Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha vuelto a denunciar la situación que están viviendo, debido a las obras, los vecinos del Camino Ancho y viviendas colindantes. Tras emitir hace unas semanas un comunicado en el expresaban el malestar de dichos ciudadanos, ahora el grupo municipal afirma que “no se ha dado ningún plan alternativo de aparcamiento, excepto el de que los vecinos lleven el coche al despeñadero del tejar, solución improvisada e insegura”. 

Asimismo, UPOA ha recordado varias de las consideraciones que los afectados trasladaron a Jesús Encabo, concejal de Obras y Servicios, en la reunión que mantuvieron el pasado 5 de junio, tales como “el engaño en la ejecución de la obra en 3 tramos, la falta de seguridad y de previsión ante cualquier emergencia o el gran problema de tráfico originado en la zona”.

De esta forma, el grupo local denuncia “que, con toda seguridad, la obra, que debería de terminar el 30 de junio, se ampliará por un tiempo mucho más amplio”, resaltando además que “ya veremos que coste tiene para el Ayuntamiento”, al tiempo que apostilla subrayando que animan “a los vecinos afectados a organizarse y movilizarse en defensa de sus derechos e intereses”. 

La alcaldesa María José Ayuso ha presentado a Manuel Carmona, delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, una propuesta para "darle un nuevo uso al Mercado de Abastos, que es una de las cosas que teníamos pendientes y queremos relanzarlo ahora". 

En este sentido, el representante territorial ha puntualizado que "venimos a conocer de primera mano ese proyecto, conscientes de la importancia que tienen los mercados en los núcleos urbanos de nuestros pueblos y, evidentemente, desde la Consejería de Comercio intentaremos estar ahí echando una mano en lo que podamos. Hay una verdadera estrategia de la Consejería para los Mercados de Abastos en lo que se refiere actualmente a ese esfuerzo de digitalización. Tenemos que actualizarnos". 

Carmona ha señalado que "los mercados tienen que reinventarse, tienen que ganar posiciones de futuro, y para eso tenemos que estar abiertos a la implantación de nuevas tecnologías, a la concienciación de las propias empresas y autónomos que hay en esa actividad, facilitándole que puedan competir en régimen de una mínima capacidad con las nuevas formas de mercado", detallando también que de lo que se trata "es ver qué planteáis, escuchar, y a partir de ahí, si nos podemos remangar y trabajar juntos pues mejor". 

Además, el delegado ha remarcado que "son espacios que no es cuestión solamente de Aguilar, sino también de muchos de nuestros municipios, ya que son espacios que hay que revitalizar y hacer un esfuerzo. Y ahí la iniciativa del Ayuntamiento es admirable, porque es consciente de la importancia que tiene. Para nosotros, en la competencia de comercio, en la media que el Mercado de Abastos recupere actividad, que la consolide y que no se convierta en un espacio cerrado que no tiene actividad".

Finalmente, ha apostillado puntualizando que "normalmente tienen una tipología de negocio que trabaja muy bien la relación con la clientela, con la calidad, con la relación directa y, por tanto, esas potencialidades las tenemos que complementar con todo aquello que les permita ganar competitividad". 

El Ayuntamiento de Aguilar ha informado de la apertura del plazo de presentación de solicitudes para el comedor social municipal de verano y navidad 2018. El servicio cuenta con una capacidad máxima de 30 plazas y, según el consistorio, “consiste en facilitar a los usuarios tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) de lunes a domingo (festivos incluidos), las cuales se servirán entre las 13:00 y las 14:30”. 

Respecto a los destinatarios, únicamente podrán participar en el proceso de selección aquellos usuarios que cumplan los siguientes requisitos: menores cuya edad esté comprendida entre los 3 y los 6 años, que pertenezcan a familias en situación de riesgo de exclusión social y se encuentren empadronados en Aguilar al menos desde el 30 de mayo de 2017.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes durante un plazo de 8 días naturales, desde el viernes 1 de junio hasta el día 8 del mismo mes, en el registro de entrada del Ayuntamiento con la firma del padre, madre o tutor. Además, se deberá adjuntar la documentación prevista en el artículo 10 de la Ordenanza. En todo caso, tendrán que adjuntarse los documentos previstos en los números 1, 2 y 3 del artículo 10. 

