Un total de 75 ayuntamientos cordobeses, cuatro Entidades Locales Autónomas (ELA) y la Diputación provincial realizarán proyectos con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2020, que cuenta con una financiación de la Junta de Andalucía de 8,4 millones de euros en Córdoba para financiar los materiales de las obras que ejecutarán los ayuntamientos.

Según indica el Gobierno regional en una nota, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha firmado recientemente con responsables de las ocho diputaciones provinciales el convenio para la financiación del PFEA, en el que la aportación del Ejecutivo andaluz es de 54,4 millones de euros, el 75% de los fondos para los materiales de las obras que ejecutarán los ayuntamientos. "El PFEA es un plan de fomento de empleo vital para muchos municipios a los que ayuda a luchar contra la despoblación", ha destacado Marín, quien ha añadido que además permite desarrollar infraestructuras municipales "que son muy necesarias y que los ayuntamientos no pueden afrontar por falta recursos".Al respecto, el PFEA 2019 ha permitido ejecutar 1.862 proyectos que han creado más de 118.000 empleos, de los cuales 16.800 en Córdoba, donde se han desarrollado 304 proyectos.

El PFEA está cofinanciado por el Gobierno de España, que abona la mano de obra, y la Junta de Andalucía y las diputaciones, que financian los materiales al 75 y 25% respectivamente. Este año, la asignación estatal ronda los 70 millones, la de la Junta es de 54,4 y la de las diputaciones 18.

La distribución provincial de los fondos de 2020 es la siguiente: 3.076.725,09 euros para Almería, 5.897.510,22 euros para Cádiz, 8.402.454,54 euros para Córdoba, 7.307.902,79 euros para Granada, 4.498.008,72 euros para Huelva, 7.062.853,88 euros para Jaén, 6.006.420,85 euros para Málaga y 12.203.435,27 euros para Sevilla.

"Habíamos intentado en 2020 que la aportación se incrementara en un 10% por parte de todas las administraciones para precisamente en un momento como este poner más recursos para generar empleo en el ámbito rural para aquellos que han perdido su trabajo por el Covid, pero finalmente no ha sido posible, ya que el Gobierno de España comunicó que no iba a incrementar ese 10% que habíamos solicitado", ha lamentado Marín. Por ello, la cuantía es la misma que en 2019, cuando sí se incrementó en un 5% tras siete años congelada.

En Córdoba, la distribución municipal de los fondos de la Junta oscila entre los 359.093,80 euros que recibirá Aguilar de la Frontera, los 318.656,27 para Priego de Córdoba, los 314.543,89 de Lucena, los 13.231,73 para Conquista o los 17.036,34 destinados a Villanueva del Rey. Además, la capital recibirá 207.738,09 euros de la Consejería que dirige Juan Marín y la Diputación 287.751,99. Las cuatro ELAs incluidas en el reparto son Algallarín, Castil de Campos, Encinarejo de Córdoba y Ochavillo del Río.

En este sentido, son las comisiones comarcales las que proponen el reparto, que finalmente se acuerda en la Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA.

La delegada de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Cristina Casanueva, acompañada por el teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, Antonio Maestre, han visitado este miércoles las obras que se están realizando en la travesía de la carretera Montoro - Puente Genil (Serrezuela), correspondientes a los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 74,300-74,450 (margen izquierdo) y 75,625-75,830 (margen derecho).

Las obras las está ejecutando la empresa Firprosa S.L. con una inversión de 37.574 euros y consisten en la mejora del drenaje longitudinal de dicha vía, formando parte del Programa de Conservación y Mantenimiento de las Carreteras Titulares Autonómicas puesto en marcha por la Junta de Andalucía.

Este tramo se encontraba en muy mal estado de conservación debido al aterramiento por barros en época de lluvias, lo que provocaba que de manera continuada se produjesen inundaciones e invasiones de la carretera con el consiguiente peligro para el tráfico rodado.

