La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha rubricado los convenios de colaboración con 69 ayuntamientos de la provincia -menores de 20.000 habitantes- por valor de más de 65,3 millones de euros, un 8,8 por ciento más que el ejercicio anterior, para garantizar la prestación del servicio provincial de ayuda a domicilio del que se beneficiarán 9.294 usuarios, gracias a un convenio con la Junta de Andalucía. Aguilar recibirá cerca de cuatro millones de euros (3.883.251).

El objetivo de este servicio de asistencia provincial es la mejora de la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social de las personas en su medio habitual, al igual que la prevención de las situaciones que puedan motivar un deterioro físico o psíquico y la intervención en situaciones de riesgo social o desprotección, entre otras.

En lo referente al presupuesto se ha conseguido un incremento del presupuesto del 8,8 por ciento, es decir se pasa de 60.056.167,84 de euros a 65.362.671,84 euros, más de 5 millones de euros; y se va a dar servicio a 639 usuarios más que el año pasado, pasando de 8.655 a 9.294 beneficiarios.

El servicio de ayuda a domicilio, prestado por personal cualificado, ha ido incrementando el número de personas atendidas y de horas prestadas, pasando de 4.203.293 horas de servicio a 4.276.867 en 2024 (73.574 horas más).

Del mismo modo, el aumento de la hora del servicio ya que en 2021, se incrementa de 13 euros a 14,60; y en el 2023, se sube la hora de 14.60 a 15,45 euros la hora, precio en la actualidad.

La empresa aguilarense, Grupo ADL, ha recibido por cuarta vez el galardón como “mejor responsabilidad social corporativa en el sector sociosanitario” en la Gala de los Premios de Empresa Social 2023.

Desde la entidad aguilarense han dado la enhorabuena a todo el equipo de Coordinación, al personal de oficinas y a las auxiliares de vida que forman parte de la familia de ADL.

La Diputación de Córdoba destinará en 2022 más de 52,7 millones de euros a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia, tal y como queda recogido en las adendas suscritas entre la institución provincial y 69 municipios cordobeses de menos de 20.000 habitantes.

Durante la firma, el presidente de la institución, Antonio Ruiz, ha destacado que “durante este nuevo año pretendemos atender a cerca de 7.500 usuarios con una carga de trabajo que alcanza los 3,6 millones de horas de servicio y con una inversión de 52.759.114,3 euros”.

Ruiz ha incidido en que “se pone a disposición de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes esos recursos, un 20,44% más que el pasado año, a través de la adenda a los convenios que ya suscribimos en el año 2017”. “Unas adendas que ya recogen el incremento del precio/hora del servicio hasta los 14,60 euros”, ha añadido.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a “la importancia que tiene este servicio, fundamental para facilitar la autonomía de las personas en situación de dependencia, sin olvidar el impacto en el empleo que tienen estas políticas, sobre todo entre un colectivo con mayor dificultad de inserción laboral como son las mujeres, generando cerca de 2.500 puestos de trabajo directos”.

Para Ruiz, “una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es lo fundamentales que resultan las políticas sociales a la hora de mantener cohesionada y vertebrada la sociedad, motivo por el que hemos venido repitiendo que nos encontramos ante uno de los pilares del Estado del Bienestar”.

“Las políticas sociales generan oportunidades y una sociedad igualitaria y justa, por lo que desde la Diputación hemos venido defendiendo esta materia como un elemento esencial y estratégico de la provincia, puesto que un territorio no avanza si deja a personas atrás en momentos difíciles”, ha concluido Ruiz.

El presidente de la institución provincial ha apuntillado que “52.759.114 euros, 3,6 millones de horas de trabajo y sobre todo 2.500 puestos de trabajo son cifras que hablan de la importancia de este servicio que supone asegurar un derecho para la ciudadanía, el derecho de ser atendida”.

Finalmente, Ruiz ha querido poner en valor el trabajo y compromiso de los alcaldes y alcaldesas de la provincia, “fundamentales para garantizar la prestación de este servicio a la ciudadanía, más aún en momentos tan complicados como el actual”.

