El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado en el Parlamento que la “reforma en profundidad” de la sede judicial de Aguilar de la Frontera comenzará el próximo lunes, 11 de noviembre, y durarán seis meses. Se trata de uno de los principales proyectos del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 en la provincia, con un presupuesto de 407.895 euros (IVA includo) y, por primera vez, se destinarán fondos europeos a actuaciones en un edificio judicial.

Nieto ha defendido que esta obra es un ejemplo del compromiso adquirido con este Plan de actuar en el 100% de los partidos judiciales de Andalucía y no sólo en las capitales y grandes ciudades con proyectos como la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que será la segunda más grande de España cuando esté completada. “Sería un gravísimo error dejar de lado los partidos más pequeños por esos grandes proyectos”, ha subrayado el consejero, tras incidir en la importancia de “vertebrar el territorio garantizando los mismos servicios a los vecinos del mundo rural, que a quienes viven en las capitales”.

Aguilar de la Frontera es cabeza del partido judicial que presta también servicio a las localidades de Moriles y Monturque. El edificio de los juzgados es un palacio barroco catalogado como de interés arquitectónico con un grado de protección estructural, por lo que, con esta actuación, además de adecuarlo a las necesidades de la Administración de Justicia del siglo XXI, “conservamos un bien patrimonial valiosísimo” en el que no se ha intervenido desde 1990.

Las obras, que realizará “una empresa andaluza, Construcciones Goruiz”, se centrarán en garantizar la accesibilidad y sostenibilidad del inmueble, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales, así como el tratamiento en la fachada y cubiertas y en el sistema de ventilación para mejorar la eficiencia energética y resolver los problemas de humedades que presenta. También se reordenarán los espacios para adaptarlos al nuevo modelo de Oficina Judicial y los futuros tribunales de instancia.

La reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera es uno de los principales proyectos del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 en la provincia de Córdoba, junto a la nueva sede de Lucena, que ya está en funcionamiento desde el pasado septiembre, y la rehabilitación de la sede de Montilla, que cuenta con una partida de 977.325 euros en los Presupuestos de la Consejería para 2025.

Para ello, además del esfuerzo inversor por parte de la Junta (37,5 millones de euros en los Presupuestos de 2025 para infraestructuras judiciales), la Consejería ha desplegado fórmulas alternativas de financiación como la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones, la colaboración público-privada mediante la concesión de obra pública, la venta de edificios que quedarán en desuso cuando se construyan las nuevas sedes previstas y el uso de fondos europeos que, por primera vez, se emplearán en la reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera.

Raquel López, delegada de Justicia de la Junta de Andalucía en Córdoba, ha ofrecido unas declaraciones en Aguilar de la Frontera para explicar que “dentro de las competencias que tenemos está el procurar que el servicio que se presta sea lo más eficiente posible para los ciudadanos”.

“La sede del Juzgado de Aguilar se encuentra en un edificio declarado BIC y ello conlleva que en algunos aspectos no sea tan funcional a la hora de prestar este servicio. En este sentido, durante el último año se han destinado cerca de 32.000 euros a la mejora de la instalación eléctrica del mismo y otras obras de mantenimiento por valor de unos 7.000 euros. Asimismo, también hay prevista una nueva inversión de unos 6.000 euros para hacer frente a una plaga de termitas en una de las salas, además de algunas humedades. Este edificio es muy bonito y singular, pero su antigüedad hace que haya que intervenirlo continuamente”, ha detallado López.

Por otro lado, la delegada de Justicia ha añadido que “se han aumentado los medios personales con la intervención del equipo de servicio itinerante de atención a las víctimas, estaba centralizado en Córdoba y a partir de este año se ha ido trasladando a las sedes de la provincia. Aguilar cuenta con dos asistencias mensuales presenciales en horario de mañana y de forma telefónica por las tardes. Se acompaña a la víctima desde que se pone la denuncia hasta el final”.

El Juzgado de Instrucción de Aguilar de la Frontera está investigando a más de 150 personas por, presuntamente, adquirir de forma fraudulenta las firmas de un empresario con la finalidad de acceder a subsidios del Régimen Especial Agrario.

Una denuncia formalizada por la Fiscalía Provincial de Córdoba en 2019, que activó esta investigación cuyo origen se fundamenta en la documentación manejada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Entre los investigados figura el empresario, que habría ofrecido la firma a los jornaleros, un asesor y más de 150 personas, quienes habrían pagado distintas cantidades de dinero para obtener los sellos y, así, lograr unos 500 euros al mes durante medio año.