Con esta actuación se han redimensionado las cunetas para darle mayor capacidad y se han revestido de hormigón, además de la adaptación de los pasacunetas a las nuevas cuotas previstas para aumentar la pendiente de las cunetas.

La delegada ha señalado que esta actuación corresponde al acuerdo al que llegaron la Administración Autonómica y el Ayuntamiento de Aguilar para la cesión de ese tramo de travesía a la localidad, que se sumará al tramo de la Avenida Antonio Sánchez que fue cedido hace unos meses.  

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que se establece el régimen sancionador ante el incumplimiento de las medidas de prevención y contención adoptadas por la Junta de Andalucía frente al Covid-19 y que recoge multas de entre 100 y 600.000 euros, así como el cierre temporal de establecimientos, instalaciones o servicios donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad durante el plazo máximo de cinco años.

Este decreto ley distingue tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves, y, en función de las mismas, fija las distintas multas. Así, a las infracciones muy graves les corresponde una multa de entre 60.001 y 600.000 euros; a las graves, de entre 3.001 y 60.000 euros; y a las leves, de entre 100 y 3.000 euros. Al incumplimiento de la obligación del uso de mascarillas, o por uso inadecuado de las mismas, se sanciona con multa de 100 euros.

Entre las infracciones muy graves se encuentra el incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o locales públicos o privados, cuando éste produzca un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población. Se considera que se produce un riesgo o daño muy grave cuando los incumplimientos puedan suponer un riesgo de contagio de más de 100 personas.

También pueden suponer un riesgo muy grave en la población rebasar los límites de aforo o del número máximo de personas permitido en los establecimientos o las actividades y la celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o acto permanente o esporádico, tanto en espacios públicos como en privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención.

La apertura de locales, la celebración de actos o la realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o por la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los que sea exigible, cuando produzcan un daño o riesgo muy grave para la salud de la población, también se sancionará con dureza.

Entre las infracciones graves, se encuentra el incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención establecidas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacios o locales públicos o privados, cuando éste no sea constitutivo de una infracción ni leve ni muy grave, del mismo modo que el incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas permitido a los establecimientos o en las actividades.

También figuran el incumplimiento de la elaboración de protocolos o planes de contingencia en relación con aquellos establecimientos o actividades en que se haya establecido dicha exigencia por las disposiciones o actos autonómicos dictados para la contención del Covid-19; y la organización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención y produzcan un daño o riesgo grave para la salud de la población.

Se suman además la denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad competente; la resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar información a las autoridades competentes o a sus agentes, al igual que el suministro de información inexacta o no realizar ni atender los requerimientos sanitarios que sean adoptados por las autoridades competentes; así como no comunicar los casos de sospecha o diagnóstico de la enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración resulte obligatoria.

También tienen consideración de infracción grave el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por personas que hayan dado positivo en Covid-19.

Por lo que se refiere a las infracciones leves, figuran el incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando no suponga riesgo de contagio o éste afecte a menos de 15 personas; y la celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquiera otro tipo de actividad o acto permanente o esporádico, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención y produzcan un riesgo o daño leve para la salud de la población.

También se recogen el incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene, prevención y control establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o locales públicos o privados, cuando éste produzca un riesgo o un daño leve para la salud de la población; y los incumplimientos por acción u omisión de la normativa aprobada, o de las medidas, órdenes, resoluciones o actos acordados para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, siempre que produzcan un riesgo o un daño leve para la salud de la población.

El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o el uso inadecuado de las mismas, en los términos acordados por las autoridades competentes; el incumplimiento, por parte de los establecimientos abiertos al público o actividades públicas, de informar a los clientes o usuarios sobre el horario, el aforo del local, la distancia social y, en su caso, de la obligatoriedad del uso de mascarilla como medidas de prevención del Covid-19; y el incumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal entre personas no convivientes, en lugares públicos o privados, abiertos o cerrados, en los términos acordados por las autoridades competentes, son otras infracciones leves.

