Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Aguilar en el que pide que se pongan en marcha los mecanismos administrativos correspondientes para la modificación del artículo 8.3.a.1º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, “bajando el tipo impositivo aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana del 1% al 0,90%”.

Desde UPOA exponen que “en España existen 8.131 Municipios, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Tan sólo 63 Municipios aplican un tipo de gravamen como es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles superior al que existe en Aguilar de la Frontera, o lo que es lo mismo, el 99,33% de los municipios españoles exigen a sus vecinos un menor tipo de gravamen que Aguilar de la Frontera (el 1%)”.

Además, según esta formación política, “el promedio del tipo impositivo a nivel estatal en los municipios de entre 10.001 y 20.000 habitantes, tramo en el que está Aguilar de la Frontera, se sitúa en el 0,63%, muy inferior al existente en nuestra localidad. En Andalucía, solamente tres municipios exigen un tipo de gravamen superior (Almuñécar [1,07%], Isla Cristina [1,068%], y San Juan del Puerto [1,04%]), situándose el promedio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el 0,57%, casi la mitad del tipo impositivo aplicable en Aguilar de la Frontera. En la Provincia de Córdoba, Aguilar de la Frontera encabeza el ranking, teniendo la contribución más alta a nivel provincial, a la vez que el promedio de la Provincia se sitúa en el 0,66%”.

“El artículo 72.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que: ‘El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por ciento para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos’”, exponen desde UPOA.

En este sentido, UPOA refleja en su escrito que “corresponde a los Ayuntamientos la fijación del tipo de gravamen en esa horquilla que oscila entre el 0,4 y el 1,1 por ciento”.

“Venimos exigiendo desde hace varias legislaturas la necesidad de una bajada del tipo aplicable a este impuesto. Izquierda Unida también lo pedía, e incluso presentaba Mociones conjuntas con UPOA, PP y PA, cuando era parte de la oposición en las Legislaturas 2011-2015 y 2015-2019”, finaliza su comunicado Unidad Popular de Aguilar.

UPOA ha solicitado a la alcaldía incluir entre los puntos del Orden del Día del Pleno Ordinario del mes de octubre la bajada del impuesto del IBI en el municipio, ya que según el partido “Aguilar tiene el impuesto más alto de los 75 pueblos y ciudades de la provincia de Córdoba”.

Los de la oposición mantienen que “Aguilar lleva 10 años con el 1%, es decir, rozando el límite legal máximo (que es del 1,1%)”.

A modo de ejemplo, UPOA explica que siguiendo “este tipo de gravamen, que se aplica sobre el valor catastral de la vivienda, en Aguilar se pagarían 500 euros de contribución por una casa cuyo valor catastral es de 50.000 euros, mientras que en Montemayor (con un IBI del 0,50%) se paga por la misma casa 250 euros y en Córdoba capital (con un IBI del 0,5236%) 261 euros ”.

“Tenemos el impuesto de la contribución más caro de toda la provincia a pesar de tener las cuentas saneadas, un ahorro de más de 14,5 millones de euros y no estar prestando ningún servicio municipal más de calado que otros pueblos con los que comparamos este impuesto”, añaden desde el partido.

Para solucionarlo UPOA propone “una bajada hasta el 0.90% para 2021 y en próximos años ir bajando sin que suponga un problema en las arcas municipales”.

Este miércoles la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, ha comparecido ante los medios de comunicación junto con Dunia Navarro, responsable del Servicio de Catastro de la Mancomunidad Campiña Sur, para “informar sobre un tema que está generando bastante preocupación entre los ciudadanos de la localidad, como es el cobro del IBI que está llegando a algunas casas en unas cantidades no esperadas por muchas personas”.

Flores ha aclarado que “Izquierda Unida no ha entrado en el Ayuntamiento para imponer nuevos impuestos, sino que se debe a un proceso de regularización del IBI”. Dicho proceso de regularización tuvo lugar en julio de 2018.

“Esta situación arranca desde el año 2012 al 2016, cuando el ministro Montoro publica una Ley para que se regularicen los temas catastrales. Desde el Ayuntamiento lo que estamos haciendo es informar detenidamente a cada persona que se acerque hasta aquí sobre todo el procedimiento que tiene por delante”, explicó Flores.

La propia alcaldesa de la localidad ha destacado que “hay una fórmula de pago aplazado que puede ser de hasta 24 mensualidades, cuando no alcanza los 5.000 euros de deuda. El fraccionamiento no sería superior a 60 euros. Estos 24 meses de pago podían ampliarse aún más cuando son familias que tengan situaciones especiales, pudiendo prolongarse hasta 36 meses”.

Por otra parte, Navarro ha comentado que “como bien ha dicho la alcaldesa, entre los años 2012 y 2016 se abrió una ventana de regularización que ha servido para regularizar todo el territorio nacional en esta cuestión. Con ello lo que se pretende es dar de alta las modificaciones de todas aquellas construcciones que se hayan realizado y no se hayan declarado, bien porque existiera un error en la base de datos de catastros, o bien porque se han hecho reformas que no se han declarado”.

Este procedimiento finalizó en Aguilar de la Frontera en julio del 2018 y se notificaron todas las alteraciones. Del total de inmuebles del municipio, que son 18.147 entre rústicas y urbanas, sólo se han regularizado el 11 por ciento, 1.995 inmuebles.

El procedimiento de regularización lleva una tasa implícita de 60 euros por inmueble.

“Las notificaciones que el año pasado fueron entregadas y no se atendieron, suponían un incremento del valor catastral, con la fecha de efectos en que catastro consideraba que esa construcción existía, con lo cual aumenta el valor catastral de ahora en adelante, y de estos cuatro años hacia atrás, ese incremento del valor catastral también entra al cobro”, señaló Navarro, quién además añadió que “cuando no se atendieron esas notificaciones, un año después Hacienda Local ha puesto al cobro toda la diferencia de valor catastral y son los recibos que se están recibiendo ahora”.

Navarro indicó que “en Mancomunidad Campiña Sur tenemos una ventana para atender al ciudadano. Desde el año pasado, que se empezó a notificar la regularización catastral, se atendieron a 729 personas. 51 en esta última semana, que es cuando se está notificando el cobro por parte de hacienda local”.

Cumplido el plazo de alegaciones desde su notificación, ahora sólo pueden hacerse correcciones. Ante esta situación cualquier persona que no esté de acuerdo con las construcciones que se le hayan dado de alta puede ponerse en contacto con el Servicio de Catastro de la Mancomunidad Campiña Sur.