A los imputados se les atribuye delitos de fraude a la Seguridad Social, en concurso, con un delito de falsedad en documento oficial.

El Juzgado de Instrucción de Aguilar de la Frontera ha procesado a Teresa J.R., de 63 años, vecina de la localidad, como autora de un delito de incendio con riesgo para la vida e integridad de las personas, un delito de homicidio imprudente, así como un delito leve de lesiones por provocar el fuego en el que murió una mujer en la calle Carrera el 9 de julio del año 2020.

El auto de procesamiento recoge que sobre las 4:20 horas se produjo un incendio en una vivienda del número 81 de la calle Carrera, de la localidad de Aguilar de la Frontera (Córdoba). El efecto del incendio que afectó a toda la vivienda fue devastador, tanto que la fachada tuvo que ser apuntalada, a efectos de evitar el derrumbe, recoge esta resolución judicial.

Los investigadores de la Guardia Civil recogieron unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento público en esa misma calle en las que se observaba cómo sobre las 4:19 horas del día 9 de julio (según el reloj de la grabación) una mujer de entre 55 y 65 años, de estatura más bien baja, media melena, que iba en camisón y que lleva además, algún objeto en su mano izquierda.

Cuatro minutos más tarde, sobre las 4:22 horas esta misma figura femenina vuelve desde la esquina donde se encuentra una sucursal bancaria en dirección a la vivienda sita en el número 81 de la calle Carrera en la que la mujer se acerca a la ventana, observándose cómo lleva un objeto de color blanco en su mano izquierda, y un pequeño bote de color oscuro en la mano derecha.

Es en ese momento cuando las cámaras captan cómo la procesada rocía la parte inferior de la ventana con el contenido de ese bote, que cierra con un tapón y que a continuación coloca bajo la axila izquierda, sujeto con el brazo izquierdo. Justo después coge de su mano izquierda lo que parece ser un mechero y con la mano derecha lo enciende junto al lugar donde había esparcido el líquido del bote.

Al prender el líquido, la procesada se pone a andar en la dirección a la calle Carrera, por la que había venido unos minutos antes, observándose cómo porta el pequeño bote oscuro bajo la axila izquierda y el objeto de color blanco en la mano derecha.

En el incendio falleció en la primera planta de la vivienda por inhalación de humo María del Carmen R., mientras sus dos hijos y su marido, que dormían en la segunda planta de la casa, lograron salir con vida, alguno con heridas.

Los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizaron, autorizados por el juez, una entrada y registro en la vivienda de la mujer procesada y encontraron el camisón y el calzado que la investigada llevaba al día de los hechos, y que coinciden con las prendas con las que se la identificó. 

A juicio del juez instructor del caso, «todos estos son indicios suficientes para entender cometidos los presuntos delitos investigados en la causa por parte de Teresa J.R.».

Dada la gravedad del caso que será juzgado por la Audiencia Provincial de Córdoba, el juez ha ordenado en este mismo auto que se prorrogue la prisión provisional para la acusada -que padece problemas cardíacos- desde el pasado 18 de julio de 2020. Asimismo, este juez instructor le ha impuesto una fianza de 600.000 euros o en su caso bienes por valor de esa cantidad que deben ser embargados.

Fuente de la información: ABC de Sevilla

La Audiencia Provincial de Córdoba advierte en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) referida a 2021 de las "carencias" de las sedes judiciales de las localidades de Montilla y Aguilar de la Frontera.

En dicho documento se apunta a "carencias en sus infraestructuras, calefacción, sistemas informáticos", así como "las barreras arquitectónicas y algunos otros servicios con problemas a los que se les ha dado parcial remedio, pero no definitiva solución".

Mientras, valoran el comienzo de las obras de ejecución del nuevo edificio judicial de Lucena en el mes de diciembre de 2021.

Al respecto, destacan que el plazo de ejecución es de 18 meses, por lo que "el nuevo Palacio de Justicia podría estar finalizado a finales de 2023", según se expone en la memoria del Alto Tribunal andaluz, en la que se resalta que la capital cuenta con "un moderno y unificado edificio judicial".