A ellas se unen el incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena acordada por la autoridad sanitaria competente en personas que no hayan dado positivo en Covid-19 pero que sean contactos directos de un enfermo confirmado; el incumplimiento del horario especial de apertura y cierre para establecimientos y actividades distinto del habitual, impuesto en las medidas contra el Covid-19; y el quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad con el decreto ley, entre otras.

Responsabilidad civil o penal

Lo previsto en el decreto ley no excluye la posibilidad de aplicación, cuando resulte necesario según el caso concreto, del régimen sancionador previsto en la normativa general estatal y autonómica de sanidad, salud pública y seguridad alimentaria, e infracciones en el orden social, sin que en ningún caso pueda sancionarse un mismo hecho o conducta dos veces. Tampoco se excluye la responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, pudiera exigirse.

De hecho, cuando se aprecie que una infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado inmediato de la denuncia al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras en el orden jurisdiccional no se dicte resolución firme o se ponga fin al procedimiento.

Asimismo, sin perjuicio de las competencias reservadas al Estado, las actividades inspectoras y de control sobre el cumplimiento del régimen sancionador serán efectuadas por cualquier agente de la autoridad y personal funcionario debidamente acreditado de la Administración de la Junta de Andalucía o de las entidades locales. Dicho personal funcionario tendrá, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de agente de la autoridad, y sus declaraciones gozarán de presunción de veracidad salvo prueba en contrario.

La Junta de Andalucía podrá solicitar de la Delegación del Gobierno y de las Subdelegaciones la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes de su autoridad, en relación con su participación en las tareas de inspección y control que correspondan. Del mismo modo, a través de las entidades locales respectivas, se podrán cursar instrucciones para la coordinación de actividades y unificación de criterios de inspección y vigilancia.

Las personas mayores de 65 años y los pensionistas se benefician desde este miércoles del reparto, que se pretende que sea escalonado (por tramos de edad), de su correspondiente lote de tres mascarillas quirúrgicas, entregado de manera gratuita por la Junta de Andalucía como medida de prevención y de apoyo a estos colectivos más vulnerables de la población ante la pandemia del Covid-19 y para combatir posibles nuevos brotes en la comunidad.

Se entregará un único lote de tres mascarillas por persona, que se retirará en la farmacia presentando la tarjeta sanitaria. Esta medida adoptada por el Gobierno andaluz y anunciada por el presidente, Juanma Moreno, hace unas semanas, supone la entrega de 2,5 millones de packs. En total, son 7,5 millones de mascarillas las que se van a entregar sin coste alguno para las personas de 65 o más años y para los pensionistas.

Para minimizar aglomeraciones y colas, la Consejería de Salud y Familias recomienda seguir un orden de recogida según la edad de la persona beneficiaria: miércoles 22 de julio, personas con 80 años cumplidos o más; jueves 23, 70 años o más; viernes 24, 65 años o más; y sábado 25, resto de pensionistas menores de 65. A partir del lunes 27 de julio y en adelante, quienes no hayan podido acudir en su día asignado.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha vuelto a incidir en que el reparto de estas mascarillas demuestra "el compromiso de la Junta de Andalucía con nuestros mayores, la población más vulnerable y la que ha sufrido más directamente las consecuencias de la pandemia".

Hay que recordar que en la comunidad andaluza es obligatorio el uso de la mascarilla desde el pasado 15 de julio, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados e independientemente de la distancia de seguridad interpersonal, con el fin de evitar una posible transmisión comunitaria no controlada. Al uso de la mascarilla como medida de prevención se suma el resto de medidas higiénico sanitarias: lavado continuado de manos y distancia interpersonal.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado este sábado en Ceuta que el lunes propondrá al comité técnico-médico que asesora a su Gobierno hacer obligatorio el uso permanente de la mascarilla en toda la región, al considerar que aunque la comunidad autónoma no está en una situación límite, actualmente lo mejor sería prevenir.

