La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Memoria Democrática, ha suscrito un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera con el fin de dar continuidad a los trabajos de localización y exhumación de las fosas comunes ubicadas en el municipio.
El convenio firmado con Aguilar se refiere a un proyecto con un coste de 16.940 euros, de los cuales la Diputación aporta 13.000 euros.
Con esta actuación se pretende detectar las fosas para, posteriormente, delimitar el perímetro y, en la medida de lo posible, analizar el estado de conservación de los restos óseos y evaluar la posibilidad de realizar una exhumación individualizada.
El acuerdo ha sido firmado por el máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, quien ha destacado durante la rúbrica la necesidad de “restituir la memoria de las víctimas de la mano de los ayuntamientos, comprometidos tanto con la memoria democrática como con las víctimas y sus familiares, que tienen derecho a localizarlas y devolverles la dignidad que un día la barbarie franquista les quitó”.
Ruiz ha hecho hincapié en que “desde la Diputación entendemos la necesidad de establecer un marco para el reconocimiento público y la rehabilitación moral de las personas que fueron víctimas, poniendo fin a un olvido injusto e interesado que se ha producido”.
Por su parte, el responsable de Memoria Democrática de la Diputación, Ramón Hernández, ha insistido en que “los ayuntamientos no tienen muchas veces los recursos económicos necesarios para poder acometer estas actuaciones, de ahí que desde la Diputación exista el compromiso de ayudarles para que dispongan de medios”.
Hernández ha apuntado que “es el momento de exigir actuaciones, tanto por iniciativa institucional como por entidades sin ánimo de lucro, para recuperar la memoria histórica de personas asesinadas ocultadas durante la guerra civil y la posguerra. No podemos hacer oídos sordos a estas demandas que, además, son de justicia”.
Los últimos trabajos en Aguilar de la Frontera se desarrollaron el pasado verano, siendo financiados a través de subvenciones de la Delegación de Memoria, la FEMP y el propio ayuntamiento. Llevaban once años paralizados por falta de financiación.
