El Secretario General de CTA, Paco Moro, ha ofrecido una rueda de prensa para destacar que “el Grupo ADL ha presentado un concurso de acreedores voluntario. El edicto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba refleja que se suspenden las facultades de administración y disposición del deudor, gestor del Grupo ADL, que serán ejercidas por la administración concursal”.

“Un concurso de acreedores puede darse cuando una empresa se declara insolvente para pagar a quien le debe dinero. Los bienes de los que dispone la empresa son para pagar a los acreedores en un orden. En este sentido, para saber quién tiene preferencia en el cobro, existen los créditos con privilegio especial (bancos, seguridad social, hacienda,…) y créditos con privilegio general (salarios, atrasos, indemnizaciones,…). Después están los créditos ordinarios y subordinados, esos ya no cobran” explicó Moro.

El Secretario General de CTA hizo hincapié en que “la alcaldesa de Aguilar, en un gesto de populismo, salió a recibir la protesta que hay contra CTA y en apoyo al gestor de la empresa que se tiene que ir por la situación de la misma, no por culpa del comité de empresa. Por otro lado, el gerente dice que está en la ruina por culpa de los ayuntamientos que no le pagan. Este señor quiere revocar el comité de empresa y eso tendrá su denuncia en el juzgado por tutela de la libertad sindical”.

Moro prosiguió afirmando que “en el Ayuntamiento de Aguilar hay una moción de IU, PSOE, PP y APD, no apoyada por UPOA, que no se ha llegado a presentar y en la que se pretendía condecorar al Grupo ADL por su labor. La alcaldesa debía haber llamado al sindicato para informarse de lo que ocurre antes de salir a recibir la protesta de unas señoras que estaban peloteándole al empresario. Además, la empresa está recibiendo denuncias en muchos de los lugares donde presta servicio, no sólo en Aguilar, tanto por CTA como por otros sindicatos, y según la propia empresa nosotros somos los que estamos perjudicando a los trabajadores”.

El Secretario General de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía apuntó que “hay lugares donde está pagando por la jornada máxima menos del mínimo establecido, y en otros, está pidiendo a las trabajadoras que renuncien a las vacaciones o las pagas extra. CTA ha denunciado que no paga los 15 minutos del bocadillo, los contratos a tiempo parcial hay veces que se fragmentan en varias jornadas, no paga los desplazamientos entre casas,... Incluso las trabajadoras que pertenecen a nuestro sindicato han sido gravemente insultadas por algunas coordinadoras y por el propio empresario. Desde el sindicato estamos cumpliendo con nuestra obligación y no nos va a mover nadie para que se cumple con los derechos básicos. Igualmente, el Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a formar el Comité de Seguridad y Salud, cosa que aún tampoco ha hecho”.

Para finalizar, Moro añadió que “se está viendo la posibilidad de la cesión del contrato a otra empresa hasta que salga la licitación. El Ayuntamiento podría subrogar en una empresa municipal a todas estas trabajadoras a raíz del artículo 130 de la nueva Ley de Contratos del Estado”.

El Secretario General de CTA, Paco Moro, destacó en rueda de prensa que “en Aguilar de la Frontera está habiendo duras acusaciones contra mi sindicato y contra mí, personalmente, con respecto a la Ayuda a Domicilio”.

Moro señaló que “hay quien asegura que soy un destructor de empresas, pero esa persona va a tener que demostrarlo ante los jueces”.

“Parte del colectivo de Ayuda a Domicilio está apoyado por el partido socialista, que defiende a capa y espada la labor que desempeña el señor Rafael Luque en torno a las trabajadoras y su situación laboral en esta localidad”, expresó Moro.

El 7 de julio se convocó una concentración en la Plaza de San José, aunque según indicó Moro esta convocatoria “carecía de legalidad, porque no se había pedido la autorización correspondiente a la subdelegación de Gobierno y, además estuvo apoyada por el partido socialista pidiendo que este señor se quede”.

El Secretario General de CTA explicó que “la licitación de este servicio se hace a través de un concurso en el que pueden concurrir empresas españolas y europeas. También se tiene que publicar en el boletín oficial de la Unión Europea. El decir que se quede así porque sí es un presunto delito de prevaricación. Por supuesto tampoco se puede ir mientras no haya una nueva licitación, que puede sacar él o no”.