Finalmente, el proceso de selección se realizará mediante el procedimiento de urgencia regulado en los artículos 17 y siguientes de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Comedor Social Municipal. 

La polémica surgida en torno a la denuncia puesta ante el juzgado por parte del Sindicato Andaluz de Funcionarios, de una lista con 100 nombres vinculados al PSOE y contratados supuestamente de forma ilícita por la FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación para el Empleo), en la que se encuentra el portavoz y concejal socialista José Antonio Montesinos Rosa, fue uno de los momentos con mayor controversia del pleno celebrado el jueves 31 de mayo. Varios grupos locales habían pedido explicaciones al portavoz municipal, aunque fue en el turno de ruegos y preguntas cuando el asunto fue puesto en cuestión. “Quiero que nos explique la noticia sobre las contrataciones realizadas por la Junta de Andalucía”, argumentó en primer lugar Ascensión Pérez, concejala y portavoz del Partido Popular. 

En este sentido, Montesinos explicó que se trata de “una nota de prensa enviada por un sindicato. Este listado lo hicieron hace 7 u 8 años. Solo aparece mi nombre por tener el carnet socialista. Esto es racismo político”. Sin embargo, no quedó ahí la controversia, ya que Josefína Avilés, en representación de Izquierda Unida, volvió a poner el tema sobre la mesa detallando que “según lo que dice la noticia, usted fue contratado obviando los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Por eso está en la lista, no por tener el carnet socialista”. Por su parte, Antonio Zurera, de UPOA, hizo hincapié en que el “asunto no quedará aquí. Seguro que volveremos a hablar de esto pronto”. 

Finalmente, el concejal zanjó la cuestión argumentando que “salgo en ese listado por ser trabajador en ese momento de la Fundación y ser socialista. La presunción de inocencia está ahí. Estoy tranquilo, ya que he participado en un proceso acorde con la ley”. 

Josefa Vioque, delegada de la Junta de Andalucía de Fomento y Vivienda en Córdoba, se dio cita este martes en el Ayuntamiento de Aguilar para hablar y explicar a los vecinos de la localidad el proyecto de adecuación funcional básica del Plan de Vivienda y Rehabilitación de la Junta 2016/2020. En este sentido, Vioque expuso que "la Junta de Andalucía, en esta convocatoria, hace una inversión de unos 2 millones de euros, con lo cual nosotros intentamos que alrededor de unas 1.500 familias sean beneficiarias, sobre todo siendo destinado al colectivo de mayores de 65 años y familias con algún miembro con discapacidad". 

"Como su nombre indica, el programa viene para adecuar la viviendas y que sean más habitables para nuestros mayores. Dentro de las obras que se pueden hacer están los cambios de bañeras por platos de ducha, pasamanos en los pasillos o cualquier otra barrera arquitectónica que tengamos dentro de nuestros municipios, y que con la población envejecida que tienen nuestros pueblos, y contando con que su nivel adquisitivo también es bajo, pues tratamos de ayudarles desde la Junta de Andalucía a que puedan vivir más cómodamente", explicó la delegada territorial. 

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 10 de julio y pueden presentarse proyectos de un máximo de 2.000 euros, de los que se subvencionará un total de 1.400. "Es un programa bastante ambicioso, que viene a paliar esas dificultades que existen en nuestras viviendas y nosotros estamos convencidos de que ayuntamientos como el de Aguilar de la Frontera, a través de sus Servicios Sociales, nos van a ayudar a canalizar todas estas ayudas. Nosotros intentaremos resolver los trámites para finales de año, y todo apunta a que sobre el primer mes de 2019, estos vecinos que ya tengan su ayuda concedida dispongan de ese dinero, y a partir de ahí, que en un periodo de 5 o 6 meses tengan su obra hecha y justificada", apostilló. 