Además Moreno ha señalado que entraría en vigor de inmediato o en un plazo máximo de 48 horas. Asimismo, ha confirmado que la proposición la ha acordado este mismo sábado tras una conversación con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

El hecho de que la mascarilla sea obligatoria para los ocho millones y medio de habitantes es positivo para evitar esos posibles rebrotes y contagios. "No estamos en una situación límite como en otros territorios de España pero más vale prevenir que curar y por eso lo vamos a plantear", ha argumentado el presidente.

También explicaba que en algunos municipios pequeños se está desarrollando una especie de turismofobia porque los visitantes llegan sin mascarilla, algo que no es bueno ni para la economía ni la salud, y hacía hincapié en un estado de progresivo relajamiento de la población después de cinco meses muy duros.

A continuación, ha advertido que tampoco le temblaría la mano si la evolución de la enfermedad hace necesario el confinamiento de alguna parte de la región, como ya se ha tenido que hacer en zonas de Cataluña y o Galicia.

El presidente autonómico ha abodago para trabajar todos juntos hasta que haya un tratamiento eficaz o una vacuna eficiente para combatir esta pandemia, ya que está habiendo rebrotes en Andalucía que son importantes. "Gracias a nuestros excelentes servicios de salud los rebrotes están controlados y limitados", ha asegurado, a la vez que ha precisado que en una comunidad con ocho millones y medio de habitantes es "normal que tenga más rebrotes que el resto", puesto que tiene mayor número de habitantes.

Por último, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y social, al tiempo que ha indicado que la Junta va a seguir extremando la precaución y se ha congratulado porque los focos detectados no han tenido hasta ahora incidencia clínica desde el punto de vista hospitalario.

La Junta de Andalucía ha recomendado a los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Comunidad Autónoma que no autoricen durante los meses de junio, julio y agosto eventos multitudinarios como ferias, romerías o verbenas, con la intención de evitar cualquier riesgo de repunte de Covid-19.

Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado este mensaje de "prudencia" al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos.

Bendodo ha asegurado que, aunque Andalucía registra la mejor evolución de la pandemia en toda España, "no es momento de tomar riesgos", por lo que la Junta hace un "llamamiento a la prudencia" para evitar celebrar eventos multitudinarios como ferias, romerías o verbenas. Según Bendodo, Andalucía estaría en condiciones de hacer frente desde el punto de vista sanitario a un rebrote del Covid-19, pero "sería letal para nuestra economía".

Ha reconocido que con este tipo de concentraciones resulta "imposible" mantener las distancias de seguridad, por lo que ha reclamado la cancelación de este tipo de eventos dado que "no es el momento de tomar riesgos". "El virus sigue entre nosotros", ha subrayado el portavoz del Ejecutivo andaluz quien ha destacado que la suspensión de la Feria de Abril de Sevilla ha permitido, entre otros factores, que la pandemia evolucione a mejor en Andalucía.

Así, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, la Consejería de Salud y Familias liderada por Jesús Aguirre ha impulsado esta recomendación al ser eventos con una "coincidencia masiva de personas sin que existan expectativas razonables de que se respeten las distancias mínimas de seguridad, debido a la propia naturaleza de las actividades desarrolladas en las mismas".

"Actividades que, salvo puntual excepción, no se desarrollan en espacios ordenados, donde los asistentes ocupen asientos que puedan mantener un distanciamiento físico adecuado y donde la probabilidad de posibles contagios entre personas superaría el riesgo razonablemente aceptado, toda vez que imposibilitaría el control y trazabilidad de los casos que pudieran ser confirmados, con las consecuentes posibilidades de rebrotes no controlados", resalta el informe presentado en Consejo de Gobierno.

En Andalucía, el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario regula los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarios. En su artículo 1.3 se señala que no podrán celebrarse espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter ocasional o extraordinario sin cumplir las condiciones reguladas en ese decreto.

