Este martes, María del Carmen Jiménez, Técnico Responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor en Aguilar (O.M.I.C.) hizo un llamamiento a la ciudadanía de Aguilar para alertar sobre un posible desmantelamiento de la oficina del consumidor, con la intención de eliminarla.

Según explica Jiménez en un comunicado, sería la alcaldesa de Aguilar, junto con su Equipo de Gobierno, quien habría ordenado su desaparición. 

En dicho comunicado, Jiménez destaca que la oficina de información al consumidor se creó “hace 18 años en Aguilar de la Frontera, y desde el primer momento tuvo como finalidad prioritaria un trabajo constante en la defensa del consumidor, frente a aquellas empresas que pudiesen atentar contra los derechos legalmente reconocidos a los ciudadanos. Así, la oficina se convirtió en una defensora de los ciudadanos/as de Aguilar contra el saqueo de los bolsillos del consumidor y de sus derechos”.

La responsable de la OMIC de Aguilar expone que durante 16 años, “la oficina de consumo fue ubicada en un lugar que carecía de intimidad y privacidad para atender los problemas del usuario, con la confidencialidad que éste se merece”, y además asegura que “con el tiempo se añadieron a las deficiencias iniciales, la falta de requisitos sanitarios básicos: humedad y moho en paredes, insectos, ratas o excrementos de palomas. Todo ello conllevaba el riesgo al que se exponía la salud física de los ciudadanos, y de la técnico de consumo, que acudían día a día, durante años, a un espacio propenso a toda clase de infecciones y contagios”.

Jiménez señala en su nota que “se emitieron dos informes de prevención de riesgos laborales, a los que se les hizo caso omiso. Una Inspección de Trabajo hubiera clausurado dicha oficina de inmediato por riesgos para la salud pública de la empleada municipal, y los usuarios”.

Ante esta situación se valoró la necesidad urgente de trasladar la oficina de consumo a un lugar que reuniera los requisitos estructurales básicos para la atención respetuosa y digna. Así, desde hace escasamente dos años se trasladó dicha oficina del Consumidor al edificio conocido como “Santa Brigida”, con un habitáculo que ofrecía las exigencias de confidencialidad y sanidad necesarias. Asimismo incluía una “zona de espera” específica para el consumidor, la climatización de la misma o servicios sanitarios. 

Sin embargo, María del Carmen Jiménez afirma que “en los últimos tiempos, parece desprenderse la existencia de una estrategia de desmantelamiento de la oficina de consumo. De modo, que a pesar de la gran demanda existente de los usuarios, por los problemas y conflictos que las grandes empresas causan al consumidor, no se facilita un apoyo permanente de personal administrativo que pueda agilizar el trabajo. No se actualiza el material necesario como una simple fotocopiadora obsoleta, que apenas funciona porque tiene más de 30 años, siendo con diferencia la más antigua de todo el Ayuntamiento. No se establece el sistema de red, a pesar de las continuas peticiones para que se instale por parte de la técnica de consumo. Los cables del sistema operativo, de internet, de teléfono se han dejado abandonados en el suelo, en lugar de presérvalos a través de canaletas de protección”.

Todo este déficit de medios, materiales e instalaciones, la propia técnica de consumo ha ido compensándolo, “privándose habitualmente del descanso en la jornada laboral, y si son días de atención al público jamás deja la oficina, con objeto de atender al mayor número de consumidores. También se está atendiendo al consumidor, los días que están destinados (por Comisión de Gobierno), a trabajo de gestión interna. Lo que ocasiona que la técnica de consumo se vea condicionada a finalizar su jornada laboral, más tarde de la fijada por el ayuntamiento, realizando innumerables horas extras no compensadas, al objeto de crear el menor retraso posible en la gestión de las reclamaciones”.

