Unidad Popular de Aguilar interpeló a la alcaldesa María José Ayuso durante el pasado pleno del jueves 26 de abril, con el objetivo de dar respuesta a la resolución 954/2018 de alcaldía, cuyo contenido es relativo a la legalización de las obras de mejora de los caminos de Casilla Padre Herrera y Vadoancho. “Quisiera hablar de la resolución de alcaldía 954/2018, con fecha del 13 de abril de 2018, curiosamente un día después de que todos los grupos de la oposición hiciéramos una rueda de prensa anunciando las supuestas irregularidades y barbaridades de cómo se han hecho estas reformas por el Ayuntamiento como propietario y promotor”, argumentaba Antonio Zurera, concejal y portavoz de dicho grupo municipal.

“Dice usted en su resolución que las mejoras del camino se han hecho sin licencia, autorización o aprobación alguna”, continuó su intervención UPOA, para enumerar seguidamente una serie de preguntas, cuyas respuestas decidió postergar Ayuso. 

Asimismo, UPOA prosiguió relatando que “en el punto 3” de la resolución se explica “que la ejecución de dichas actuaciones sin la previa autorización o aprobación debió dar lugar a la apertura de dos tipos de procedimientos”. En este sentido, el concejal establecía las siguientes cuestiones: “¿por qué entonces solo abrió uno? ¿por qué ha tenido que esperar a que la oposición denuncie públicamente esta chapuza para que usted abra el otro procedimiento?”.

Finalmente, el concejal subrayó que cuando se pidió el informe “es cuando usted decreta que ningún trabajador de este ayuntamiento nos dé información. Es más, cuando yo voy a recoger el informe me enseñan su decreto y me dicen que hasta que usted no lo autorice no me lo dan, con el informe ya hecho en la mano. Además, dice usted señora alcaldesa que «la falta de documentación relativa a la ejecución de las obras impide conocer de forma fehaciente que personas intervinieron en la ejecución de las mismas y su participación en los hechos»”.

Estas fueron algunas de las cuestiones más destacadas de UPOA, las cuales tuvieron la posibilidad de ver nuestros abonados en la emisión en directo del pasado pleno del 26 de abril, y sobre las que la alcaldesa se guardó el derecho a responder por escrito. No obstante, el grupo municipal de la oposición aún sigue esperando dicha respuesta. MADINFOR TV ha tenido acceso a esa resolución emitida por el ayuntamiento, la cual adjuntamos íntegramente a continuación. 

Los cuatro partidos de la oposición de Aguilar de la Frontera (Izquierda Unida, Partido Andalucista, Unión Popular de Aguilar y Partido Popular) se reunieron en la tarde del jueves para denunciar a través de una rueda de prensa las irregularidades que, según sus cuatro líderes, se han llevado a cabo en varios caminos del término municipal. “Este gobierno municipal del PSOE se ha acostumbrado a hacer las cosas mal y al revés. Estamos hablando de la actuación que ha acometido en los caminos Vadoancho y Casilla Padre Herrera de nuestro pueblo, pretendiendo hacernos creer que se trataba de meras obras de reforma de caminos rurales, cuando lo que han terminado haciendo es asfaltar suelo no urbanizable, para favorecer a determinadas parcelaciones ilegales, saltándose con ello a la torera la normativa urbanística”, explicó Antonio Zurera, portavoz de UPOA.

El concejal afirmó que se han arreglado estos caminos “sin mover ni un papel, sin licencia o expediente municipal que amparase la legalidad de su actuación”, y que, una vez concluida, es cuando se ha empezado a gestionar. “El mundo al revés”, puntualizaba. 

De esta forma, los cuatro grupos de la oposición se preguntan ahora la razón por la que el consistorio local ha actuado de esa forma. “¿Por qué antes de hacer este arreglo no se ha pedido presupuesto a distintas empresas? ¿Por qué no se pidieron los informes técnico y jurídico preceptivos antes de iniciar las obras, comunicándolos entonces a la oposición, y no con posterioridad intentando desesperadamente legalizarlas a contrarreloj? Y si la obra fue acometida en los meses de junio y julio de 2017, ¿por qué han aparecido facturas en relación a sus mejoras con fecha de 26 de octubre de 2017?”, expuso Zurera. 

Además, el líder de UPOA continuó detallando que el asunto se ha enredado aún más, “cuando hemos tenido noticia, tanto por lo publicado en su día en el perfil de Facebook del Ayuntamiento, como directamente por algunos vecinos favorecidos por la obra, de que algunos de éstos presuntamente han aportado dinero para el arreglo de estos caminos”. Cantidades que, según afirma la oposición, el Ayuntamiento habría devuelto a los mismos, "pero que ya a través de los comentarios de Facebook exponían que habían pagado". 

“¿Significa esto que el Ayuntamiento, consciente de que se saltaba las normas, pretendió cobijarse tras los vecinos para que éstos apareciesen como promotores de la obra y no la corporación municipal? El gobierno municipal del PSOE lo ha negado tras las preguntas de los grupos de la oposición, pero tuvimos fehaciente constancia de ello”, insistió Zurera. 

No obstante, en su exposición de argumentos fueron aún más lejos, al subrayar que en el propio expediente de legalización de las obras aparece como negativo el Informe Técnico Jurídico del asesor jurídico urbanístico del Ayuntamiento. “Entendemos los cuatro grupos de la oposición que existen demasiados entresijos y enredos para un simple arreglo de caminos”. 

Asimismo, indicaron que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria del día 11 de enero de 2018, acordó legalizar las obras de los caminos Vadoancho y Casilla Padre Herrera, “a pesar de este informe técnico jurídico en contra y de tantas interrogantes sin aclarar”.

Finalmente, una vez analizado el expediente, los cuatro partidos (UPOA, IU, PA y PP) “podremos interponer recurso contencioso administrativo contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, consistentes en la legalización de las obras de mejora ejecutadas sobre los caminos rurales Vadoancho y Casilla Padre Herrera, ambos adoptados en sesión ordinaria del día 11 de enero de 2018, sin descartar la probable responsabilidad penal que pudiera derivarse de estos acuerdos”.