El Defensor del Pueblo andaluz solicita a la Diputación un informe sobre el estado de elaboración del inventario de distinciones y honores franquistas

AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) ha demandado a la Diputación de Córdoba que cumpla con las leyes de Memoria Democrática estatal y andaluza y elabore, como ya han hecho las diputaciones de Málaga, Valencia, Alicante, La Coruña o Gipúzcoa, entre otras, un catálogo de distinciones, nombramientos y títulos honoríficos concedidos por la institución provincial y que supongan una exaltación del golpe militar, la guerra civil o la dictadura franquista a fin de, en cumplimiento de las citadas leyes, proceder a su retirada.

En esta ocasión, y después de casi dos años de espera desde que, en mayo de 2022, el colectivo formulara la primera solicitud en el registro de la administración provincial, AREMEHISA se ha visto obligada a buscar amparo en el Defensor del Pueblo andaluz, institución que, tras dos requerimientos previos, ha decidido solicitar a la Diputación “un informe sobre el estado de la elaboración del inventario de honores y distinciones, así como de las actuaciones realizadas al respecto”.

Así, desde la asociación memorialista aseguran que “este tipo de demoras y la falta colaboración institucional en materia de memoria es algo a lo que, lamentablemente, estamos demasiado acostumbrados”, al tiempo que destacan que “en este caso concreto, y atendiendo a las explicaciones que el presidente de la Diputación ha ofrecido al Defensor del Pueblo tras nuestros requerimientos previos, la contestación de Salvador Fuentes es a todas luces ambigua, totalmente carente de contenido y no persigue otro fin que el de cubrir el expediente de obligación de respuesta, sin más”.

En este sentido, el colectivo memorialista ha recordado que la revisión de reconocimiento, honores y distinciones concedidos por y durante el franquismo, una tarea que, por ejemplo, sí ha elaborado el Ayuntamiento de Córdoba, es “un deber claramente establecido en el artículo 40 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que nos dice que es obligación de las administraciones públicas de ‘revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la dictadura, o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista’”.

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