Entre los requisitos mínimos que deben cumplirse para otorgar la autorización, se indican, entre otros, las condiciones técnicas y ambientales adecuadas para la celebración de dichos espectáculos o actividades, que garanticen la seguridad, higiene, condiciones sanitarias, accesibilidad y confortabilidad para las personas, de vibraciones y nivel de ruidos.

Asimismo, la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, no ha contemplado levantar la medida de suspensión sobre verbenas, desfiles y fiestas populares.

Por lo tanto, es más que probable que tanto la Verbena de San Juan, como la del Cerro Crespo y la Barriada del Carmen no se celebren este año en Aguilar de la Frontera. Aún queda en el aire la posibilidad de que se pueda llevar a cabo la Feria Real con estrictas medidas de seguridad, pero todo hace indicar que tampoco podrá desarrollarse esta festividad.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía recoge en sus datos oficiales que, a fecha 7 de mayo, Aguilar de la Frontera acumula 11 casos positivos por Covid-19, dos de ellos conocidos en los últimos 14 días. Cabe destacar que los datos facilitados son acumulables, es decir, recogidos desde que se declaró el estado de alarma hasta hoy, por lo que puede darse que algunos no permanezcan activos.

En el resto de los municipios de la comarca Campiña Sur Cordobesa, Montilla destaca con 84 casos confirmados y 10 defunciones, Puente Genil le sigue con 45 casos confirmados y 4 defunciones. Por detrás estarían Fernán Núñez con 18 casos y una defunción, Montemayor con 13 casos confirmados y 1 defunción, La Rambla con 6 casos confirmados, Moriles y Santaella con 4 casos cada uno y Montalbán con 3. La Guijarrosa, San Sebastián de los Balleteros y Monturque hasta el momento no tendrían ningún contagio.

En total, Córdoba registraba a día siete de mayo 1.527 positivos.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha puesto de manifiesto el malestar existente entre los alcaldes y alcaldesas de la provincia, “quienes están conociendo el número oficial de contagiados en cada uno de los municipios a través de la publicación de estos datos en los medios de comunicación”.

Ruiz ha explicado que “esta disconformidad será trasladada a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, puesto que nuestros regidores y regidoras deben ser los primeros en conocer cómo está evolucionando la situación desde el punto de vista sanitario en sus localidades”.

“Debemos tener muy presente que todos y cada uno de los responsables municipales llevan, desde el primer día, al frente de esta batalla de carácter sanitario”, ha añadido Ruiz.

El máximo responsable de la institución provincial ha insistido en que “la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ya le trasladó en días anteriores esta petición a la Junta, y que ya existe un compromiso previo por parte del presidente andaluz”.

Según Ruiz, “en ningún momento podemos perder de vista que los ayuntamientos son la administración más cercana a los vecinos y vecinas de nuestra provincia, los que en primera instancia están atendiendo los problemas que se desencadenan como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19”.

“Por ello, deben ser también los primeros conocedores de cómo evolucionan los datos de contagiados en sus pueblos, para poder reaccionar de la manera más rápida y efectiva posible a las posibles consecuencias que puedan derivarse de las nuevas cifras”, ha remarcado Ruiz.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha querido insistir en que “son los regidores municipales los que deben atender las necesidades y problemas que se presenten en sus poblaciones y, en momentos tan complicados como el que estamos viviendo, el tiempo de reacción puede ser determinante”.

Para Ruiz, “desde nuestros ayuntamientos se vienen desarrollando importantes acciones comunicativas, para que los vecinos y vecinas atiendan a las especificidades establecidas por el estado de alarma, además de dar respuesta a demandas de primeras necesidades que están surgiendo y de los que son conocedores como administración más cercana”.

“En momentos como éstos, la colaboración institucional debe primar por encima de cualquier desavenencia, por lo que le solicitamos a la Junta de Andalucía que participe de dicha lealtad y les facilite en primera instancia y de manera oficial a todos nuestros ayuntamientos los datos que se vayan derivando de la actual crisis sanitaria”, ha concluido Ruiz.