Al igual que ya hicieran otros partidos como UPOA, Izquierda Unida también ha pedido explicaciones al concejal José Antonio Montesinos sobre su contratación en la Junta de Andalucía. A través un escrito presentado en la mañana de este lunes en el registro de entrada del Ayuntamiento, el grupo de concejales de IU pide que se incluya un punto en el orden del día del próximo pleno para aclarar la situación. "Ante la noticia aparecida en prensa el pasado 24 de mayo, en la que se daba a conocer la denuncia puesta ante el juzgado por parte del Sindicato Andaluz de Funcionarios, de una lista con 100 nombres vinculados al PSOE y contratados de forma ilícita por la FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación para el Empleo), en la que se encuentra el portavoz y concejal socialista José Antonio Montesinos Rosa. Según la noticia, éste fue contratado obviando los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad", ha declarado Josefina Avilés, concejala de Izquierda Unida, en una rueda de prensa. 

"Desde IU entendemos que hay una razón más que evidente, y como hemos pedido por escrito, para que se introduzca un punto en el orden del día del pleno más próximo para que esta persona, José Antonio Montesinos, comparezca y aclare que hay de cierto o no en esa noticia, y en su caso, de qué manera fue contratado en esa Fundación que ahora está integrada en el Servicio Andaluz de Empleo", ha continuado la portavoz. Asimismo, Avilés ha puntualizado en que "de no dar unas explicaciones convincentes exigiremos su inmediata dimisión. No podemos permitir que un concejal, y además portavoz, esté en una lista de enchufados en la Junta, con una denuncia firme, cuando recientemente se ha creado una comisión de investigación a petición de los grupos de la oposición, para esclarecer los contratos en el Ayuntamiento de Aguilar, en los programas de Emplea Joven y +30, en los cuales él también ha estado como portavoz". 

Finalmente, el grupo municipal ha apostillado su intervención declarando que exigen "conocer la veracidad de estos hechos. Un cargo público tiene que ser ejemplarizante. La dignidad y la decencia política tienen que estar por encima de todo. Repito que exigimos la intervencion de José Antonio Montesinos, y de no ser así quedará más que reprobado que los socialistas de Aguilar trabajan por sus intereses y no por los intereses de Aguilar". 

Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha emitido un comunicado en referencia a la noticia difundida la semana pasada por varios medios de comunicación sobre la figura de José Antonio Montesinos, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aguilar, el cual afirman “ha sido llevado ante  el juez” por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, junto a 84 personas más vinculadas a la corporación socialista, que fueron presuntamente “enchufados" en la polémica FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación para el Empleo) de la Junta de Andalucía. 

En este sentido, UPOA declara que “la denuncia ya hecha pública, y que está en nuestro poder y en los medios de comunicación, precisa que estos empleados lograron su plaza en la administración «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación»”. 

Además, la corporación municipal puntualiza que el sindicato no descarta que “el número de enchufados pueda ser «notablemente superior»”, haciendo hincapié en la información emitida por El Mundo, la cual explica que “un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la FAFFE revela que han encontrado unos 200 empleados vinculados al PSOE en esta Fundación de la Junta, si bien el informe no enumera nombres y apellidos”. Por su parte, para el Sindicato Andaluz de Funcionarios, estas contrataciones “podrían ser constitutivas de presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias”. 

El comunicado añade además que la denuncia recoge que la “Fundación para formar parados de la Junta «prescindió del procedimiento legalmente establecido», ya que estos fichajes se hicieron «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad»”. 

La FAFFE fue creada en enero de 2003, durante la etapa de José Antonio Viera como consejero de Empleo, el cual ha sido enjuiciado por el caso de los ERES. Pese a la desaparición de la Fundación, todos los trabajadores quedaron integrados en el SAE a partir de mayo de 2011, tal y como subraya El Mundo. Pasó de tener una plantilla de 120 empleados a 1.700.

De esta forma, UPOA resalta que, “aunque esta información se conocía desde 2012, ya que lo habían hecho público varios medios de comunicación, y en la que siempre aparecía José Antonio Montesinos Rosa como presunto enchufado en el SAE, hasta ahora no se había puesto denuncia alguna ante el juez”.

Así, el grupo local argumenta que “esta importante información repercute en el Ayuntamiento de Aguilar y en el equipo de Gobierno del PSOE. Un cargo público debe ser un ejemplo a seguir”, por lo que exigen al concejal “dar inmediatamente explicaciones públicas, desmentir, aclarar o hacer las declaraciones que crea oportunas al respecto. Tiene que dejar bien claro que no tiene nada que ver con las  presuntas contrataciones irregulares denunciadas por el SAF y la prensa, en las que siempre aparece su nombre”. 

