Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha denunciado públicamente la “situación irregular” del servicio de zona azul en Aguilar de la Frontera, y ha exigido al equipo de gobierno de Izquierda Unida, encabezado por la alcaldesa Carmen Flores, que proceda a su paralización inmediata o a su licitación legal.

En una rueda de prensa ofrecida por el grupo municipal, UPOA mostró su “repulsa” ante las explicaciones dadas por la alcaldesa en el último pleno municipal, calificándolas de “incoherentes y contradictorias”. Según el grupo, el servicio de estacionamiento regulado lleva más de 15 años sin contrato administrativo, lo que, a su juicio, supone “una clara irregularidad”.

“Una empresa privada, sin vinculación con el Ayuntamiento, sigue poniendo denuncias a la ciudadanía y cobrando por un servicio sin contrato. Esto no tiene justificación alguna”, señaló Antonio Zurera, miembro de UPOA.

Durante la comparecencia, el grupo recordó que en febrero de 2024, la propia alcaldesa firmó un escrito en el que aseguraba que el contrato del servicio estaba “cumplido” y que se trabajaba para su paralización e inhabilitación inmediata. Sin embargo, según UPOA, “nada de eso se ha cumplido”, e incluso se ha autorizado el cambio de ubicación de uno de los expendedores, concretamente el situado en la Plaza de San José.

“Esto es tomarle el pelo a la ciudadanía. Conoce perfectamente la situación ilegal que está manteniendo”, afirmó el grupo, que acusa al Gobierno municipal de “mantener casi todos los servicios privatizados” y de “no haber sido capaz en año y medio de licitar este contrato”.

UPOA cuestionó además “a dónde va el dinero recaudado” por la empresa que actualmente gestiona la zona azul, recordando que el Ayuntamiento “no recibe ningún canon ni ingreso por este concepto”.

“El argumento de la falta de personal no sirve. Para licitar un contrato no hay que dejar de hacer otras gestiones. Es un problema de voluntad política y de gestión.”

Asimismo, la formación reiteró que, al no existir contrato, las sanciones impuestas por impago del estacionamiento no son tramitadas por el Ayuntamiento.

“La propia alcaldesa reconoció en pleno que no se están cursando multas. Lo hemos denunciado durante años y ahora lo confirma ella misma. La empresa cobra, pero las sanciones no tienen validez”, explicó Antonio Zurera.

Ante esta situación, UPOA hizo un llamamiento a la ciudadanía a no pagar la zona azul “hasta que el servicio se regularice mediante licitación o municipalización”.

También defendieron la protección de los derechos laborales de los trabajadores del servicio, señalando que, si se licita legalmente o se municipaliza, “sus puestos estarían garantizados mediante subrogación”. Además, UPOA propone que una posible municipalización incluya la creación de una bolsa de empleo para personas con discapacidad superior al 33%, lo que “permitiría generar más empleo estable y con derechos”.

El grupo municipal de UPOA instó al equipo de gobierno a aclarar la situación y adoptar medidas urgentes, advirtiendo que, si no se actúa, se plantearán acciones ante la justicia.

“No vamos a ser cómplices de una situación que consideramos irregular. La alcaldesa tiene muy fácil la solución: o licita el servicio o lo municipaliza, pero no puede consentirse que se siga metiendo la mano en el bolsillo a los vecinos de Aguilar”, concluyó Zurera.