UPOA ha emitido un comunicado en el que recuerda que en noviembre del pasado año pidió que se abriera una Comisión Informativa Especial de Investigación, con motivo de la sospecha de posibles irregularidades en contrataciones municipales para el programa Emple@joven y Emple@30+. "En dicha Comisión participaron portavoces de todas las formaciones de la oposición y del Gobierno municipal, y comparecieron algunas personas cuyo testimonio podía ser relevante para el esclarecimiento de la misma", relata el grupo local.
De esta forma, UPOA expone que se celebraron varias sesiones que terminaron con una propuesta de conclusiones nada esclarecedora, ya que los responsables de la formación gobernante propusieron poco más que “borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada”. Así las cosas, el grupo reitera que "esta propuesta no nos ha gustado al resto de partidos que constituyen la corporación municipal, ya que tras un minucioso estudio de las actas generadas, seguimos viendo indicios de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, al no entender el proceso y los criterios de selección, incurriendo en una presunta vulneración de la Constitución y ejerciendo tratos de favor".
Por esto, los representantes de UPOA e IU deciden presentar una moción al Pleno Municipal el día 28 de octubre de 2018 y trasladar a la Fiscalía el expediente completo de la Comisión Informativa Especial de Investigación sobre las contrataciones municipales de los programas Emple@joven y Emple@30+, acogiéndose al artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que establece la obligación de todo ciudadano a trasladar a la Fiscalía cualquier posible delito público que presencie, por lo que entendemos que es nuestra responsabilidad como ciudadanos y representantes públicos dar este paso de vital importancia por la correcta aplicación de transparencia, objetividad y justicia en los futuros procesos de selección para contrataciones municipales".
En consecuencia, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, a propuesta de las dos formaciones mencionadas, y con el apoyo del PA, "deberá poner en conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, en un plazo máximo de 15 días, el expediente completo de este caso, para que se ponga en marcha la investigación y las diligencias que consideren oportunas", apostilla UPOA.