Pero eso no es todo, Jiménez señala que “hay actuaciones municipales que podrían atentar contra la estabilidad psíquica de la técnica de Consumo, utilizando diversos medios. Se le rebaja su categoría profesional del grupo de técnico que está acreditado por su contrato de trabajo y una sentencia del tribunal de lo Social, al de administrativo (ello conlleva un sueldo menguado considerablemente) ; se le deja encerrada, a oscuras y sola en el edificio de Santa Brígida donde trabaja, al dictado de posibles órdenes políticas, lo que le ocasiona a esta técnica de consumo, unas fuertes crisis de pánico y ansiedad. Se esconde todo rastro de la oficina de consumo cuando se inaugura el edificio, y se oculta el beneficio que reporta al pueblo. Se viene obstaculizando por la señora Alcaldesa el trabajo y la formación de esta técnica de consumo, como cuando se retiran los carteles que anuncian al consumidor charlas de información sobre temas de consumo de gran relevancia para los intereses del pueblo ( por ejemplo, la recuperación económica de la clausula suelo y los gastos hipotecarios que se han cobrado improcedentemente por los Bancos, pese a lo cual acuden más de 200 personas)". Estas son algunas de las situaciones vividas, según la responsable de la oficina de consumo.

Jiménez Torrubia detalla en su comunicado que “todo ello no impide que continúe un trabajo de asesoramiento, confección de informes, comunicados de reclamaciones, gestión de mediación con empresas o escritos a instancias superiores, con el fin de que el consumidor no se quede en una situación de indefensión”. María del Carmen afirma además que el suyo es “un trabajo de carácter técnico especializado, que se paga con retribuciones de administrativo. Permítanme que le ponga un ejemplo; sería lo mismo que si se trabajara como médico, pero el salario recibido fuera igual que el que recibe el empleado de mostrador del centro de salud. Máxima responsabilidad, mayor capacitación, trabajo más complejo… pero iguales honorarios”.

La responsable de la OMIC en Aguilar asegura que “ahora se quiere dar otro golpe de gracia trasladando y desmantelando la oficina del consumidor. Efectivamente, a la técnico se le dice verbalmente que realice ella misma la mudanza en 24 horas, de la oficina actual a una oficina de tamaño minúsculo, situada en el edificio de los Desamparados. Ello supone incapacitar definitivamente a la técnico, para que no pueda realizar las funciones legales de defensa del consumidor, impidiendo, en primer lugar que en dicho espacio tenga cabida todo el material necesario para la realización de un trabajo suficiente y adecuado. En segundo lugar desorienta al consumidor, al no encontrar la oficina de consumo en su lugar habitual. Tercero, lleva a cabo una mudanza estéril, que conllevaría un periodo prolongado, durante el cual los problemas del ciudadano son desatendidos. Cuarto, dichas instalaciones están desprovistas de un sistema climático en pasillos y zonas de paso, con lo que al consumidor se le vuelve a exponer a los extremos de frio y calor propios de nuestra zona”. 

Según la propia Técnica de Consumo “todo ello pudiera ser por tanto una maniobra para eliminar la oficina del consumidor, dejándola inoperativa. Y con ello dejar al ciudadano sin el único recurso que posee para defender y proteger sus derechos como consumidor, ante las posibles actuaciones abusivas e ilegales de las grandes empresas”.

Antes estos hechos, Jiménez se pregunta: “¿realmente te sientes un ciudadano respetado y cuidado, con acceso a un trabajo, a una vida digna, a la tranquilidad del derecho de una vivienda, a la recepción de una justicia imparcial, ecuánime y honesta? Si te quitan el medio o instrumento que te pertenece para reclamar tus derechos como consumidor/a cuando se produce el abuso de grandes compañías: telefonía, seguros, electricidad, bancos, o vendedores de productos inservibles a precio de oro. ¿Sigues pensando que te amparan y protegen los responsables pertinentes? 

La técnica de consumo finaliza su comunicado recalcando que “no podemos permitir que nos quiten nuestros derechos como consumidores. Di no al traslado y a la eliminación de la oficina de consumo como servicio público básico, obligatorio y gratuito. Esta medida podría ser contraria a la legislación vigente”. Para impedir que se lleve a cabo el traslado, Jiménez explica que hay que firmar en las hojas que los mismos consumidores han repartido por establecimientos. “Dirígete a los políticos y exprésale lo que piensas. Apoya con tu presencia cuando sea necesario”.