La Comunidad Islámica de Aguilar de la Frontera, a través de un llamamiento por redes sociales, ha solicitado ayuda humanitaria para las zonas afectadas por el devastador terremoto ocurrido en Marruecos.

Entre los productos de mayor necesidad indican: Pañales, compresas, medicinas, kit de primeros auxilios, ropa (tanto para niños, como para adultos), calzado, sábanas, mantas o comida.

Desde la Comunidad informan que el punto de recogida habilitado es la sede del Centro Cultural Islámico, ubicado en la Avenida de Córdoba, número 42 (frente al Parque Federico García Lorca). Además, añaden que aportarán pruebas de la llegada de todo el material que se mande hasta la zona afectada.

Para más información, toda aquella persona que desee aportar su granito de arena puede llamar al 632 61 75 97, o al 631 66 69 89.

El Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta en Córdoba, Juan Ramón Pérez, ha visitado el Lagar de Benavides, en Aguilar de la Frontera, para informar sobre las ayudas urgentes al sector vitivinícola por la pandemia del Covid 19, que en la provincia afectarán a 5.456 hectáreas de terreno.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, dichas hectáreas están repartidas fundamentalmente entre los términos municipales de Montilla y Aguilar, seguidos de Montemayor, Moriles, Lucena, Monturque, Cabra, La Rambla, Puente Genil, Castro del Río y Santaella. La provincia de Córdoba representa alrededor de una quinta parte del viñedo andaluz.

Como ha señalado el delegado, la apertura de esta convocatoria está fundamentada en el descenso en la comercialización de vinos en 2020, debido a las prohibiciones establecidas en la celebración de eventos y en las medidas de contención impuestas en el ámbito de la hostelería y restauración.

Todo ello ha provocado que con la llegada de la vendimia de 2020, las bodegas se encontraran con sus depósitos llenos y, consecuentemente, se haya reducido la adquisición de uva para la producción de nuevos vinos. Los volúmenes adquiridos han sido "notablemente inferiores, lo que ha provocado una reducción de ingresos y un excedente de uva".

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha previsto una convocatoria de ayudas de 18,1 millones de euros a sectores afectados por el Covid-19 y que se conceden a través de la medida 21 del Programa de Desarrollo Rural (PDR), con la autorización explícita de la Unión Europea para que se destinen a este fin.

En este caso, los sectores en los que se constatan importantes daños económicos como consecuencia de la pandemia son el equino de cría, para el que se habilita una ayuda de 12,2 millones de euros, y el viñedo, con un apoyo específico de 5,9 millones de euros. Los agricultores pueden solicitar desde el pasado 9 de abril y hasta el día 29 de este mismo mes, las nuevas ayudas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

La decisión se adopta tras constatarse la existencia de estos nuevos sectores, al margen de los que ya han recibido ayudas por parte de la Junta, en los que la incidencia de la situación sanitaria está siendo determinante desde el punto de vista económico.

Como ha explicado el delegado, "la Junta vuelve a dar respuesta a sectores especialmente damnificados por la pandemia y lo hace a través de la medida 21 del Programa de Desarrollo Rural". Para ello cuenta con la autorización explícita de la Unión Europea para que se destinen a este fin; en este caso, a sectores en los que se constatan importantes daños económicos como consecuencia de la pandemia y después de comprobar que la incidencia de la situación sanitaria está siendo determinante desde el punto de vista económico.

Las ayudas se financian al 75 por ciento con cargo al Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (Feader), 17,5 por ciento con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía y el 7,5 por ciento con cargo a la Administración General del Estado.

"VINOS Y VINAGRES ÚNICOS"

El delegado ha recalcado que el sector vitivinícola en la provincia está sustentado por el Marco Montilla-Moriles, "con unas Denominaciones de Origen que producen vinos y vinagres únicos, con unas bodegas de prestigio más allá de nuestras fronteras por la elaboración tradicional y la calidad de sus productos".

La Junta respalda al sector a través de las ayudas a los consejos reguladores para la promoción dentro de la Unión Europea; el apoyo a la comercialización en terceros países; o las ayudas a la reconversión y reestructuración del viñedo, entre otros.

Para Pérez, el sector agroalimentario cordobés ha realizado un importante esfuerzo desde la aparición de la pandemia, se ha revelado no sólo como un sector estratégico sino como un sector solidario, que ha sabido responder a las necesidades de la sociedad en los momentos más complejos.

Como ha subrayado el delegado, la Junta de Andalucía "reconoce al sector agrícola, al sector ganadero, a la industria agroalimentaria y a todos los agentes que han contribuido al abastecimiento de alimentos, bebidas y productos básicos, y que han realizado además servicios para la ciudadanía más allá de sus cometidos. Por eso y por otros motivos apoyamos al sector en todo lo posible", ha apostillado.

Según se explica en un documento registrado este miércoles por parte de Josefina Avilés, portavoz de Iquierda Unida de Aguilar de la Frontera, la nueva "Ley de Contratos da cabida legal a una de las demandas históricas" que desde la formación local se viene "reclamando durante varios años, esto es, la posibilidad de incluir criterios de adjudicación en el pliego de condiciones que busquen mejorar las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras", puntualiza el grupo. 

Dicho documento contempla como novedad  que, a partir de este año, la Diputación de Córdoba abonará de forma íntegra a los Ayuntamientos los 13 euros por hora y trabajadora que paga la Junta de Andalucía por el Servicio de Ayuda a Domicilio, esto es, 0,50 euros más que en años anteriores, cantidad para la que piden buscar fórmulas que permitan repercutirla en el salario de las trabajadoras.

Izquierda Unida subraya que lleva "años pidiendo al equipo de Gobierno que realice una mesa de estudio para evaluar la posibilidad de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio, en la que, junto con trabadoras y/o representantes de las mismas, se pongan encima de la mesa los pros y los contras de forma objetiva para determinar si es viable la municipalización como mecanismo de mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras sin que merme la calidad del servicio" y concluye solicitando "al equipo de Gobierno una reunión para abordar de forma conjunta todos estos asuntos".