Este miércoles la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, ha comparecido ante los medios de comunicación junto con Dunia Navarro, responsable del Servicio de Catastro de la Mancomunidad Campiña Sur, para “informar sobre un tema que está generando bastante preocupación entre los ciudadanos de la localidad, como es el cobro del IBI que está llegando a algunas casas en unas cantidades no esperadas por muchas personas”.
Flores ha aclarado que “Izquierda Unida no ha entrado en el Ayuntamiento para imponer nuevos impuestos, sino que se debe a un proceso de regularización del IBI”. Dicho proceso de regularización tuvo lugar en julio de 2018.
“Esta situación arranca desde el año 2012 al 2016, cuando el ministro Montoro publica una Ley para que se regularicen los temas catastrales. Desde el Ayuntamiento lo que estamos haciendo es informar detenidamente a cada persona que se acerque hasta aquí sobre todo el procedimiento que tiene por delante”, explicó Flores.
La propia alcaldesa de la localidad ha destacado que “hay una fórmula de pago aplazado que puede ser de hasta 24 mensualidades, cuando no alcanza los 5.000 euros de deuda. El fraccionamiento no sería superior a 60 euros. Estos 24 meses de pago podían ampliarse aún más cuando son familias que tengan situaciones especiales, pudiendo prolongarse hasta 36 meses”.
Por otra parte, Navarro ha comentado que “como bien ha dicho la alcaldesa, entre los años 2012 y 2016 se abrió una ventana de regularización que ha servido para regularizar todo el territorio nacional en esta cuestión. Con ello lo que se pretende es dar de alta las modificaciones de todas aquellas construcciones que se hayan realizado y no se hayan declarado, bien porque existiera un error en la base de datos de catastros, o bien porque se han hecho reformas que no se han declarado”.
Este procedimiento finalizó en Aguilar de la Frontera en julio del 2018 y se notificaron todas las alteraciones. Del total de inmuebles del municipio, que son 18.147 entre rústicas y urbanas, sólo se han regularizado el 11 por ciento, 1.995 inmuebles.
El procedimiento de regularización lleva una tasa implícita de 60 euros por inmueble.
“Las notificaciones que el año pasado fueron entregadas y no se atendieron, suponían un incremento del valor catastral, con la fecha de efectos en que catastro consideraba que esa construcción existía, con lo cual aumenta el valor catastral de ahora en adelante, y de estos cuatro años hacia atrás, ese incremento del valor catastral también entra al cobro”, señaló Navarro, quién además añadió que “cuando no se atendieron esas notificaciones, un año después Hacienda Local ha puesto al cobro toda la diferencia de valor catastral y son los recibos que se están recibiendo ahora”.
Navarro indicó que “en Mancomunidad Campiña Sur tenemos una ventana para atender al ciudadano. Desde el año pasado, que se empezó a notificar la regularización catastral, se atendieron a 729 personas. 51 en esta última semana, que es cuando se está notificando el cobro por parte de hacienda local”.
Cumplido el plazo de alegaciones desde su notificación, ahora sólo pueden hacerse correcciones. Ante esta situación cualquier persona que no esté de acuerdo con las construcciones que se le hayan dado de alta puede ponerse en contacto con el Servicio de Catastro de la Mancomunidad Campiña Sur.