Rafael Fernández Flores, en calidad de secretario general de Progreso y Democracia de Aguilar (APD), y Mateo Urbano, perteneciente a la junta local del partido, presentaron este lunes un escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento, reflejando sus inquietudes sobre la falta de asistencia de ciertos concejales a las sesiones plenarias, sobre todo centrándose en la figura del exalcalde Francisco Juan Martín. Cabe destacar que Martín lleva varios meses sin asistir a los Plenos Municipales desde su baja por enfermedad, ni siquiera estuvo presente en la investidura de María José Ayuso como alcaldesa. 

"Nuestra obligación como partido es colaborar en las mejoras de nuestros ciudadanos, fiscalizar la labor municipal del equipo de gobierno y aportar aquellas cuestiones que redunden en el beneficio de este pueblo", afirman en el comunicado. Además, puntualizan que "como bien es sabido existe remuneración por el cargo para cada uno de los concejales". Por lo tanto, APD plantea las siguientes preguntas a la alcaldesa María José Ayuso:

¿Cuánto cobra cada concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Aguilar? ¿Cuántos concejales están liberados y desempeñan su función como tal? ¿A cuántas actividades ha asistido el concejal Francisco Juan Martín en los últimos 6 meses organizadas por el Ayuntamiento? ¿A cuántos plenos ha asistido en ese mismo periodo? ¿Quién recibe el dinero aprobado en pleno y destinado a cada concejal? ¿Se ha tomado alguna medida o se va a tomar contra los concejales que no asisten ni participan en la actividad local? ¿Hay alguna medida disciplinaria para el absentismo político?

"Entendiendo que es un tema mayor, ya que se trata de un dinero público que sale del bolsillo del contribuyente, esperamos desde APD que nos dé una respuesta a las cuestiones planteadas", apostilla la corporación municipal en su escrito. 

El Ayuntamiento de Aguilar ha abierto la convocatoria, publicada con fecha de 7 de mayo de 2018 en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 86/2018 (www.dipucordoba.es), que establece las bases del procedimiento a seguir en la contratación del personal a emplear en las obras y servicios financiados con cargo al Plan de Empleo Local correspondiente al año 2018.

Las personas que quieran participar en las pruebas selectivas deberán solicitarlo (mediante instancia que figura como Anexo I de las bases y que se facilitará en el Registro General del Ayuntamiento) en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento.

Este año la convocatoria es abierta, como el año anterior, no realizándose a través del SAE, sino que las solicitudes se presentan directamente por los interesados en el registro del Ayuntamiento, por tanto pueden presentarla trabajadores empleados o no, hayan tenido o no empleo en otros programas de empleo de este ayuntamiento. De esta forma, se ajustan las bases para cumplir con todos los requisitos, se reservan a personas con capacidades especiales todos los puestos de trabajo de “Peón guarda de parques y jardines”, lo que supone un 6,36% del total de contrataciones previstas en el PEL 2018.

Los trabajadores que se estiman que serán necesarios para la ejecución de las obras y servicios incluidos en el Plan de Empleo Local, aunque la distribución es orientativa dependiendo de los proyectos que se realicen, son los siguientes: 

• Oficial albañil (15)
• Oficial electricista (6)
• Oficial carpintero madera (3)
• Oficial carpintería metálica (3)
• Oficial jardinería (6)
• Oficial pintor (10)
• Oficial conductor (3)
• Peón (219)
• Peón guarda parques y jardines (18)

El gobierno local y los distintos partidos de la oposición celebraron en la jornada del jueves la sesión plenaria correspondiente al mes de abril, en la que la concordia y el entendimiento estuvieron presentes en la mayor parte de los doce puntos tratados. No obstante, la controversia de visiones entró en juego sobre todo en tres de ellos. Posiblemente el punto cinco, relativo al “compromiso de gasto plurianual para la financiación  del contrato administrativo de servicios consistente en la sonorización e iluminación de las actividades culturales, deportivas, juveniles, turísticas promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en las distintas dependencias municipales”, fue el que causó mayor polémica. En este sentido, Ascensión Pérez, concejala y portavoz del Partido Popular, fue la primera en intervenir, declarando que el gasto de más de 23.500 euros le parecía “excesivo”. 

