La parlamentaria por el PSOE de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha visitado Aguilar de la Frontera para anunciar que el Grupo Parlamentario Socialista reclamará en la Cámara andaluza “respuestas y soluciones al deterioro del transporte sanitario en la provincia de Córdoba, tras la merma en atención y calidad que está sufriendo después del concurso habilitado por el Gobierno de Moreno Bonilla para la prestación del servicio y que, denuncian los trabajadores del sector, incumple el pliego de condiciones del mismo, en tanto en cuanto ha dejado sin trabajo y sin subrogar a unos cuarenta operarios de la anterior adjudicataria".
Ambrosio y representantes socialistas de las Mancomunidades de Campiña Sur y Subbética se han reunido además con los trabajadores afectados para “conocer de primera mano el testimonio de un número importante de trabajadores del transporte sanitario, que están reclamando cuestiones fundamentales que tienen que ver con el ámbito laboral” y también para “testar el deterioro de la sanidad en la provincia desde que gobierna Moreno Bonilla”.
Según la parlamentaria, se trata de “trabajadores que vienen prestando sus servicios desde hace bastante tiempo en la provincia y con una valoración positiva por parte de los usuarios que son llevados día a día desde las instalaciones sanitarias a sus domicilios y viceversa, para rehabilitación o diálisis, y que fruto de una decisión de la Junta de Andalucía se han quedado sin empleo en el cambio de licitación de una empresa a otra para prestar el servicio”. Ambrosio apoyó a estos empleados y empleadas que “han venido hoy a pedir la colaboración de los socialistas en la provincia de Córdoba porque estamos comprometidos con la defensa de la sanidad pública, en que esas condiciones laborales no se deterioren y sobre todo en que se cumpla ese pliego de condiciones”.
“Detrás de ese incumplimiento del contrato laboral y del deterioro de la condiciones de trabajo está el empeoramiento de la sanidad pública y del transporte sanitario” porque, a juicio de Ambrosio, “no se están dando las condiciones de seguridad, de eficacia y de rentabilidad que debe tener el servicio de transporte sanitario en la provincia al incumplirse de manera grave algunas cuestiones que tienen que ver con la contratación”.
La parlamentaria precisó que “lo primero que le hemos recomendado a los trabajadores y trabajadoras es que agoten la vía del recurso en el ámbito laboral y que hagan lo posible para que sus reclamaciones sean atendidas al estar en el periodo de transición del paso de una empresa a otra y deben cumplirse las condiciones del pliego, y que éstas no mermen para nada la prestación del servicio”.
Además, “y en segundo lugar, desde la parte política e institucional, nos hemos comprometido con ellos en hacer una defensa mayor de los derechos que en materia sanitaria tienen los cordobeses y las cordobesas, sobre todo desde la complicidad existente entre los ayuntamientos socialistas y los alcaldes y alcaldesas de nuestro partido que han venido defendiendo a lo largo de estos últimos años que en sanidad no se puede dar ni un paso atrás y que el deterioro de la sanidad pública repercute en peores condiciones de vida de los cordobeses y cordobesas, y especialmente en el medio rural”.
“Desde la vía parlamentaria, vamos a exigir respuestas, soluciones y responsabilidades, porque esto no puede ser un negocio; no se puede quedar la prestación del transporte sanitario en manos de algunos y que al final los perjudicados sean los usuarios”, remarcó la socialista, que afeó “las maneras y prioridades que ha marcado Moreno Bonilla en los pocos días que llevamos de mandato, donde por lo único que ha destacado es por la bajada de impuestos a los más ricos de Andalucía, lo que tiene un perjuicio para los servicios públicos como en el caso de la sanidad”.
Ha explicado que la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario en Córdoba SSGA mantiene a alrededor de 40 trabajadores sin subrogar en toda la provincia, lo que tilda de ilegal ya que, según habrían señalado los representantes de los trabajadores, todos tendrían que haber sido contratados de nuevo en virtud del pliego de condiciones del concurso de licitación habilitado por la Junta en 2021.