Por otro lado, el presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Francisco Ángel Sánchez, ha destacado el compromiso de la institución con las políticas sociales, “lo que se refleja en el presupuesto del IPBS para el ejercicio 2022 que supera los 70 millones de euros, un alza del 17,7% con respecto al año 2021”.

Sánchez ha matizado que “esta subida presupuestaria atiende a la evolución de los distintos programas para equilibrar el gasto e incidir en aquellos de mayor ejecución”.

“Nos encontramos ante un claro ejemplo de colaboración entre administraciones, un trabajo conjunto para el desarrollo de políticas de proximidad, políticas pensadas para la ciudadanía. El Servicio de Ayuda a Domicilio se ha convertido, además, en el instrumento más eficaz en la lucha contra el envejecimiento poblacional y para combatir la despoblación”, ha añadido Sánchez.

El diputado provincial ha continuado explicando que “en este sentido, hemos de destacar el esfuerzo de los distintos programas de empleo social, una herramienta muy demandada por los ayuntamientos que crece un 10% hasta alcanzar los 2,2 millones de euros, y de una propuesta muy especial como es el Programa de Empleo Social para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad, dotado para 2022 con 500.000 euros”.

Para Sánchez, “nuestros retos para 2022 son cuatro y se centran en continuar trabajando para conseguir una atención centrada en la persona, en reivindicar al gobierno autonómico la puesta en marcha de las medidas incluidas en el Plan de Choque, en apostar por la especialización y diversificación del servicio y, finalmente, por avanzar en la formación y la mejora de calidad del empleo vinculado a éste”.

Las auxiliares de Ayuda a Domicilio (ADL) de Aguilar de la Frontera, menores de 55 años, han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el Centro de Salud de la localidad.

Cabe destacar que para los menores de 55 años, la vacuna usada es AstraZeneca, mientras que para las personas de 55 en adelante se utilizarán Pfizer o Moderna.

Las trabajadoras de ADL mayores de 55 años se vacunaron el martes en el Hospital Infanta Margarita de Cabra.

Según han indicado las propias auxiliares a Madinfor Televisión, el próximo 28 de abril recibirán la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Este lunes, el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) ha aprobado una ampliación de su programa de ayuda a domicilio para anticiparse a las necesidades extraordinarias que pudieran surgir como consecuencia de rebrotes del covid-19 en los municipios de la provincia, especialmente entre grupos de riesgo y personas especialmente vulnerables.

El objetivo del nuevo programa, explica el presidente del organismo provincial, Francisco Ángel Sánchez, es “garantizar la asistencia en casos de confinamiento obligado cuando éste impida a las familias hacerse cargo de mayores o dependientes a su cargo”. Además, prosigue, “de manera complementaria hemos implementado una nueva línea de asistencia para la cobertura de actividades básicas del día a día que no pueden realizarse sin salir de casa”.

Según destaca el diputado provincial, “estos nuevos programas se inician con un crédito de 60.000 euros, pero podrá ampliarse en función del avance de la pandemia y de las necesidades derivadas de la misma”.

Tal y como recuerda el presidente del IPBS, “se suman a los planes que siguen activos para paliar al máximo los efectos de la crisis sanitaria, económica y social derivada del covid-19, como son teléfonos de atención psicológica, el Programa Provincial de Reparto de Alimentos y el de Ayuda a Domicilio de Urgencia para situaciones sobrevenidas”.

En este sentido, recuerda que el de Ayuda a Domicilio de Emergencia Covid-19 “es una herramienta para anticiparnos a las situaciones que pueda causar la evolución del virus y busca garantizar el bienestar de toda la población en caso de confinamiento oficial por áreas o municipios, especialmente en el caso de personas mayores o dependientes que se encuentran solas y necesitan la ayuda de familiares o personal de cuidados en su día a día”.

