El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido aprobar la proposición no de ley que defiende la ampliación de la zona regable del Genil-Cabra en la margen derecha a su paso por Puente Genil.

El diputado y presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha propuesto la iniciativa en la comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Parlamento andaluz. Una ampliación “que se solicita para los términos de Aguilar de la Frontera, Moriles y Puente Genil y que es viable desde el punto de vista técnico y legal, lo que podría generar empleo y riqueza de forma inmediata sin necesidad de inversión pública”, ha destacado Molina.

Según el diputado popular esta proposición viene a saldar una deuda histórica con casi un millar de agricultores de los términos municipales de Puente Genil, Aguilar de la Frontera y Moriles, ya que la infraestructura lineal del canal Genil-Cabra supone una cicatriz que divide en dos el término municipal de Puente Genil, con los considerables perjuicios que ello implica.

Molina ha explicado en su intervención que se da la paradójica circunstancia de que en Puente Genil, por donde transcurren 20 de los 33 kilómetros del canal, no se otorgaron derechos de riego en los terrenos ubicados en la margen derecha del canal, ni siquiera a las parcelas linderas o próximas, ni tampoco a aquellas que fueron divididas en dos por la propia construcción de la infraestructura; algo difícilmente entendible desde el punto de vista de la eficiencia de las inversiones y de la justicia territorial. En cambio, sí se permite el riego en la margen derecha del canal a partir del río Cabra en adelante, es decir, justo donde acaba el término de Puente Genil y comienza el de Santaella.

“Esto supone una pérdida de oportunidades y de desarrollo económico inexplicable, ya que existe la posibilidad de ampliar esa zona regable sin que requiera ninguna inversión de la administración porque existe capacidad suficiente en las estaciones de bombeo principales de los primeros sectores de la zona”, argumenta Adolfo Molina.

Esta concesión de aguas para la zona regable Genil-Cabra contempla una dotación anual por hectárea de 4.823 metros cúbicos, y la media de consumo entre 1990 y 2020 (ambos inclusive) fue de unos 2.300 metros cúbicos por hectárea, menos de la mitad del canon en la actualidad (2.300 metros cúbicos al año).

Se podría rebajar aún más el consumo por hectárea si se acometiese el proyecto de mejora del embalse de Cordobilla, ha explicado el presidente cordobés. “En la actualidad los agricultores del primer tramo del canal se ven obligados a regar por aspersión sus cultivos, ya que no pueden hacerlo por goteo debido a los problemas de atoramiento de las tuberías provocados por el lodo que pasa del embalse al canal; es inexplicable que la CHG acumule tanto retraso en la licitación de la obra del embalse de Cordobilla, lo que está provocando que los agricultores se vean obligados a utilizar técnicas de regadío de mayor consumo y menos operativas”.

La demanda del PP-A ha abordado también este problema de aterramiento que sufre desde hace más de una década el embalse de Cordobilla, desde donde se bombea el agua para el canal.

“El agua bombeada contiene una gran cantidad de lodos que vienen generando graves daños en las instalaciones de riego”, explica Molina, y matiza que es fundamental exigir a la CHG y el Ministerio de Transición Ecológica la licitación y ejecución inmediata y urgente de un proyecto que cuenta con evaluación de impacto ambiental favorable desde junio de 2020.

La propuesta no de ley del grupo popular ha sido aprobada y con ella se impulsa la acción de gobierno para trasladar este asunto a la Comisión Técnica Mixta, conformada por la CHG, el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Agricultura, y que de esta forma la ampliación de la zona regable en la margen derecha del canal a su paso por Puente Genil pueda incluirse antes de diciembre en el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Alejandro Hernández, portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía, ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación en Aguilar, esta vez en la Plaza del Carmen, para que explicar que “desde la última vez que vinimos, hemos recibido muchos mensajes de indignación y tristeza con respecto a la retirada de la cruz de las Descalzas. Venimos para mostrarle a los aguilarenses nuestro apoyo y solidaridad. Además, también les vamos a entregar unas banderolas para que las coloquen en sus ventanas, quien lo vea oportuno, y pueda dejar patente su rechazo a esa política de odio y resentimiento que se pone en marcha por parte de la alcaldesa”.

“Este tema se va a seguir llevando al Parlamento de Andalucía. Seguimos a la espera de que se nos faciliten el expediente que dio lugar a la retirada de la cruz. Quizás la Junta de Andalucía tampoco tenga la conciencia tranquila sobre como se ha actuado. Además, si todo sigue igual, continuaremos pidiendo el cese de la consejera”, informó Hernández.

En este sentido, el portavoz de VOX en el Parlamento Andaluz quiso destacar que “durante el pasado verano fue cuando nosotros empezamos a movernos en este tema, porque ya estaba empezando la campaña de ‘cristofobia’ por parte del ayuntamiento. Quien llevó la cruz al vertedero fueron los servicios municipales, no fue la gente de VOX. Lo que tendría que pensar la alcaldesa es si eso es forma de tratar un símbolo religioso".

“En temas de Memoria Histórica, cuando pueden, el Partido Popular y Ciudadanos se ponen de perfil. A nosotros no nos sorprende. Cuando ven que puede tener un coste político para ellos, intentan recoger las velas. La realidad es que esta es una cuestión en la que siempre nos quedamos solos. Esto es algo que deben conocer los aguilarenses y los andaluces en general. Los únicos que pedimos la derogación de la Ley de Memoria Histórica somos nosotros”, terminó afirmando Alejandro Hernández.

El Parlamento Andaluz retoma esta semana su actividad ordinaria y abre un nuevo periodo de sesiones tras el paréntesis del mes de enero con la celebración de diversas comisiones en las que se abordarán, entre otros asuntos, la retirada de la cruz del Llanito de las Descalzas en Aguilar, el curso universitario ante la evolución de la pandemia y el proceso de vacunación frente al Covid-19.

Como consta en la agenda parlamentaria, consultada por Europa Press, la actividad arrancará el martes, 2 de febrero, con la comparecencia de diferentes colectivos en la Comisión sobre la discapacidad en Andalucía, entre ellos, la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) en Andalucía y la Asociación Paideia Profesional de Pedagogos de Andalucía.

El miércoles, 3 de febrero, en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la consejera Marifrán Carazo informará sobre el plan de choque ejecutado en 2020 para mejorar las carreteras de titularidad autonómica de la Junta.

Ese mismo día también se celebrará la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, y la consejera Patricia del Pozo, informará sobre la retirada de la cruz del Llanito de las Descalzas en Aguilar de la Frontera (Córdoba) y sobre el proyecto de rehabilitación y obras de restauración del Monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce (Sevilla).

En la sesión de tarde, tendrá lugar la Comisión de Control de la RTVA y sus sociedades filiales, con la comparecencia de su director general, Juan de Dios Mellado, para informar sobre los ceses y nuevos nombramientos en la entidad.

El jueves, 4 de febrero, se celebrará la Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, con la comparecencia del consejero Rogelio Velasco, quien analizará el curso universitario ante la evolución de la pandemia.

Ese mismo día tendrá lugar la Comisión de Salud y Familias, con el consejero Jesús Aguirre, que informará sobre la estrategia de Investigación e Innovación en Salud de Andalucía 2020-2023, y sobre el desarrollo de la vacunación frente a la Covid-19.

Por último, el próximo jueves también retorna la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con la comparecencia de la consejera del ramo, Rocío Ruiz, para abordar el informe anual en materia de violencia de género en Andalucía en 2019.