Tras la finalización del pleno celebrado el jueves 28 de junio, los distintos grupos políticos dieron la palabra a Carmen Carbajo, para que pudiera expresar su opinión y situación con respecto a la polémica surgida en torno a su despido, y del que una sentencia judicial ha decretado que debe ser readmitida e indemnizada. En este sentido, la historiadora y arqueóloga comenzó su intervención afirmando que "he demostrado que no necesito ser amiga de nadie para estar aquí. Quiero hacer referencia a los derechos de los trabajadores, a los sindicatos que no se han puesto en contacto conmigo ni se han preocupado por defender mi situación laboral. Estamos a un día de mi despido, que no es excisión de contrato, y nadie de los sindicatos se ha preocupado. Quiero mostrar mi disconformidad ante un informe, igual que hace el señor secretario en su informe". De esta forma, Carbajo pasó a leer un escrito que en Madinfor TV reproducimos íntegramente: 

En primer lugar, dar las gracias por concederme el turno de palabra en este pleno en el que quiero poner de manifiesto mi disconformidad ante un informe que me parece subjetivo, arbitrario y a todas luces sin fundamento, que intenta ningunear y menospreciar mi trabajo atentando contra mis derechos fundamentales y manipulando una sentencia judicial para echarme sin contemplaciones, y elijo este medio porque no quiero reuniones secretas en los despachos, ni conversaciones en los pasillos ni comentarios por detrás. Desde que empecé todo este doloroso proceso lo he hecho a cara descubierta y así lo seguiré haciendo.

Para quien no me conoce me llamo Carmen Carbajo Cubero, licenciada en Historia, con un máster en Arqueología y Patrimonio, amplia formación en protección y gestión del patrimonio histórico, y dilatada experiencia en la materia, que me ha conducido al reconocimiento por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, como directora de actividades arqueológicas de diversa naturaleza.

Llevo 14 años trabajando para esta casa, 14 años en los que he realizado diferentes trabajos relacionados con mi profesión, y demostrando mi profesionalidad, a pesar de que este informe afirma que mi trabajo se limita a actuaciones puntuales y esporádicas, clara muestra del interés que oculta por hacerme invisible, porque señores y señoras, 14 años de trabajo no pueden borrarse de un plumazo, 14 años de dedicación y entrega al patrimonio histórico y arqueológico de nuestra localidad no puede tumbarlo ningún informe redactado en un despacho, por un individuo que desconoce completamente la realidad de la ciudad en la que ejerce, a mi juicio, sus mal entendidas funciones.

No voy a entrar en detalles de la sentencia judicial que me reconoce como personal laboral indefinido, porque entiendo que a estas alturas es de sobra conocida, estoy aquí para poner sobre la mesa el esperpento al que está conduciendo un informe de dudosa objetividad que nadie se atreve a cuestionar, y que en pos del bien público, decide que mi despido es la mejor solución, sin medir las consecuencias y el varapalo que estas desafortunadas decisiones suponen para el Ayuntamiento, para mi persona y para mi familia, tanto económicas como emocionales, porque a nadie le gusta leer en un informe, después de 14 años de dedicación, que su trabajo no es necesario y que se realiza de forma esporádica y puntual, sabiendo que la apuesta fuerte de este equipo de gobierno es el castillo, es la arqueología, es el patrimonio histórico, es el museo. Sabiendo que todo esto podría constituir uno de los principales motores de desarrollo económico de Aguilar de la Frontera y que sin embargo está siendo condenado y sacrificado por los intereses partidistas de un funcionario público que en lugar de velar por que se cumpla la ley, la manipula, malinterpreta y tergiversa para lograr sus objetivos personales.