Para solventar esta realidad, el IPBS ha ampliado este programa para atender a varios supuestos derivados del confinamiento. Así, recoge la atención a personas confinadas en su domicilio por contagio o cuarentena que carezcan de apoyo familiar o social, y a usuarios de las unidades de estancia diurna y de otros recursos asistenciales que hubieran tenido que cesar su actividad por la aplicación de medidas contra el covid-19. De igual modo, recoge también la atención a personas que, sin cumplir con los requisitos anteriores, estuvieran en situación de riesgo o vulnerabilidad por haber perdido el apoyo de su entorno más cercano.

Francisco Ángel Sánchez destaca que “para estas personas el Programa Emergencia Covid-19 contempla hasta diez horas de asistencia a la semana por parte de los profesionales de ayuda a domicilio de los municipios. Con esta ampliación de recursos buscamos garantizar la seguridad y bienestar de los usuarios, pero también la tranquilidad de su entorno social, que podrá seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias sin que ello genere una situación de desamparo para las personas dependientes”.

Por último, y de manera paralela, el Instituto Provincial de Bienestar Social, dependiente de la Diputación de Córdoba, ha lanzado un nuevo programa de asistencia externa que permitirá atender a las familias que estén confinadas y a las que el aislamiento les impida realizar determinadas actividades.

Según Sánchez, “este recurso se pone a disposición de los hogares en los que no exista la posibilidad de hacer la compra a domicilio de productos de primera necesidad o farmacia, así como de aquellos que no tengan alternativa para la retirada de residuos domiciliarios o cualquier otra necesidad”.

Finalmente, el diputado provincial explica que “estos nuevos programas se plantean con carácter excepcional y transitorio, y son perfectamente compatibles con la atención derivada del sistema de dependencia y con las ayudas del Fondo de Emergencia del IPBS para atención a situaciones de vulnerabilidad provocadas por la pandemia”.

En cuanto al procedimiento de prescripción, para simplificar los trámites se partirá de un informe del trabajador o trabajadora social que será elevado a la gerencia del IPBS, exponiendo el caso para su aprobación con la máxima celeridad.

El Grupo ADL, empresa afincada en Aguilar de la Frontera y dedicada al sector de la Ayuda a Domicilio, con numerosas licitaciones públicas con ayuntamientos en Andalucía, entró en concurso de acreedores por supuesta falta de liquidez, dejando tras de sí una grave crisis para los ayuntamientos, trabajadoras y usuarios.

Para UGT, esta situación deja a los trabajadores/as y a los usuarios en una situación de incertidumbre preocupante. Así, en la provincia de Córdoba quedan afectados los contratos públicos de los Servicios de Ayuda a Domicilio de los ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Fernán Nuñez, Montemayor, Peñarroya-Pueblonuevo y Villaharta. Además, se desconocen las actuaciones o decisiones que van a tomar los ayuntamientos afectados con ADL Sociedad Cooperativa Andaluza. Por ello, UGT pide celeridad en la toma de medidas por la importancia de este servicio y su repercusión para los ciudadanos.

Asimismo, el sindicato se sorprende de “la falta de solvencia económica de esta empresa, sobre todo, porque es habitual el incumplimiento del convenio colectivo en todos los contratos que tiene en la provincia de Córdoba, lo que supone un ahorro en los costes salariales, o dicho de otra forma, beneficios empresariales a costa de no cumplir el convenio colectivo”. Tras esta crisis, desde UGT plantean el grave problema o riesgo de dar contratos públicos a empresas insolventes y que no cumplen con lo firmado en los pliegos de cláusulas particulares y administrativas con los ayuntamientos.

En este sentido, es preocupante la situación en la que quedan los usuarios de la Ayuda a Domicilio de estas localidades y, sobre todo, el estado del pago de las nóminas a los trabajadores en tiempo y forma. Por ejemplo, en Fernán Núñez, a fecha de hoy, no se ha abonado la nómina a, al menos, 30 trabajadoras.

Por todo esto, UGT sigue insistiendo en la necesidad de que los entes locales estudien a las empresas con las que contratan los servicios, al mismo tiempo que vigilen el cumplimiento de lo firmado con ellas. Además, las administraciones no pueden convertir las licitaciones en subastas, puesto que la bajada de las cuantías repercuten en el servicio de poca calidad que se presta a los ciudadanos, así como en la precariedad de los contratos de trabajo.

