UPOA ha emitido un comunicado en el que recuerda que en noviembre del pasado año pidió que se abriera una Comisión Informativa Especial de Investigación, con motivo de la sospecha de posibles irregularidades en contrataciones municipales para el programa Emple@joven y Emple@30+. "En dicha Comisión participaron portavoces de todas las formaciones de la oposición y del Gobierno municipal, y comparecieron algunas personas cuyo testimonio podía ser relevante para el esclarecimiento de la misma", relata el grupo local.

De esta forma, UPOA expone que se celebraron varias sesiones que terminaron con una propuesta de conclusiones nada esclarecedora, ya que los responsables de la formación gobernante propusieron poco más que “borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada”. Así las cosas, el grupo reitera que "esta propuesta no nos ha gustado al resto de partidos que constituyen la corporación municipal, ya que tras un minucioso estudio de las actas generadas, seguimos viendo indicios de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, al no entender el proceso y los criterios de selección, incurriendo en una presunta vulneración de la Constitución y ejerciendo tratos de favor". 

Por esto, los representantes de UPOA e IU deciden presentar una moción al Pleno Municipal el día 28 de octubre de 2018 y trasladar a la Fiscalía el expediente completo de la Comisión Informativa Especial de Investigación sobre las contrataciones municipales de los programas Emple@joven y Emple@30+, acogiéndose al artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que establece la obligación de todo ciudadano a trasladar a la Fiscalía cualquier posible delito público que presencie, por lo que entendemos que es nuestra responsabilidad como ciudadanos y representantes públicos dar este paso de vital importancia por la correcta aplicación de transparencia, objetividad y justicia en los futuros procesos de selección para contrataciones municipales". 

En consecuencia, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, a propuesta de las dos formaciones mencionadas, y con el apoyo del PA, "deberá poner en conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, en un plazo máximo de 15 días, el expediente completo de este caso, para que se ponga en marcha la investigación y las diligencias que consideren oportunas", apostilla UPOA. 

Unidad Popular de Aguilar interpeló a la alcaldesa María José Ayuso durante el pasado pleno del jueves 26 de abril, con el objetivo de dar respuesta a la resolución 954/2018 de alcaldía, cuyo contenido es relativo a la legalización de las obras de mejora de los caminos de Casilla Padre Herrera y Vadoancho. “Quisiera hablar de la resolución de alcaldía 954/2018, con fecha del 13 de abril de 2018, curiosamente un día después de que todos los grupos de la oposición hiciéramos una rueda de prensa anunciando las supuestas irregularidades y barbaridades de cómo se han hecho estas reformas por el Ayuntamiento como propietario y promotor”, argumentaba Antonio Zurera, concejal y portavoz de dicho grupo municipal.

“Dice usted en su resolución que las mejoras del camino se han hecho sin licencia, autorización o aprobación alguna”, continuó su intervención UPOA, para enumerar seguidamente una serie de preguntas, cuyas respuestas decidió postergar Ayuso. 

Asimismo, UPOA prosiguió relatando que “en el punto 3” de la resolución se explica “que la ejecución de dichas actuaciones sin la previa autorización o aprobación debió dar lugar a la apertura de dos tipos de procedimientos”. En este sentido, el concejal establecía las siguientes cuestiones: “¿por qué entonces solo abrió uno? ¿por qué ha tenido que esperar a que la oposición denuncie públicamente esta chapuza para que usted abra el otro procedimiento?”.

Finalmente, el concejal subrayó que cuando se pidió el informe “es cuando usted decreta que ningún trabajador de este ayuntamiento nos dé información. Es más, cuando yo voy a recoger el informe me enseñan su decreto y me dicen que hasta que usted no lo autorice no me lo dan, con el informe ya hecho en la mano. Además, dice usted señora alcaldesa que «la falta de documentación relativa a la ejecución de las obras impide conocer de forma fehaciente que personas intervinieron en la ejecución de las mismas y su participación en los hechos»”.

Estas fueron algunas de las cuestiones más destacadas de UPOA, las cuales tuvieron la posibilidad de ver nuestros abonados en la emisión en directo del pasado pleno del 26 de abril, y sobre las que la alcaldesa se guardó el derecho a responder por escrito. No obstante, el grupo municipal de la oposición aún sigue esperando dicha respuesta. MADINFOR TV ha tenido acceso a esa resolución emitida por el ayuntamiento, la cual adjuntamos íntegramente a continuación.