjuiciado por el caso de los ERES. Pese a la desaparición de la Fundación, todos los trabajadores quedaron integrados en el SAE a partir de mayo de 2011, tal y como subraya El Mundo. Pasó de tener una plantilla de 120 empleados a 1.700.

De esta forma, UPOA resalta que, “aunque esta información se conocía desde 2012, ya que lo habían hecho público varios medios de comunicación, y en la que siempre aparecía José Antonio Montesinos Rosa como presunto enchufado en el SAE, hasta ahora no se había puesto denuncia alguna ante el juez”.

Así, el grupo local argumenta que “esta importante información repercute en el Ayuntamiento de Aguilar y en el equipo de Gobierno del PSOE. Un cargo público debe ser un ejemplo a seguir”, por lo que exigen al concejal “dar inmediatamente explicaciones públicas, desmentir, aclarar o hacer las declaraciones que crea oportunas al respecto. Tiene que dejar bien claro que no tiene nada que ver con las  presuntas contrataciones irregulares denunciadas por el SAF y la prensa, en las que siempre aparece su nombre”.