Pero entremos en el informe en cuestión:

• En primer lugar se alega estar ejecutando una sentencia y maquillando mi readmisión cuando en realidad se está aprovechando un contrato temporal al que he accedido por proceso selectivo y que se celebró mucho antes que el juicio, a pesar de que la sentencia dice expresamente “…que el interés jurídico que debe subyacer en el ejercicio de la acción no ha desaparecido de manera sobrevenida por la posterior celebración del contrato de marzo de 2018”, lo cual viene a decir que el contrato vigente no debe considerarse como la readmisión de la trabajadora. Por lo que no hay readmisión, ni hay ejecución ya que tampoco se ha modificado mi condición de indefinida a la Seguridad Social, por lo que se me va a despedir en calidad de personal temporal. Y para justificarse realiza una maliciosa interpretación de la sentencia en la que nuevamente pone de manifiesto su clara intención de despedirme.
• Otra muestra flagrante de la mala intencionalidad que subyace en el informe se encuentra en el intento de minimizar mi relación laboral con esta casa, al argumentar que desde 2013 hasta 2017 solo estuve contratada 23 meses, casualmente los años en los que la situación generalizada de crisis paralizó todo el país y nuestra localidad no iba a ser menos, siendo mi puesto uno de los más afectados por los recortes, significa esto que me necesitaba menos el Ayuntamiento, en absoluto, significa que la precaria situación laboral a la que me han tenido sometida durante los últimos diez años, permitieron que el sistema no pudiese protegerme en esos duros tiempos que algunos vivimos con más intensidad que otros. ¿Por qué no habla de los cinco años anteriores? ¿Por qué no dice que durante los cinco primeros años estuve trabajando prácticamente a tiempo completo? ¿Por qué no dice que entre el año 2016 y el año 2017 se celebraron hasta tres contratos simultáneos de arqueólogo o similar, y todos los contratos que se han celebrado derivados de las necesidades para la ejecución del proyecto del museo (carpinteros, electricistas, arquitecto, diseñador gráfico, historiador, etc.). Pues porque tampoco interesa a sus fines personales, nuevamente manipulando la realidad, la información y el argumentario, para demostrar a toda costa que mi puesto no es necesario.
• Por otra parte se alega la falta de competencias en materia de arqueología, cuando la Ley de Régimen Local en su artículo 25a, del capítulo III que hace referencia a las competencias, recoge expresamente que una de las competencias del Ayuntamiento es la protección y gestión del Patrimonio Histórico, que también es arqueología, de hecho, cada día hay más ayuntamientos que cuentan en su área de urbanismo o de cultura, con la oficina de arqueología o con la figura del técnico de patrimonio, arqueólogo o similar, de hecho yo no solo soy arqueóloga, como he aclarado anteriormente, soy licenciada en historia con un máster en arqueología y patrimonio, por lo que mis competencias son muchas y muy amplias, porque hablar de que las funciones de una arqueóloga se limitan a realizar actividades arqueológicas preventivas o controles de movimientos de tierra, como dice el informe, es poco menos que decir que un secretario solo sirve para firmar certificados, y estamos viendo que son muchas cosas más las que sabe hacer. Que 14 años de intensa actividad continuada, camuflada con contratos fraudulentos, con la recuperación del cerro del castillo, con un taller de empleo de arqueología, con la coordinación las jornadas de fortificaciones medievales, con la publicación de monografías sobre la investigación arqueológica en Aguilar, con numerosas intervenciones en caso de expolio en el término municipal, con actuaciones arqueológicas de urgencia en obras públicas, con redacción de proyectos, con tramitación de subvenciones, con la redacción y puesta en marcha del proyecto del museo arqueológico local, con la asesoría técnica en diversos aspectos de la gestión y la protección de patrimonio histórico local…, ¿esto es a lo que el informe se refiere cuando habla de trabajos de carácter puntual y esporádico? ¿Esto es lo que se entiende por un trabajo extraño a las competencias locales? Yo entiendo mucho más extraño, que se salte a la torera un convenio colectivo que dicta que un ayuntamiento debe velar por la consolidación de los puestos de trabajo de sus trabajadores laborales, y en el peor de los casos, en la reubicación en caso de extinción del puesto de trabajo, y sin embargo se entretienen en buscar las triquiñuelas para despedir sin contemplaciones, eso sí que es extraño, impropio y me atrevería a decir que incluso inmoral. 
• ¿Y los proyectos que están por venir? ¿Por qué no se habla de ellos en el informe? la excavación de las laderas del cerro del castillo, la recuperación de los tapiales, el PFEA 2018 del que se acaba de hablar en este pleno, las próximas jornadas de fortificaciones medievales, y la puesta en marcha del museo arqueológico. ¿Siguen pensando que nos encontramos ante trabajos puntuales y esporádicos? ¿En serio siguen pensando que no es necesario el puesto? ¿Cómo pretenden acometer entonces todas estas actividades? ¿Reincidiendo en el mismo delito por el que ya han sido condenados una vez, o paralizándolo todo con tal de echarme a toda costa? ¿Y el PFEA 2017 que aún no ha terminado? ¿Saben que no podrá terminarse porque consideran que ya no me necesitan? Y por cierto, no intenten sacar ofertas de empleo maquilladas para evitar mi contratación, porque ya les pasó una vez y solo consiguieron tener paralizadas las obras del castillo y pagar un sueldo durante seis meses a una persona que no podía desempeñar las funciones para las que había sido contratada por no estar cualificada.
• Y lo más irónico, acogerse al artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, cuando precisamente el ayuntamiento ha sido condenado por utilizar contratos sin dotación económica estable y de carácter finalista, estando celebrados en fraude de ley.