Por su parte, Josefina Avilés, en representación de Izquierda Unida, afirmó que les parecía una “privatización del servicio”, y que les “hubiera gustado que se hubiese informado antes de llevarlo al pleno". Además, se preguntó “si el ayuntamiento cuenta con personal técnico cualificado, y si no, si habría la posibilidad de convocar esa plaza, es decir, si se habían agotado todas las vías”. Un discurso parecido utilizó UPOA que, en palabras de su portavoz Antonio Zurera, recalcó que estaban en contra, ya que se trata de la “privatización de un servicio público”.

Finalmente, la respuesta de José Antonio Montesinos, concejal de Urbanismo y Deportes, fue que “no se privatiza nada. Tenemos un equipo con unas características, pero tenemos otros servicios concretos con los que no cuenta el ayuntamiento. El objetivo no es privatizar. Son servicios que se están prestando con empresas externas, y el equipo del ayuntamiento solo puede usar unos determinados, el resto hay que contratar”. Así las cosas, la votación se resolvió con el voto a favor del PSOE, el voto en contra de UPOA, y las abstenciones del PP, IU y Partido Andalucista. 

El segundo punto controvertido fue el sexto, en relación a la “aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza reguladora del uso de huertos tutelados de Aguilar de la Frontera”. En este sentido, la alcaldesa, María José Ayuso expuso que se trata de un “proyecto pionero. Vamos a hacer que el proyecto arraigue a las personas que se sienten desplazadas en su pueblo. Apostamos por un proyecto ecológico, por la formación de estas personas, y por la inclusión de esas personas mayores”. Asimismo, recalcó que “el proyecto de huertos tutelados es superior al de huertos sociales”.

Precisamente sobre esa última afirmación, Zurera, portavoz de UPOA aludió que “espero que usted haya leído los dos documentos, y ya que acusa de que uno es superior, dígame en qué es superior el de huertos tutelados al de huertos sociales. Yo le digo que no son incompatibles. Habéis tomado una decisión, que es apartar los huertos sociales”. En su turno de palabra, Izquierda Unida se declaró a favor, aunque expuso que era un problema el uso de agua potable, resaltando además que “se debería haber estudiado antes. Es más costoso que lo que viene acotado en el presupuesto”. PP, PSOE e IU votaron a favor, mientras que UPOA y PA se abstuvieron. 

En lo referente al punto del “acuerdo previsto en el artículo 3 de la Ordenanza Reguladora del servicio de comedor social para menores pertenecientes a familias en situación o riesgo de exclusión social”, el consenso general fue la tónica presente, aunque con ciertas discrepancias. José Mª Reyes, concejal y portavoz del Partido Andalucista (PA), cuestionó el hecho de llevar la comida a los hogares, ya que la actividad estaba prevista para “sacar a los niños de las familias durante un rato”, argumentando además que la partida de 10.000 euros era “insuficiente”; Izquierda Unida afirmó que estaba “mal enfocado”; mientras que UPOA se mostró a favor “de la idea, pero la realización ya es cosa del gobierno”. Finalmente, el PP también aceptó la propuesta, aunque preguntó si “había alguna otra actividad para incentivarla”. Así, el punto se resolvió con los votos a favor de PSOE, UPOA y PP, y las abstenciones de PA e IU.

El último punto controvertido fue el número ocho, relativo a la “aprobación de las bases por las que se establece el procedimiento a seguir en la contratación del personal a emplear en las obras y servicios financiados con cargo al Plan de Empleo Local de Aguilar de la Frontera correspondiente al año 2018”. En este caso también hubo consenso, aunque desde la oposición se puso en duda el uso que se estaba haciendo del presupuesto destinado a esta partida, subrayando, en el caso de UPOA, que se había utilizado para “contratar empresas externas”, mientras que Jesús Encabo, concejal de Obras y Servicios, mantuvo su convicción de que no se “había tocado ni un solo euro” de esta partida. 

Por último, en el turno de ruegos y preguntas, Ascensión Pérez y Antonio Zurera pidieron explicaciones sobre la polémica surgida por las irregularidades en el arreglo de los caminos Vadoancho y Casilla Padre Herrera, lo que la alcaldesa zanjó afirmando que les respondería por escrito.