Alfonso Redondo, secretario de la sección sindical de UGT en la delegación territorial de Educación en Córdoba, ha encabezado una concentración a las puertas del IES Vicente Núñez para “demandar que desde el gobierno andaluz se cubran todas las vacantes, que desde hace meses no se han cubierto en este centro y que resultan imprescindibles para dar un servicio público de calidad”.

“Estamos hablando de dos ordenanzas de una plantilla de tres. Se trata de un instituto con cerca de 650 alumnos y unos 70 profesores. Todo esto lo gestiona una única persona, que además tiene que encargarse de dos centros. Por si esto fuera poco, en el turno de tarde no hay nadie que pueda atender las puertas y son los propios profesores quienes tienen que hacerlo, o cumplir con cualquier necesidad que son funciones de los ordenanzas. En cuanto a secretaría, sólo se cuenta con una única monitora escolar durante tres días a la semana, el resto de días no se puede gestionar ninguna documentación”, ha recalcado Redondo.

Posteriormente, el secretario de la sección sindical de UGT en la delegación de Educación ha explicado que “el equipo directivo del centro y la única ordenanza tienen que aguantar una sobrecarga de trabajo. No es propio que en una plantilla donde la relación de puestos de trabajo dice que debería haber dos auxiliares administrativos, no haya ninguno, y sólo un ordenanza de los tres con los que debería tener. Esta situación es insostenible”.

“En los presupuestos generales de la Junta de Andalucía hay dinero para que se cubran inmediatamente las plazas de las personas que se jubilan. Esta misma situación se da en otros lugares. Parece que no importa el personal laboral que tiene que encargarse de muchos trabajos en los centros educativos”, ha expresado Redondo.

Desde UGT han destacado que “en el año más difícil es cuando más necesidad hay de que las plantillas estuvieran al completo para cumplir con todos los protocolos de sanidad y, sin embargo, es cuando menos se está invirtiendo en personal. No se han cubierto las plazas de los trabajadores que se han ido jubilando durante este curso”.

El Grupo ADL, empresa afincada en Aguilar de la Frontera y dedicada al sector de la Ayuda a Domicilio, con numerosas licitaciones públicas con ayuntamientos en Andalucía, entró en concurso de acreedores por supuesta falta de liquidez, dejando tras de sí una grave crisis para los ayuntamientos, trabajadoras y usuarios.

Para UGT, esta situación deja a los trabajadores/as y a los usuarios en una situación de incertidumbre preocupante. Así, en la provincia de Córdoba quedan afectados los contratos públicos de los Servicios de Ayuda a Domicilio de los ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Fernán Nuñez, Montemayor, Peñarroya-Pueblonuevo y Villaharta. Además, se desconocen las actuaciones o decisiones que van a tomar los ayuntamientos afectados con ADL Sociedad Cooperativa Andaluza. Por ello, UGT pide celeridad en la toma de medidas por la importancia de este servicio y su repercusión para los ciudadanos.

Asimismo, el sindicato se sorprende de “la falta de solvencia económica de esta empresa, sobre todo, porque es habitual el incumplimiento del convenio colectivo en todos los contratos que tiene en la provincia de Córdoba, lo que supone un ahorro en los costes salariales, o dicho de otra forma, beneficios empresariales a costa de no cumplir el convenio colectivo”. Tras esta crisis, desde UGT plantean el grave problema o riesgo de dar contratos públicos a empresas insolventes y que no cumplen con lo firmado en los pliegos de cláusulas particulares y administrativas con los ayuntamientos.

En este sentido, es preocupante la situación en la que quedan los usuarios de la Ayuda a Domicilio de estas localidades y, sobre todo, el estado del pago de las nóminas a los trabajadores en tiempo y forma. Por ejemplo, en Fernán Núñez, a fecha de hoy, no se ha abonado la nómina a, al menos, 30 trabajadoras.

Por todo esto, UGT sigue insistiendo en la necesidad de que los entes locales estudien a las empresas con las que contratan los servicios, al mismo tiempo que vigilen el cumplimiento de lo firmado con ellas. Además, las administraciones no pueden convertir las licitaciones en subastas, puesto que la bajada de las cuantías repercuten en el servicio de poca calidad que se presta a los ciudadanos, así como en la precariedad de los contratos de trabajo.

Según UGT, la mejor forma de ejecutar los servicios de ayuda a domicilio es bajo el paraguas de lo público, a través de la gestión directa y de la municipalización de este servicio esencial. Cabe recordar que UGT ya denunció las licitaciones de Aguilar de la Frontera y La Carlota por estar por debajo de los costes salariales reales, y aseguran que “seguirán denunciando todas aquellas licitaciones que supongan una subasta y estén por debajo de los 14.60 €/hora, IVA incluido, sin contar los costes indirectos y el porcentaje de beneficios empresariales.