La Guardia Civil ha investigado en Aguilar de la Frontera a tres personas como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico, tras supuestamente tener enganches ilegales a la red eléctrica para alimentar servidores de criptomonedas.

Tal y como ha indicado la Benemérita en una nota, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de abril tras detectar agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Puente Genil, que una nave industrial ubicada en la localidad de Aguilar de la Frontera, presentaba un enganche ilegal a la red eléctrica, sospechando los guardias civiles que en su interior pudiera estar realizándose una actividad ilegal que precisaba de un elevado consumo energético.

Por ello se procedió al registro de la misma, lo que permitió comprobar que días previos al registro se había desmantelado lo que parecía ser una minería de criptomonedas, minería ésta en la que se calculaba que habría más de 30 dispositivos de procesamiento de datos, estando dotados de un complejo equipo de refrigeración para disipar el gran calor que generan este tipo de servidores.

Asimismo, días más tarde, los investigadores de la Guardia Civil localizaron en el interior del casco urbano de Puente Genil, una vivienda la cual aparentemente no se encontraba habitada, si bien la misma desprendía gran cantidad de calor, lo que hizo sospechar que también podría disponer de un enganche ilegal a la red eléctrica.

Tras diversas gestiones fue localizado el enganche ilegal que se encontraba ubicado en el cuarto de contadores en las zonas comunes del bloque de pisos. Por ello, tras la identificación del responsable de la vivienda se procedió a registrar la misma, localizándose en su interior cuatro servidores de criptomonedas activos, así como un complejo sistema de refrigeración y de suministro de luz y fibra óptica.

Por todo ello, se ha procedido a la investigación de tres personas de 41, 31 y de 24 años, vecinas de Aguilar de la Frontera y de Málaga, como presuntas autoras de un delito de defraudación de fluido eléctrico para el minado de criptomonedas. Los investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios contra el robo en explotaciones agrícolas y ganaderas en Córdoba, ha detenido a ocho personas y ha investigado a 89 en la zona sur de la provincia, durante los operativos realizados en la campaña de recogida de aceituna 2023-2024, recientemente finalizada.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota de prensa, estos operativos se han llevado a cabo tras conocer, al inicio de la campaña de recogida de aceituna, que uno de los equipos ROCA que actúa en la zona sur de la provincia había detectado varios hurtos de aceitunas en fincas ubicadas principalmente en los términos municipales de Lucena, Aguilar de la Frontera, Puente Genil, Cabra, Rute, Benamejí y Priego de Córdoba.

Durante el desarrollo de la campaña, y concretamente para la realización de estos operativos, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Guardería Rural de las zonas afectadas, estableciendo contacto directo con los Guardas de Campo, lo que ha permitido realizar varios operativos que han dado como resultado la recuperación de gran cantidad de aceitunas sustraídas.

Como resultado de estos operativos, la Guardia Civil ha logrado recuperar más de 20 toneladas de aceituna, así como el material utilizado para su sustracción, tales como fardos, varas, cepillos, rodillos y esportones.

En concreto, se ha procedido a la detención de ocho personas, se ha investigado a otras 89, se han intervenido 14 vehículos y se han instruido 25 actas de denuncia por infracciones administrativas por carecer del Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT).

La Guardia Civil investiga a tres personas como presuntos autores de un delito de incendio forestal en las inmediaciones del Río Cabra, en el término municipal de Monturque, tras supuestamente provocar un fuego con el vertido incontrolado de residuos peligrosos.

Según ha indicado la Benemérita en una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron tras observar el Equipo de Protección de la Naturaleza del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, cuando circulaban por el kilómetro 0,5 de la carretera A-432 en las inmediaciones del Río Cabra, en Monturque, una columna de humo procedente, al parecer, de un incendio forestal que se había producido en la zona.

Ante ello, los guardias civiles solicitaron, a través del 112, la presencia de una dotación de bomberos, ya que en un primer momento no pudieron extinguir por sí solos el fuego dado, que la sustancia vertida reaccionaba con más gases y llamas a la utilización del extintor de dotación del vehículo oficial y agua. Finalmente, se personó una dotación del parque de bomberos de Lucena que procedió a su extinción.

Con el objeto de poder identificar y conocer las características de la sustancia y atacar con garantías las llamas, el jefe de la dotación realizó consulta a la Gerencia del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, la cual contactó con una empresa especializada en gestión de residuos peligrosos que identificó el tipo de cenizas vertidas como restos de la aplicación de fosfuro de aluminio, altamente tóxico, teniendo la consideración de un producto biocida utilizado en el control de plagas.

El desarrollo de la investigación desarrollada por el Equipo de Investigación del Seprona ha permitido establecer el origen del residuo de fosfuro que provocó el incendio. Así, han conseguido identificar la empresa donde fue aplicado el producto y a la empresa encargada del tratamiento.

Asimismo, han identificado al administrador de la empresa y a dos trabajadores que, en calidad de técnicos habilitados para poder realizar este tipo de tratamientos, son presuntos responsables de la aplicación del fosfuro de aluminio y de la posterior retirada y eliminación incontrolada mediante su vertido del residuo de fosfuro que dio origen al incendio.

Ante ello, el Seprona ha procedido a la investigación de estas tres personas, administrador y dos técnicos, como presuntos autores de un delito de incendio forestal y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las diligencias y los investigados han sido entregados y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Único de Aguilar de la Frontera.