El Consejo de Ministros aprobó este viernes un Real Decreto-ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Además, este es un derecho de la ciudadanía que se recibirá siempre y cuando se cumplan los requisitos de acceso.
Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde los 18 si el solicitante tiene menores a su cargo, que lleven, al menos, un año de residencia legal en España. El acceso a la ayuda dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite.
Además de los ingresos, se comprobará el patrimonio neto del solicitante, restando sus deudas, y sin tener en cuenta la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola y se irá incrementando por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros.
El umbral de renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trate de una unidad de convivencia se incrementará en 139 euros al mes por cada persona, hasta un máximo de 1.015 euros mensuales. Además, las familias monoparentales recibirán un complemento de 100 euros al mes.
Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir del 15 de junio de 2020 y todas las solicitudes que se cursen desde ese día hasta el 15 de septiembre se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.
Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de otros canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de Seguridad Social tenga habilitados al efecto. Además, se podrán celebrar convenios o acuerdos con las Comunidades Autónomas y las entidades locales (Ayuntamientos) para mejorar la eficiencia en la gestión de las solicitudes.