Según UGT, la mejor forma de ejecutar los servicios de ayuda a domicilio es bajo el paraguas de lo público, a través de la gestión directa y de la municipalización de este servicio esencial. Cabe recordar que UGT ya denunció las licitaciones de Aguilar de la Frontera y La Carlota por estar por debajo de los costes salariales reales, y aseguran que “seguirán denunciando todas aquellas licitaciones que supongan una subasta y estén por debajo de los 14.60 €/hora, IVA incluido, sin contar los costes indirectos y el porcentaje de beneficios empresariales.

El Secretario General de CTA, Paco Moro, destacó en rueda de prensa que “en Aguilar de la Frontera está habiendo duras acusaciones contra mi sindicato y contra mí, personalmente, con respecto a la Ayuda a Domicilio”.

Moro señaló que “hay quien asegura que soy un destructor de empresas, pero esa persona va a tener que demostrarlo ante los jueces”.

“Parte del colectivo de Ayuda a Domicilio está apoyado por el partido socialista, que defiende a capa y espada la labor que desempeña el señor Rafael Luque en torno a las trabajadoras y su situación laboral en esta localidad”, expresó Moro.

El 7 de julio se convocó una concentración en la Plaza de San José, aunque según indicó Moro esta convocatoria “carecía de legalidad, porque no se había pedido la autorización correspondiente a la subdelegación de Gobierno y, además estuvo apoyada por el partido socialista pidiendo que este señor se quede”.

El Secretario General de CTA explicó que “la licitación de este servicio se hace a través de un concurso en el que pueden concurrir empresas españolas y europeas. También se tiene que publicar en el boletín oficial de la Unión Europea. El decir que se quede así porque sí es un presunto delito de prevaricación. Por supuesto tampoco se puede ir mientras no haya una nueva licitación, que puede sacar él o no”.

Moro afirmó que 27 de noviembre de 2019 hubo “una resolución de la inspección de trabajo en la que especificaba que se estaban infringiendo las condiciones de trabajo y salariales inferiores a las establecidas en el convenio. Por lo visto las señoras que defienden la gestión de esta empresa, cuando pagaron gracias a nosotros, no devolvieron el dinero que cobraron”.

El Secretario General de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía apuntó que “este señor tampoco está pagando los 15 minutos de bocadillo, o descanso, y eso significa que cada semana deja de pagar una hora y cuarto de trabajo. También encontramos las trabajadoras con contrato a tiempo parcial, que tienen la jornada partida hasta en tres ocasiones y eso que no se puede partir en más de una. Aquí la perversión está en que se le programa de descanso una hora menos cinco minutos”.

“El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con una sentencia firme, dice que el tiempo que no está pagando y que está requiriendo fuera de las horas de trabajo a las trabajadoras para hacer gestiones relacionadas con el servicio hay que pagarlo. Este señor no está cumpliendo nada de esto”, prosiguió Moro.

En palabras del propio Paco Moro, “el 11 de julio de 2019, el nuevo comité de empresa insta a este señor a formalizar el Comité de Seguridad y Salud. Pues bien, ni se imparte la formación a los delegados de prevención, ni se constituye. Algo muy grave. Además, cuando se le dice al principio de toda la pandemia que le tiene que facilitar mascarillas y materiales de protección a las trabajadoras, este señor lo que responde es que las mascarillas se las tiene que pagar su sindicato”.

A lo largo de su intervención, Moro hizo hincapié en que “desde CTA siempre hemos cumplido con nuestra obligación como sindicato, por supuesto sin pelotear y sin vendernos. Tenemos que defender la salud de las trabajadoras y si alguna no quiere que la defendamos que devuelvan el material de protección que le han dado”.

Para finalizar, Moro apostilló que “la señora alcaldesa ganó las elecciones municipales prometiendo que iba poner en marcha una empresa pública de Ayuda a Domicilio. Personalmente pienso que hay que defender a las empresas del pueblo, pero antes que nada están los trabajadores”.

