El pasado 17 de octubre, Mareas Blancas de Andalucía presentó un escrito ante las distintas Fiscalías provinciales denunciando el incumplimiento del Decreto de Plazos en la asistencia médica a la población andaluza por parte de la Junta de Andalucía, así como las graves consecuencias que ello tiene sobre la salud, agravando enfermedades y demorando diagnósticos, cuyas repercusiones pueden llegar a crear problemas irreversibles y, en algunos casos, resultados fatales.
"Es evidente que no siendo entendidos en procedimientos judiciales, no podemos hacer un análisis jurídico de las razones por las cuales la Fiscalía, de manera unitaria, ha desestimado el iniciar una investigación sobre la falta de cumplimiento del Decreto de Plazos, aduciendo carácter prospectivo y que no podría derivar en consecuencias penales", aseguran desde Mareas Blancas de Andalucía
Desde este movimiento en pro de la Sanidad Pública indican que "como ciudadanos se hace evidente el incumplimiento del Decreto de Plazos por parte de la Junta de Andalucía, y desde la perspectiva de la población andaluza, es ilegal e injusto".
Además, añaden que "creemos llevar razón, ya que lo que pedimos, se corresponde con la definición del artículo 124 de la Constitución Española: “El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.
"Tampoco podemos entender la definición de investigación prospectiva, cuando los datos aportados de las demoras, corresponden a los dados por la Junta de Andalucía en su página oficial, cuando existen ejemplos recientes y actuales de considerar datos no prospectivos las opiniones en periódicos y revistas", exponen desde Mareas Blancas de Andalucía.
Desde nuestra visión en defensa de la protección de salud de la población está claro que defendemos la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los y las ciudadanas andaluzas y del interés público que debiera estar tutelado por la ley.
Asimismo, según Mareas Blancas de Andalucía, "la justicia debería proteger los derechos básicos de los ciudadanos, contra el abuso de cualquier tipo de poder, y de una manera clara, inmediata y sin demora, sobre todo, cuando se pone en juego la atención a la salud de la mayoría de la población, aunque esto no afecte al personal de la Justicia, que tiene su propio sistema sanitario distinto al mayoritario".
"Las Mareas Blancas Andaluzas seguimos exigiendo a todos los poderes públicos una sanidad púbica, universal y de calidad, y denunciaremos y lucharemos contra el desmantelamiento de los Centros de Salud y Hospitales, contra la privatización y el traspaso millonario de dinero público para engordar los grandes beneficios de los fondos buitres, dueños de los hospitales privados. Todo ello sucede debido a las políticas establecidas por la Junta de Andalucía, cuya finalidad es acabar con la Sanidad Pública de la que hemos disfrutado hasta ahora", apostillan.
