La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha reafirmado en la Comisión de Salud el compromiso del Gobierno andaluz en la supervisión y garantía de los servicios sanitarios esenciales, asegurando que se ha actuado con firmeza ante los incumplimientos detectados por parte de la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario en el distrito sanitario sur de la provincia de Córdoba.

“Tal y como ya informé en el Pleno de la semana pasada, hemos actuado de manera firme y contundente en nuestra labor de supervisión y garantía para que la empresa adjudicataria cumpla tanto con la calidad asistencial de un servicio fundamental, como con los trabajadores que desempeñan el servicio”, ha dicho Hernández.

Según explicó la consejera, la gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba emitió un oficio el 27 de enero advirtiendo a la empresa sobre un posible incumplimiento y requiriéndole la regularización del pago de las nóminas de los trabajadores en un plazo máximo de tres días. Dos días después, la empresa respondió que estaba en un proceso de recapitalización y propuso un calendario de fraccionamiento de los pagos.

El 13 de febrero, el área de gestión de Córdoba exigió a la empresa una prueba de estar al corriente en los pagos de nóminas en un plazo de 10 días. Sin embargo, la compañía informó que no podía atender la solicitud en ese momento debido a su situación con la Seguridad Social, la cual calificó como “ajena a su voluntad, de carácter temporal y en proceso de resolución”.

Ante esta situación, el 27 de febrero se inició un expediente de penalidades para determinar el alcance del incumplimiento y la falta de acreditación del pago de las nóminas. “Puedo asegurarles que hemos sido tajantes e inflexibles con esta empresa, instándola mediante los procesos administrativos y sancionadores pertinentes para que se ponga al corriente de los pagos con sus profesionales”, ha afirmado la consejera.

Tras la notificación del inicio del expediente, la empresa informó de que había procedido al pago íntegro de las nóminas pendientes de diciembre de 2024 y que la de febrero estaba en proceso de cierre para su abono. Sin embargo, aún quedaban pendientes los pagos de octubre y noviembre de 2024 y enero de 2025, aunque la empresa aseguró que la última sería abonada en los días siguientes.

“Que no les quepa la menor duda de que seguimos supervisando este proceso para asegurarnos de que esta adjudicataria salde sus deudas en el menor tiempo posible, mientras que el expediente de penalidades sigue vigente como instrumento tanto de vigilancia, como sancionador”, ha dicho Hernández.

La parlamentaria por el PSOE de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha visitado Aguilar de la Frontera para anunciar que el Grupo Parlamentario Socialista reclamará en la Cámara andaluza “respuestas y soluciones al deterioro del transporte sanitario en la provincia de Córdoba, tras la merma en atención y calidad que está sufriendo después del concurso habilitado por el Gobierno de Moreno Bonilla para la prestación del servicio y que, denuncian los trabajadores del sector, incumple el pliego de condiciones del mismo, en tanto en cuanto ha dejado sin trabajo y sin subrogar a unos cuarenta operarios de la anterior adjudicataria".

Ambrosio y representantes socialistas de las Mancomunidades de Campiña Sur y Subbética se han reunido además con los trabajadores afectados para “conocer de primera mano el testimonio de un número importante de trabajadores del transporte sanitario, que están reclamando cuestiones fundamentales que tienen que ver con el ámbito laboral” y también para “testar el deterioro de la sanidad en la provincia desde que gobierna Moreno Bonilla”.

Según la parlamentaria, se trata de “trabajadores que vienen prestando sus servicios desde hace bastante tiempo en la provincia y con una valoración positiva por parte de los usuarios que son llevados día a día desde las instalaciones sanitarias a sus domicilios y viceversa, para rehabilitación o diálisis, y que fruto de una decisión de la Junta de Andalucía se han quedado sin empleo en el cambio de licitación de una empresa a otra para prestar el servicio”. Ambrosio apoyó a estos empleados y empleadas que “han venido hoy a pedir la colaboración de los socialistas en la provincia de Córdoba porque estamos comprometidos con la defensa de la sanidad pública, en que esas condiciones laborales no se deterioren y sobre todo en que se cumpla ese pliego de condiciones”.

“Detrás de ese incumplimiento del contrato laboral y del deterioro de la condiciones de trabajo está el empeoramiento de la sanidad pública y del transporte sanitario” porque, a juicio de Ambrosio, “no se están dando las condiciones de seguridad, de eficacia y de rentabilidad que debe tener el servicio de transporte sanitario en la provincia al incumplirse de manera grave algunas cuestiones que tienen que ver con la contratación”.

La parlamentaria precisó que “lo primero que le hemos recomendado a los trabajadores y trabajadoras es que agoten la vía del recurso en el ámbito laboral y que hagan lo posible para que sus reclamaciones sean atendidas al estar en el periodo de transición del paso de una empresa a otra y deben cumplirse las condiciones del pliego, y que éstas no mermen para nada la prestación del servicio”.

Además, “y en segundo lugar, desde la parte política e institucional, nos hemos comprometido con ellos en hacer una defensa mayor de los derechos que en materia sanitaria tienen los cordobeses y las cordobesas, sobre todo desde la complicidad existente entre los ayuntamientos socialistas y los alcaldes y alcaldesas de nuestro partido que han venido defendiendo a lo largo de estos últimos años que en sanidad no se puede dar ni un paso atrás y que el deterioro de la sanidad pública repercute en peores condiciones de vida de los cordobeses y cordobesas, y especialmente en el medio rural”.

“Desde la vía parlamentaria, vamos a exigir respuestas, soluciones y responsabilidades, porque esto no puede ser un negocio; no se puede quedar la prestación del transporte sanitario en manos de algunos y que al final los perjudicados sean los usuarios”, remarcó la socialista, que afeó “las maneras y prioridades que ha marcado Moreno Bonilla en los pocos días que llevamos de mandato, donde por lo único que ha destacado es por la bajada de impuestos a los más ricos de Andalucía, lo que tiene un perjuicio para los servicios públicos como en el caso de la sanidad”.

Ha explicado que la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario en Córdoba SSGA mantiene a alrededor de 40 trabajadores sin subrogar en toda la provincia, lo que tilda de ilegal ya que, según habrían señalado los representantes de los trabajadores, todos tendrían que haber sido contratados de nuevo en virtud del pliego de condiciones del concurso de licitación habilitado por la Junta en 2021.