La Plataforma Comisión de la Verdad critica el abandono de la Junta de Andalucía en materia de Memoria Histórica

La Plataforma Comisión de la Verdad critica el abandono de la Junta de Andalucía en materia de Memoria Histórica

El artículo 17 de la ley 2/2017 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía declaró el 14 de junio como el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe de Estado militar de Julio de 1936 y de la posterior dictadura franquista.

Desde la Plataforma Comisión de la Verdad han emitido un comunicado de prensa en el que señalan “a día de hoy las víctimas y sus familias no tienen nada que celebrar, sólo volver a denunciar públicamente el abandono institucional al que se les sigue sometiendo en esta comunidad autónoma”. El colectivo indica que su “recuerdo y homenaje diario a las víctimas choca de forma desmedida con el olvido y la desidia premeditada de las instituciones andaluzas”.

“Llevamos décadas reclamando nuestros derechos y denunciando a la administración la falta en el cumplimiento de sus obligaciones, pero nadie nos hace caso. Una y otra vez nos vuelven a someter al frustrante “Si, pero no" para que sin mover ni un sólo dedo, todo quede exactamente igual”, explican desde esta Plataforma.

En este sentido, afirman que “el olvido y la inacción institucional es otra venganza, otra amenaza proyectada sobre nuestros muertos y nuestras familias. Un olvido, que mata y se lleva a la mayor parte de los familiares directos de avanzada edad, mientras las instituciones implicadas esperan y miran para otro lado. Se cierran las puertas y se escapa la vida, y con ella el conocimiento de la verdad”.

A lo largo de su comunicado, la Plataforma Comisión de la Verdad se pregunta “¿Por qué? Ya que no podemos mirar hacia el futuro, si nos sigue doliendo el pasado. Esas mismas instituciones durante años han utilizado la memoria como moneda de cambio para el marcaje o marca política construyendo un relato falso, falto de compromiso, plasmado en la total ausencia de medidas y acciones concretas para poner en marcha las políticas de memoria aprobadas y consensuadas por todos. La ley”.

Desde este colectivo expresan que “sólo un vergonzoso calificativo podría aplicarse a la actual administración andaluza competente en materia de memoria, la ausencia. Una ausencia total plasmada en la falta de financiación, desarrollo y puesta en marcha de las 19 intervenciones en la provincia de Córdoba publicadas en el Boja desde el año 2017 en adelante”. Estas intervenciones deberían llevarse a cabo en municipios como Montilla, Posadas, Carcabuey, Peñarroya Pueblonuevo, Rute, Villanueva de Córdoba, Baena, Fuerte Obejuna, Espejo-Montoro, Hinojosa del Duque, Monturque, Cabra, Puente Genil, La Victoria, San Sebastián de los Ballesteros, Guadalcázar, Aguilar de la Frontera y Córdoba capital.

Además, esta Plataforma añade en su comunicado que hay “una total y absoluta ausencia en la financiación, desarrollo y puesta en marcha de los proyectos actuales, algunos ya en fase de ejecución y otros pendientes del inicio y conclusión de los trabajos, antes de la finalización del año 2021, financiados y subvencionados por los Ayuntamientos, la Diputación Provincial de Córdoba, la FEMP (Federación Española de Municipios y provincias) y el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España. Este tipo de casos se dan en municipios como Aguilar de la Frontera, Monturque, Montilla, Cabra, Puente Genil,   La Victoria, San Sebastián de los Ballesteros y Peñarroya Pueblonuevo.

El colectivo finaliza su comunicado argumentando que en estos proyectos “la Junta de Andalucía ni está, ni se le espera. No hay nada que celebrar tampoco en la total ausencia de información y resultados de las muestras de ADN entregadas para su procesamiento hace más de dos años, tras la intervención realizada en el cementerio de la Salud (Córdoba) y de la que los familiares no tienen aún ni un solo atisbo de información. Lo mismo ocurre con las muestras de ADN entregadas y enviadas a Granada para su procesamiento, que hace la friolera de más de cinco años y aún sin respuesta ni resultados a los familiares. No hay nada que justifique la falta de compromiso y cumplimiento de la Ley por parte de las instituciones andaluzas”.

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