Por otra parte, se hace referencia a "la necesidad de modificar plantillas y reordenar efectivos personales, con especial mención de algunos órganos unipersonales, singularmente mixtos, donde hay que dotar correctamente las plantillas, ya que no están en consonancia al volumen de asuntos litigiosos".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido denegar la ratificación judicial de la medida recogida en la orden del 5 de agosto, que limitaba el acceso al interior de los establecimientos de ocio nocturno a aquellas personas que puedan acreditar estar en posesión del certificado covid, acreditación de PCR o test de antígenos negativo en las últimas 72 horas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que es competente para analizar dicha ratificación judicial, puesto que la medida de implantar el pasaporte covid para acceder a los bares de copas y discotecas puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, "en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud, considerados, de acuerdo con la normativa europea, como de carácter sensible", y con el principio de no discriminación, "en la medida en que establece un trato diferenciado para el acceso a tales locales, basado en la posesión o no del mencionado certificado".

El TSJA entiende que la afección de los derechos fundamentales implicados en el caso "no es de gran entidad, pues, por un lado, la mera acreditación de estar vacunado o de haber padecido la enfermedad no parece condicionar de forma grave el derecho a la intimidad personal", y de otro, "el sacrificio del principio de igualdad por el trato discriminatorio que se deriva de la exigencia del certificado covid cuando toda la población no ha tenido acceso a la vacuna en parte o en su totalidad afecta a un porcentaje de personas muy inferior al que se puede ver beneficiado por la posesión del certificado".

Si las personas que han sido vacunadas o han padecido la enfermedad, a pesar de haber desarrollado inmunidad frente al virus, "pueden ser potenciales transmisores del mismo, no se acierta a comprender cómo se evitará el posible contagio de quienes hayan accedido al local amparados en la presentación de un justificante por la realización de una PCR o un test de antígeno, que solo acredita que en el momento de su realización no eran portadores del virus activo, pero no que gocen de inmunización alguna frente a éste".

El presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano, ha expuesto durante la presentación de la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, aunque las infraestructuras de la provincia están "bastante bien", el partido judicial de Aguilar dela Frontera "no tiene unas sedes dignas".

También ha valorado los casos acogidos en el juzgado de Menores y advierte del incremento de casos en 2020, que se duplican sobre 2019. De modo que en 2019 se registraron 265 asuntos y en 2020 la cifra ha sido de 452, algo que ha calificado como "muy llamativo" y cree que "habría que estudiar la incidencia de la pandemia" del Covid-19 en dichas cifras.

En relación a los casos, ha indicado que "se recogen todo tipo de delitos, de malos tratos a familiares, robos y abusos sexuales", a lo que ha añadido que "cada vez más peligrosamente se está dando la violencia de género en menores".

No obstante, ha habido un descenso de los casos de lo Penal debido a los tres meses de confinamiento, donde estuvo "casi todo relacionado con el incumplimiento de las normas de la pandemia al estar la gente recluida".

También ha informado de un descenso de asuntos en los juzgados de lo Mercantil, aunque "la crisis económica añadida a la sanitaria vendrá ahora, a partir de 2021, y se notará un incremento”.

En cuanto a los juzgados de lo Social "siguen sobrecargados, pero se ha puesto en marcha a principios de año el número 5, por lo que se va a notar y aliviar la carga", ha comentado Francisco Sánchez.

En materia de Violencia de Género ha destacado que "los datos están un poco estabilizados", de modo que en 2019 se registraron en la provincia de Córdoba 2.893 asuntos, frente a los 2.845 de 2020. Las denuncias en 2020 fueron 2.039, frente a 1.933 de 2019, cien denuncias más, a la vez que se han adoptado 380 órdenes de protección a las víctimas, un 80 por ciento de las incoadas, frente a las 348 de 2019.

En cuanto a las macrocausas, el presidente de la Audiencia Provincial ha señalado que en la Instrucción 2 hay unas diligencias previas con unos 80 investigados por falsificación; Instrucción 4 tiene 25 investigados por delito de tráfico de estupefacientes y grupo criminal; Instrucción 7 "ya está en procedimiento abreviado" en un caso con "muchas conformidades", con 489 investigados en "un asunto de fraude a la Seguridad Social y falsedad, de los que 121 han mostrado su conformidad con las penas solicitadas por las acusaciones".

Sobre los trabajadores de la institución ha manifestado que "por desgracia, el diagnóstico es prácticamente el mismo que en años anteriores", de modo que "hay escasez de medios humanos, principalmente de jueces, también de letrados de la administración de justicia y funcionarios", así como de "medios materiales", como "las nuevas tecnologías, que no están todavía suficientemente implantadas".

 Fuente de la fotografía: Europa Press