AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) ha demandado a la Diputación de Córdoba que cumpla con las leyes de Memoria Democrática estatal y andaluza y elabore, como ya han hecho las diputaciones de Málaga, Valencia, Alicante, La Coruña o Gipúzcoa, entre otras, un catálogo de distinciones, nombramientos y títulos honoríficos concedidos por la institución provincial y que supongan una exaltación del golpe militar, la guerra civil o la dictadura franquista a fin de, en cumplimiento de las citadas leyes, proceder a su retirada.

En esta ocasión, y después de casi dos años de espera desde que, en mayo de 2022, el colectivo formulara la primera solicitud en el registro de la administración provincial, AREMEHISA se ha visto obligada a buscar amparo en el Defensor del Pueblo andaluz, institución que, tras dos requerimientos previos, ha decidido solicitar a la Diputación “un informe sobre el estado de la elaboración del inventario de honores y distinciones, así como de las actuaciones realizadas al respecto”.

Así, desde la asociación memorialista aseguran que “este tipo de demoras y la falta colaboración institucional en materia de memoria es algo a lo que, lamentablemente, estamos demasiado acostumbrados”, al tiempo que destacan que “en este caso concreto, y atendiendo a las explicaciones que el presidente de la Diputación ha ofrecido al Defensor del Pueblo tras nuestros requerimientos previos, la contestación de Salvador Fuentes es a todas luces ambigua, totalmente carente de contenido y no persigue otro fin que el de cubrir el expediente de obligación de respuesta, sin más”.

En este sentido, el colectivo memorialista ha recordado que la revisión de reconocimiento, honores y distinciones concedidos por y durante el franquismo, una tarea que, por ejemplo, sí ha elaborado el Ayuntamiento de Córdoba, es “un deber claramente establecido en el artículo 40 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que nos dice que es obligación de las administraciones públicas de ‘revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la dictadura, o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista’”.

El pasado martes, 19 de septiembre, se iniciaron los trabajos de la tercera intervención arqueológica en el Cementerio de Aguilar de la Frontera, con el objetivo de localizar las fosas de represaliados de la Guerra Civil española (1936-1939).

El equipo técnico, perteneciente a la empresa TCA Cartografía y Geomática S.A, está formado por los arqueólogos Félix Bizarro, René Palacios y José Ángel Merino y coordinado por la antropóloga Núria Ribas. Basándose en las excavaciones realizadas anteriormente y en los testimonios orales, se han planteado tres sondeos en distintas ubicaciones de la Zona 5 del Cementerio Municipal de nuestra localidad.

Hace unos días el equipo recibía la visita de la alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores, junto a otros miembros del Equipo de Gobierno, así como del presidente de Aremehisa, Rafael Espino. Allí se ha realizado la explicación de los trabajos que se están desarrollando. Hasta el momento se ha descartado el Sondeo 3, llegando a niveles geológicos, y se está trabajando en el Sondeo 1, dónde se han localizado varios niveles de enterramientos normalizados acordes con el ritual cristiano.

Debido al presupuesto con el que se dispone para esta campaña arqueológica, los trabajos de campo tendrán una duración de tres semanas aproximadamente, finalizando la primera quincena de octubre.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) ha informado del comienzo el próximo lunes, 21 de febrero, de los trabajos de localización, ubicación y exhumación de la fosa común del cementerio municipal de La Inmaculada de San Sebastián de los Ballesteros.

En esta fosa común se pretende encontrar los cuerpos de 12 personas, diez hombres y dos mujeres, fusilados en las tapias del cementerio de San Sebastián de los Ballesteros en la madrugada del 20 de octubre de 1936, naturales de las localidades cordobesas de La Victoria, Almodóvar del Río, Aguilar de la Frontera y Alcontar (Almería).

Los trabajos se llevarán a cabo con la financiación de la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de La Victoria, contando con la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros.

