El pasado 3 de mayo el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera fue condenado a indemnizar a una trabajadora municipal pagándole varias mensualidades, ya que durante su baja por maternidad, su puesto de trabajo fue ocupado por otra persona. Además, según recoge el fallo de la sentencia judicial “debe ser readmitida en su puesto de trabajo, en idénticas condiciones a las que regían con anterioridad al despido, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, y hasta la readmisión”.
Dicha trabajadora, tal y como se recoge en la sentencia dictada por la Magistrada Jueza del juzgado de lo social número 1 de Córdoba, “llevaba en fraude de ley más de 10 años encadenando contratos temporales para realizar un mismo proyecto relacionado con el Yacimiento Arqueológico del Castillo de Aguilar”.
Así las cosas, según se recoge en una nota de prensa que nos hace llegar la trabajadora, “el Ayuntamiento de Aguilar ha comunicado que seré despedida con fecha 30 de junio del 2018, incumpliendo el artículo 17 del convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento que dice textualmente “El ayuntamiento garantizará y consolidará, con los procedimientos legales necesarios, los puestos de trabajo de los trabajadores laborales….excepto las legalmente establecidas por despido disciplinario o procedente…”
Además, en dicha nota de prensa se añade que “puesto que la sentencia judicial indica claramente la necesidad de hacer indefinida a la trabajadora, la existencia de un superávit económico y la supuesta apuesta del Ayuntamiento de Aguilar por el Yacimiento Arqueológico del Castillo de Aguilar, así como la puesta en marcha de un museo local, queda demostrado que han primado posibles intereses personales, frente al cumplimiento del Convenio Colectivo y de la sentencia dictada por el juzgado número 1 de lo social de Córdoba, y una vez más ha quedado claro que la intención de este gobierno no es la generación y consolidación de empleo”.
Por otra parte, Madinfor Televisión ha contactado con el Ayuntamiento de Aguilar, que también ha explicado su visión sobre este asunto. Desde el consistorio aseguran que “se han limitado a cumplir un informe de los técnicos en el que se decía claramente que si se contrataba a esta trabajadora se incurriría en un delito de prevaricación”.
Asimismo, según ha podido saber Madinfor Televisión, “la trabajadora anuncia nuevas medidas judiciales al ayuntamiento, lo que podría suponer un grave perjuicio económico a esta entidad, que se niega a cumplir la ley y prefiere indemnizar con el dinero del heraldo público”.