La Consejería de Salud y Familias, junto con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, han elaborado una serie de gráficos para mostrar la evolución del COVID – 19 en el Sur de Córdoba, Área Sanitaria a la que pertenece Aguilar de la Frontera.

En total, a fecha 14 de abril, son 443 las personas contagiadas por coronavirus en el Distrito Sanitario Sur de Córdoba. Además, hay 25 fallecidos y 53 curados.

Cabe destacar que este área sanitaria abarca las comarcas de Campiña Sur, Campiña Este y Subbética.

En lo que a datos provinciales se refiere, Córdoba tiene actualmente 1.211 casos positivos por COVID – 19. De esta cifra total, 468 personas han precisado hospitalización y 61 han tenido que ser ingresados en UCI. Nuestra provincia cuenta con 207 curados y 59 fallecidos a causa del coronavirus.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus, que incluye entre sus iniciativas la puesta en marcha de una ayuda de 300 euros para trabajadores por cuenta propia, autónomos o mutualistas.

Estas subvenciones, que cuentan con un presupuesto de 50 millones de euros, tienen el objetivo cubrir los gastos a los que el colectivo sigue haciendo frente, como las cuotas de la Seguridad Social, a pesar de la merma patente de sus ingresos.

Igualmente, la medida pretende complementar las que ya se han adoptado a nivel nacional y llegar a parte del colectivo que no se está beneficiando de algunas de ellas, como la prestación extraordinaria por cese de actividad.

Debido al carácter urgente de la medida, el decreto ley establece que la tramitación, que sólo podrá realizarse de forma telemática, se llevará a cabo con un procedimiento simplificado y ágil, de forma que, en una primera fase, el autónomo únicamente tenga que presentar una solicitud 'online' y pueda cobrar la ayuda en el más breve plazo posible, para hacer frente a los gastos más inmediatos.

Plazos

Con respecto a los plazos, los potenciales beneficiarios podrán tramitar su solicitud desde el día siguiente a la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y hasta quince días después de declararse finalizado el estado de alarma, o hasta que se haya agotado el presupuesto.

Para cumplimentar la solicitud basta rellenar el formulario telemático, que incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos; el DNI-NIF; domicilio fiscal; empadronamiento en Andalucía; alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en su mutualidad alternativa; no ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad; número de cuenta bancaria para que pueda ser percibida la ayuda y declaración del IRPF para aquellos solicitantes que estaban dados de alta en ese ejercicio fiscal.

Beneficiarios

Para ser beneficiario de la ayuda, el decreto ley establece como requisito ser trabajador por cuenta propia, o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía, y estar afiliado al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente, en la fecha de la entrada en vigor del estado de alarma.

Se excluyen de la ayuda a aquellos autónomos que se han acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad que aprobó el Gobierno en el Real Decreto Ley de 29 de marzo, a aquellos trabajadores por cuenta propia o mutualistas cuya actividad está considerada como servicio esencial, y aquellos autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 39.900 euros anuales).

No obstante, dentro de los servicios esenciales, sí se ha incluido como potenciales beneficiarios a trabajadores por cuenta propia que desarrollan distintas actividades. En concreto, se han fijado hasta 99 tipos de profesiones de muy diversa índole y sector, entre las que se encuentran sanitarios (como odontólogos, fisioterapeutas, logopedas); artesanos (fabricación de papel, productos de madera, vidrio, hierro, instrumentos musicales); autónomos de centros o clínicas veterinarias; ópticas y productos ortopédicos; prensa y papelería; tintorerías; fotografía; textil y confección; componentes electrónicos; servicios de transporte de personas; abogados; procuradores; intérpretes; psicólogos; profesionales del sector de la flor cortada; actividades relacionadas con las telecomunicaciones; fabricantes de quesos o servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad, entre otros.