Señoras y señores, contratada desde 2008 en fraude de ley, despedida en fraude de ley y pretenden realizar nuevas contrataciones en fraude de ley, un caso de manual de los que deberían estudiar en las Facultades de Derecho, y todo orquestado e hilado por los que deberían ser defensores a ultranza de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la ley. Esto recuerda más a épocas pasadas de regímenes autoritarios donde los sindicatos brillaban por su ausencia, que a tiempos democráticos donde priman los derechos fundamentales y el estado de derecho.

Como podrán comprobar, este informe hace aguas por todas partes y pone en evidencia un claro interés por eclipsar y menospreciar a una trabajadora de esta casa, por minimizarla y ningunearla hasta el extremo de despedirla sin ningún pudor. Este informe arrastra al Ayuntamiento a un nuevo proceso judicial que puede salirle bien, pero también puede salirle mal, y si le sale mal, podría salir muy mal, podría ser que un juez vea en todo esto presuntas represalias a la trabajadora por haber denunciado, podría ser que vean presunto desacato a la autoridad por presunto incumplimiento de una sentencia judicial, podría ser que vean presunto abuso de poder, y entonces, tendrán que responder, y quizás mi despido suponga un perjuicio económico mucho mayor que mi incorporación. Pero eso ni siquiera se lo han planteado.

Si no estaban de acuerdo con la sentencia, ¿por qué no la recurrieron? Pues se lo voy a decir yo, porque si la hubiesen recurrido no hubiesen podido despedirme, tendrían que haberme mantenido en plantilla hasta que se hubiese celebrado el nuevo juicio, lo que pone de manifiesto nuevamente que han actuado con premeditación y alevosía, que tenían muy claro que iban a despedirme de todas formas y fuese como fuese.

¿Por qué todo este esperpento? ¿Por qué esta obcecación por despedirme cuando en otros casos similares con otros compañeros se ha acatado la sentencia y se les ha readmitido con total normalidad? No se dan cuenta de que suena casi obsceno: “Acatamos la sentencia, readmitimos a la trabajadora y seguidamente procedemos a su despido”.

Volveremos a vernos en los tribunales, y si una nueva sentencia judicial vuelve a darme la razón, deberían exigirse responsabilidades a quien está provocando toda esta situación, más propia del guión de una película de serie de B, que del comportamiento ejemplar que deberían estar dando por el puesto que ocupan al que están demostrando no tener ningún respeto, y que escondidos tras la defensa del erario público, no les tiembla la mano en arriesgarlo, parafraseando el apartado 8 de las conclusiones de su informe técnico, amén de suponer un evidente perjuicio económico al Ayuntamiento y todo lo que viene detrás.