Este miércoles, en torno a las ocho de la tarde, se dieron cita un grupo de trabajadoras de la empresa ADL frente al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. Mientras tanto, en el interior del Consistorio se celebraba una reunión entre Rafael Luque, gerente de ADL, y Carmen Flores, alcaldesa de nuestra localidad.

A la espera del término de dicha reunión, el grupo de empleadas dieron lectura al siguiente comunicado para expresar su postura:

“Hoy estamos aquí para dar nuestro apoyo, que se sienta reconocida una empresa local como es ADL y sobre todo su gerente Rafael Luque. El motivo no es otro que agradecer, por parte de la mayoría de las trabajadoras, el buen trato y comportamiento que han tenido con nosotras siempre tanto a nivel laboral como personal.

En estos días ha salido a licitación un nuevo concurso para adjudicar el servicio de ayuda a domicilio para 2020/2021. En este sentido, hemos podido saber que no hay intención de licitar ya que nuestro gerente ha venido sufriendo denuncias continuadas por parte de un grupo de trabajadoras pertenecientes un sindicato con representación en la empresa.

Esas acusaciones no se corresponden con la realidad, estas trabajadoras han denunciado a la empresa por falta de medidas de seguridad con el COVID-19. Esto ha sido así ha en la mayoría de empresas de España que no estaban preparadas para la pandemia. Aun así, poco a poco pero sin dilatarlo en el tiempo, nos han facilitado guantes, mascarillas, batas, pantallas y todos los EPIS necesarios para que trabajásemos con seguridad, a parte de los servicios mínimos que no todas las empresas de ayuda a domicilio los han dado.

Además, hemos contado con pruebas de test rápidos, dando todas resultado negativo. Esto ha sido por la buena gestión y el buen hacer de una empresa que mira por nosotras. Mientras tanto, algunas representantes sindicales, movidas por otros intereses, solo han provocado malestar y denuncias que han hecho que esta empresa no quiera seguir empleando su tiempo ni su dinero en este servicio.

Por eso hoy hemos querido estar aquí, para decir alto y claro que la mayoría de las trabajadoras de ADL nos sentimos muy orgullosas de nuestras coordinadoras y por supuesto de nuestro jefe. En el día de hoy queremos pedirle que reconsidere la decisión, que presente oferta y que ojalá vuelva a prestar el servicio. Nunca las trabajadoras hemos estado mejor miradas y por lo tanto mostramos nuestro máximo apoyo y reconocimiento a esta gran empresa del pueblo”.

Una vez finalizada la reunión entre ambas partes, tanto Luque como Flores informaron a las trabajadoras presentes de que habrá otra reunión el próximo lunes para tomar decisiones, aunque la primera intención de la empresa sería no participar en el nuevo concurso para ofrecer el servicio de ayuda a domicilio en Aguilar debido a las continuas presiones.

Este jueves, Ayuda a Domicilio (ADL) ha visitado algunas de las casas de sus usuarios, con el objetivo de darles determinadas pautas para aprender a sobrellevar las olas de calor que suelen sucederse de manera constante durante el verano.

Desde la empresa han querido indicar tanto a cuidadoras, como familiares, una serie de pasos que se deben seguir para evitar situaciones indeseadas debido al calor. Además, también han obsequiado a sus usuarios con varios regalos.

María del Carmen Berenguer, concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Aguilar ha declarado que “es importante la labor que realizan desde ADL, ya que las cuidadoras desarrollan un papel fundamental con las personas mayores”. Berenguer añadió también que “es un placer colaborar año tras año en este tipo de actividades”.

Este miércoles ha tenido lugar la firma del contrato entre el Ayuntamiento y la empresa aguilarense, Grupo ADL, adjudicataria de nuevo este año de los servicios de ayuda domicilio, que establece la Ley de Dependencia, en Aguilar de la Frontera.

En la firma del convenio han participado la alcaldesa, Mª José Ayuso, y el gerente del Grupo ADL, Rafael Luque.