Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha hecho público un comunicado de prensa en el que comunica públicamente que “Carmen Carbajo Cubero (Meli), que iba en segundo lugar en la candidatura de UPOA en las pasadas elecciones del día 26 de mayo de 2019 ha tenido que renunciar a su acta de concejal, debido a la incompatibilidad entre la ostentación de cargo público y su condición de personal laboral del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera”.

Desde UPOA destacan que “esta incompatibilidad se recoge en el artículo 2 del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Esto significa que la aceptación del acta de Concejal supone automáticamente la excedencia forzosa de la trabajadora, mientras dure su ocupación de cargo público, en este caso, la concejalía por UPOA en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera”.

Esta formación política señala que “ante este escenario, que perjudicaría seriamente y de forma irreversible la situación laboral de Carmen Carbajo, entendemos que la única opción posible es la no aceptación por su parte del acta de concejala, muy a nuestro pesar y el de nuestra compañera, que lamenta profundamente tener que dar este paso después de tanto esfuerzo e ilusión puestos en este proyecto”.

“Desde que Meli acepto formar parte de nuestra candidatura, tanto ella como la organización de UPOA hemos sido conscientes de que esta situación podría darse, lo que desconocíamos en su momento era cual sería la situación laboral de Meli para estas fechas”, explican desde Unidad Popular de Aguilar, y añaden además que “queremos manifestar su malestar por esta situación, así como su compromiso a seguir trabajando y luchando con UPOA por una Aguilar mejor como lleva haciendo toda su vida”.

Unidad Popular de Aguilar finaliza su comunicado apostillando que “Meli estará directamente ligada al grupo municipal desde donde podrá hacer un continuo seguimiento de la política municipal, así como la defensa de todas y cada una de las propuestas que UPOA llevaba en su programa electoral”.

Este martes se ha dado a conocer la sentencia del Juzgado de lo Social de Córdoba sobre el caso de Carmen Carbajo. Recordamos que Carbajo ocupaba el puesto de arqueóloga municipal en el Ayuntamiento de Aguilar y que fue despedida el pasado 30 de junio. Ahora esta sentencia declara nulo el despido que se realizó y obliga al consistorio de la localidad a readmitir a la trabajadora con idénticas condiciones laborales a las que tenía en el momento de su despido, con el abono de los salarios dejados de percibir a partir del día posterior a su despido y además, obliga al Ayuntamiento a abonar la cantidad de 8.922 euros como indemnización por daños morales hacia esta persona.

Cabe destacar que no es la primera sentencia que dictamina un juez sobre este caso, ya que el 25 de abril de este mismo año, el Ayuntamiento fue condenado a indemnizar a Carbajo. La primera sentencia se dictó el 30 de abril de 2017, cuando el consistorio decidió poner fin a la relación laboral con esta trabajadora. En ese momento, los jueces consideraron que no había causa alguna para ese primer despido y obligaron al Ayuntamiento a readmitir a la arqueóloga como personal indefinido.

A pesar de que el Ayuntamiento de Aguilar ya conocía dicha sentencia decidió despedir a la trabajadora el 30 de junio de 2018. Sin embargo, según ha explicado Carbajo a Madinfor Televisión “es evidente que se estaba incumpliendo el artículo 17 del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Aguilar”.

Carmen se dio de baja en el año 2017 por maternidad y fue entonces cuando el Ayuntamiento optó por un plan de empleo especial financiado por la Junta para contratar a otro arqueólogo.

La propia trabajadora ha defendido siempre la necesidad de hacerla indefinida, ya que el Ayuntamiento ha declarado en más de una ocasión que apuestan por el Yacimiento Arqueológico del Castillo y por la construcción de un museo local.

En su fallo, el juez no ha querido entrar en los motivos del asunto, pero sí que recoge textualmente que “la respuesta del Ayuntamiento demandado tras la sentencia del juzgado de lo social nº 1 de Córdoba es la de montar una apariencia de legalidad que en el fondo esconde una voluntad de quitarse de en medio a una trabajadora que le ha creado una situación jurídica molesta”.