La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha trasladado formalmente a la Secretaría de Estado de Hacienda su preocupación por la actual aplicación del principio de estabilidad presupuestaria a las entidades locales, especialmente en los casos en los que estas gestionan programas financiados mediante subvenciones finalistas procedentes de otras administraciones.
En una carta, remitida por la Junta de Gobierno de la Entidad, se ha expuesto que, durante el ejercicio 2024, la Mancomunidad ha ejecutado distintos programas de empleo y formación cofinanciados por la Junta de Andalucía, cuya financiación fue ingresada a finales del ejercicio 2023. Esta circunstancia ha provocado un desfase técnico en términos contables que, sin suponer un déficit real ni estructural, ha obligado a la aprobación de un Plan Económico-Financiero.
El presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, ha lamentado que “una mera cuestión técnica acabe generando la obligación de elaborar un plan que no responde a un desequilibrio económico real, sino a una descoordinación entre los tiempos de ingreso y gasto de las subvenciones finalistas”.
Ruz ha subrayado también que “resulta incoherente que se exija un Plan Económico-Financiero cuando la estabilidad financiera de las diferentes entidades está totalmente garantizada”, y ha recordado que la propia Intervención General del Estado reconoce que la utilización de remanentes afectados no debe considerarse generadora de déficit estructural.
Desde la Junta de Gobierno de la Mancomunidad se solicita una revisión del actual modelo de medición de la estabilidad presupuestaria, para que se puedan distinguir correctamente las desviaciones técnicas derivadas de la imputación temporal de subvenciones de los verdaderos incumplimientos estructurales y, a este respecto, el presidente de la Entidad supramunicipal ha señalado que es necesario que la normativa se adapte a la realidad de las entidades locales, que ejecutamos programas estratégicos en nombre de otras administraciones”.
La Mancomunidad ha aprovechado su escrito para recordar la singularidad de estas entidades locales como estructuras esenciales en la prestación de servicios públicos intermunicipales, altamente dependientes de financiación finalista, y ha pedido que esta especificidad sea tenida en cuenta en la aplicación de los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera, ya que “nuestro objetivo no es otro que contribuir a una buena administración y a una gestión pública eficiente, sin que la burocracia innecesaria distraiga recursos que deberían estar centrados en mejorar la vida de nuestros vecinos”, ha indicado el presidente.
La entidad supramunicipal ha enviado también sendos escritos a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, así como a la FAMP y a la FEMP, solicitando a estas dos últimas entidades que sean interlocutoras activas ante el Ministerio de Hacienda para revisar los actuales criterios de evaluación y promover una interpretación más realista y adaptada a las singularidades de la gestión local.