Moro afirmó que 27 de noviembre de 2019 hubo “una resolución de la inspección de trabajo en la que especificaba que se estaban infringiendo las condiciones de trabajo y salariales inferiores a las establecidas en el convenio. Por lo visto las señoras que defienden la gestión de esta empresa, cuando pagaron gracias a nosotros, no devolvieron el dinero que cobraron”.

El Secretario General de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía apuntó que “este señor tampoco está pagando los 15 minutos de bocadillo, o descanso, y eso significa que cada semana deja de pagar una hora y cuarto de trabajo. También encontramos las trabajadoras con contrato a tiempo parcial, que tienen la jornada partida hasta en tres ocasiones y eso que no se puede partir en más de una. Aquí la perversión está en que se le programa de descanso una hora menos cinco minutos”.

“El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con una sentencia firme, dice que el tiempo que no está pagando y que está requiriendo fuera de las horas de trabajo a las trabajadoras para hacer gestiones relacionadas con el servicio hay que pagarlo. Este señor no está cumpliendo nada de esto”, prosiguió Moro.

En palabras del propio Paco Moro, “el 11 de julio de 2019, el nuevo comité de empresa insta a este señor a formalizar el Comité de Seguridad y Salud. Pues bien, ni se imparte la formación a los delegados de prevención, ni se constituye. Algo muy grave. Además, cuando se le dice al principio de toda la pandemia que le tiene que facilitar mascarillas y materiales de protección a las trabajadoras, este señor lo que responde es que las mascarillas se las tiene que pagar su sindicato”.

A lo largo de su intervención, Moro hizo hincapié en que “desde CTA siempre hemos cumplido con nuestra obligación como sindicato, por supuesto sin pelotear y sin vendernos. Tenemos que defender la salud de las trabajadoras y si alguna no quiere que la defendamos que devuelvan el material de protección que le han dado”.

Para finalizar, Moro apostilló que “la señora alcaldesa ganó las elecciones municipales prometiendo que iba poner en marcha una empresa pública de Ayuda a Domicilio. Personalmente pienso que hay que defender a las empresas del pueblo, pero antes que nada están los trabajadores”.

Esta misma tarde ha tenido lugar un acto público, promovido por Unidad Popular de Aguilar (UPOA), con el que se pretendía informar a los trabajadores agrícolas sobre la firma del nuevo convenio provincial del campo. A dicho evento acudieron Manuel Maestre, Secretario Local de M. Obrero de UPOA, Francisco Moro, Secretario General del CTA (Coordinadora de Trabajadores de Andalucía) y José Parra, Secretario de Acción Sindical del CTA.

Maestre destacó que “es necesario que los trabajadores del campo se organicen y luchen contra estos convenios que no les favorecen”.

Como Secretario de Acción Sindical del CTA, Parra comentó que “los convenios que se han firmado por parte de los sindicatos afines al régimen, son convenios en los que claramente hay un retroceso en los derechos de los trabajadores, y también pérdida de poder adquisitivo”.

“Con el último convenio que se firmó en 2013, ya estuvimos haciendo manifestaciones en Palma del Río, pero es que este último que se firmó el año pasado es exactamente igual, o quizá peor. Aquí o formamos nuevas luchas que defiendan a los trabajadores agrícolas, que no se vendan, o esto será un caos”, añadió Parra.

Por otra parte, Francisco Moro hizo hincapié en dos aspectos. El primero, el tema de las peonadas. “Se están exigiendo 35 peonadas anuales para cobrar un desempleo en el campo, que es contributivo. Denunciamos que los empresarios no cotizan a la seguridad social, es decir, que de 30 días que trabaja un jornalero en el campo, muchas veces apuntan como máximo 11 días, cuando lo normal es apuntar 4 o 5. Eso está provocando que haya empresas que están vendiendo los días”. Además, resaltó que “están siendo imputados un motón de jornaleros sin tener culpa, porque quien debe de dar de alta en la seguridad social y hacer los pagos es la empresa”.

“Pedimos que desaparezcan las peonadas. Queremos que se cree un censo agrario, que haya unas altas en la seguridad social de trabajadores, y que a esos trabajadores no se les exigan las peonadas, porque son un chantaje”, añadió Moro.

Para concluir su intervención, Moro señaló que “para adquirir la condición de fijo discontinuo están exigiendo ahora mismo 170 días de trabajo, durante 3 años consecutivos o 4 alternos. No hay quién dé 170 días de trabajo al año, por lo que no existen los fijos discontinuos”.