El Grupo ADL, empresa afincada en Aguilar de la Frontera y dedicada al sector de la Ayuda a Domicilio, con numerosas licitaciones públicas con ayuntamientos en Andalucía, entró en concurso de acreedores por supuesta falta de liquidez, dejando tras de sí una grave crisis para los ayuntamientos, trabajadoras y usuarios.
Para UGT, esta situación deja a los trabajadores/as y a los usuarios en una situación de incertidumbre preocupante. Así, en la provincia de Córdoba quedan afectados los contratos públicos de los Servicios de Ayuda a Domicilio de los ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Fernán Nuñez, Montemayor, Peñarroya-Pueblonuevo y Villaharta. Además, se desconocen las actuaciones o decisiones que van a tomar los ayuntamientos afectados con ADL Sociedad Cooperativa Andaluza. Por ello, UGT pide celeridad en la toma de medidas por la importancia de este servicio y su repercusión para los ciudadanos.
Asimismo, el sindicato se sorprende de “la falta de solvencia económica de esta empresa, sobre todo, porque es habitual el incumplimiento del convenio colectivo en todos los contratos que tiene en la provincia de Córdoba, lo que supone un ahorro en los costes salariales, o dicho de otra forma, beneficios empresariales a costa de no cumplir el convenio colectivo”. Tras esta crisis, desde UGT plantean el grave problema o riesgo de dar contratos públicos a empresas insolventes y que no cumplen con lo firmado en los pliegos de cláusulas particulares y administrativas con los ayuntamientos.
En este sentido, es preocupante la situación en la que quedan los usuarios de la Ayuda a Domicilio de estas localidades y, sobre todo, el estado del pago de las nóminas a los trabajadores en tiempo y forma. Por ejemplo, en Fernán Núñez, a fecha de hoy, no se ha abonado la nómina a, al menos, 30 trabajadoras.
Por todo esto, UGT sigue insistiendo en la necesidad de que los entes locales estudien a las empresas con las que contratan los servicios, al mismo tiempo que vigilen el cumplimiento de lo firmado con ellas. Además, las administraciones no pueden convertir las licitaciones en subastas, puesto que la bajada de las cuantías repercuten en el servicio de poca calidad que se presta a los ciudadanos, así como en la precariedad de los contratos de trabajo.
Según UGT, la mejor forma de ejecutar los servicios de ayuda a domicilio es bajo el paraguas de lo público, a través de la gestión directa y de la municipalización de este servicio esencial. Cabe recordar que UGT ya denunció las licitaciones de Aguilar de la Frontera y La Carlota por estar por debajo de los costes salariales reales, y aseguran que “seguirán denunciando todas aquellas licitaciones que supongan una subasta y estén por debajo de los 14.60 €/hora, IVA incluido, sin contar los costes indirectos y el porcentaje de beneficios empresariales.
