El gobierno local y los distintos partidos de la oposición celebraron en la jornada del jueves la sesión plenaria correspondiente al mes de abril, en la que la concordia y el entendimiento estuvieron presentes en la mayor parte de los doce puntos tratados. No obstante, la controversia de visiones entró en juego sobre todo en tres de ellos. Posiblemente el punto cinco, relativo al “compromiso de gasto plurianual para la financiación del contrato administrativo de servicios consistente en la sonorización e iluminación de las actividades culturales, deportivas, juveniles, turísticas promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en las distintas dependencias municipales”, fue el que causó mayor polémica. En este sentido, Ascensión Pérez, concejala y portavoz del Partido Popular, fue la primera en intervenir, declarando que el gasto de más de 23.500 euros le parecía “excesivo”.
Por su parte, Josefina Avilés, en representación de Izquierda Unida, afirmó que les parecía una “privatización del servicio”, y que les “hubiera gustado que se hubiese informado antes de llevarlo al pleno". Además, se preguntó “si el ayuntamiento cuenta con personal técnico cualificado, y si no, si habría la posibilidad de convocar esa plaza, es decir, si se habían agotado todas las vías”. Un discurso parecido utilizó UPOA que, en palabras de su portavoz Antonio Zurera, recalcó que estaban en contra, ya que se trata de la “privatización de un servicio público”.
Finalmente, la respuesta de José Antonio Montesinos, concejal de Urbanismo y Deportes, fue que “no se privatiza nada. Tenemos un equipo con unas características, pero tenemos otros servicios concretos con los que no cuenta el ayuntamiento. El objetivo no es privatizar. Son servicios que se están prestando con empresas externas, y el equipo del ayuntamiento solo puede usar unos determinados, el resto hay que contratar”. Así las cosas, la votación se resolvió con el voto a favor del PSOE, el voto en contra de UPOA, y las abstenciones del PP, IU y Partido Andalucista.
El segundo punto controvertido fue el sexto, en relación a la “aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza reguladora del uso de huertos tutelados de Aguilar de la Frontera”. En este sentido, la alcaldesa, María José Ayuso expuso que se trata de un “proyecto pionero. Vamos a hacer que el proyecto arraigue a las personas que se sienten desplazadas en su pueblo. Apostamos por un proyecto ecológico, por la formación de estas personas, y por la inclusión de esas personas mayores”. Asimismo, recalcó que “el proyecto de huertos tutelados es superior al de huertos sociales”.
Precisamente sobre esa última afirmación, Zurera, portavoz de UPOA aludió que “espero que usted haya leído los dos documentos, y ya que acusa de que uno es superior, dígame en qué es superior el de huertos tutelados al de huertos sociales. Yo le digo que no son incompatibles. Habéis tomado una decisión, que es apartar los huertos sociales”. En su turno de palabra, Izquierda Unida se declaró a favor, aunque expuso que era un problema el uso de agua potable, resaltando además que “se debería haber estudiado antes. Es más costoso que lo que viene acotado en el presupuesto”. PP, PSOE e IU votaron a favor, mientras que UPOA y PA se abstuvieron.
En lo referente al punto del “acuerdo previsto en el artículo 3 de la Ordenanza Reguladora del servicio de comedor social para menores pertenecientes a familias en situación o riesgo de exclusión social”, el consenso general fue la tónica presente, aunque con ciertas discrepancias. José Mª Reyes, concejal y portavoz del Partido Andalucista (PA), cuestionó el hecho de llevar la comida a los hogares, ya que la actividad estaba prevista para “sacar a los niños de las familias durante un rato”, argumentando además que la partida de 10.000 euros era “insuficiente”; Izquierda Unida afirmó que estaba “mal enfocado”; mientras que UPOA se mostró a favor “de la idea, pero la realización ya es cosa del gobierno”. Finalmente, el PP también aceptó la propuesta, aunque preguntó si “había alguna otra actividad para incentivarla”. Así, el punto se resolvió con los votos a favor de PSOE, UPOA y PP, y las abstenciones de PA e IU.
El último punto controvertido fue el número ocho, relativo a la “aprobación de las bases por las que se establece el procedimiento a seguir en la contratación del personal a emplear en las obras y servicios financiados con cargo al Plan de Empleo Local de Aguilar de la Frontera correspondiente al año 2018”. En este caso también hubo consenso, aunque desde la oposición se puso en duda el uso que se estaba haciendo del presupuesto destinado a esta partida, subrayando, en el caso de UPOA, que se había utilizado para “contratar empresas externas”, mientras que Jesús Encabo, concejal de Obras y Servicios, mantuvo su convicción de que no se “había tocado ni un solo euro” de esta partida.
Por último, en el turno de ruegos y preguntas, Ascensión Pérez y Antonio Zurera pidieron explicaciones sobre la polémica surgida por las irregularidades en el arreglo de los caminos Vadoancho y Casilla Padre Herrera, lo que la alcaldesa zanjó afirmando que les respondería por escrito.