Dichos trabajos tendrán una duración estimada de un mes y serán realizados por un equipo interdisciplinar, conformado por historiadores, arqueólogos y antropólogos forenses. Serán  realizados por la empresa ARATASPI, coordinados por AREMEHISA y dirigidos por la arqueóloga Virginia Barea.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Arehemisa) ha informado de la finalización de los trabajos de campo iniciados el pasado mes de mayo en el Cementerio Municipal de Aguilar de la Frontera, con el objetivo de localizar la fosa común que contiene los restos de las 80 personas asesinadas en la localidad entre los días 20 de agosto y 1 de noviembre de 1936.

Los trabajos, desarrollados con la financiación del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, la Diputación Provincial de Córdoba, la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, concluyeron el pasado viernes 13 de agosto y han proporcionado “información valiosa sobre las nueve fosas comunes existentes en un espacio que supera los 3.000 metros cuadrados”, según han explicado desde Arehemisa.

En la zona intervenida se han podido localizar, además de las fosas comunes ya existentes, “otros tres espacios más con contenido de restos óseos humanos”. La intervención se ha centrado en “la búsqueda de información de 6 de las 9 fosas comunes para recabar datos relativos a la datación temporal de cada una de ellas, la forma en que han sido utilizadas y su contenido”.

La información obtenida sobre este espacio, en el que se calcula la existencia de unas 2.000 personas enterradas a lo largo de varias décadas, permitirá dar continuidad a los trabajos de localización y exhumación en una segunda etapa para la que aún no hay fecha determinada, ya que “permanece a la espera de que las distintas administraciones implicadas resuelvan las peticiones de financiación efectuadas para continuar con las prospecciones”.

La asociación señala que “se han realizado sondeos en 7 de las 9 fosas comunes y se han exhumado 120 cuerpos, ninguno de ellos de personas represaliadas, de los que se van a poder identificar aproximadamente un 10 por ciento, gracias a las chapas de plomo que se han podido recuperar junto a algunos de ellos”.

Aremehisa (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) ha informado que la fosa común situada en la zona número cinco del Cementerio Municipal puede albergar los restos óseos de, al menos, 80 personas fusiladas en el municipio entre el 20 de agosto y el 1 de noviembre de 1936.

Según sus últimas investigaciones, entre los ciudadanos fusilados y ocultados en dicha fosa podrían encontrarse Jerónimo Ortiz Urbano, alcalde de Monturque, fusilado el 20 de agosto de 1936, junto a Francisco Jiménez García, Antonio Expósito Cruz, Camilo Rojas Jiménez, Severo Rojas Rojas, José Flores Molina, Francisco Borrayo Raya, Pablo López León, Manuel Sánchez Osuna y Manuel Sánchez Aguilera, todos ellos miembros de la Corporación monturqueña.

Así se lo ha trasladado la asociación memorialista a la alcaldesa de Monturque, María Teresa Romero, en su visita a las fosas, a la que ha acudido acompañada de la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, y el historiador de la localidad vecina, Francisco Luque.

De acuerdo a los últimos estudios elaborados por Aremehisa, además de vecinos del propio municipio, en Aguilar de la Frontera fueron fusiladas personas procedentes de hasta siete localidades de las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz. Entre ellas Montilla, Montemayor, Fernán Núñez, Monturque, Lucena, Osuna y San Roque.

AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) y el Ayuntamiento de la localidad han abierto al público la intervención arqueológica en la que, desde el pasado 31 de mayo, profesionales de la empresa Arataspi trabajan con el fin de recuperar los cuerpos de las personas fusiladas en Aguilar y ocultadas en fosas comunes del cementerio municipal durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista.

Durante la jornada de puertas abiertas, el presidente de AREMEHISA, Rafael Espino, ha puesto en valor “la educación y la pedagogía” como herramientas fundamentales para “divulgar y poner al servicio de las generaciones más jóvenes la información necesaria para que puedan, con juicio crítico, conocer y sacar sus propias conclusiones en relación a acontecimientos y hechos tan graves como son la desapariciones forzadas en el contexto de los derechos humanos”.

La sesión, que se ha saldado con la participación de alrededor de 50 alumnos de Primero de Bachillerato del IES Vicente Núñez, ocho profesores y una decena de particulares de Aguilar, Monturque y Montilla, ha discurrido en torno a dos itinerarios diferenciados. Por un lado, los estudios, investigaciones y trabajos documentales en relación a la zonas ya intervenidas situadas en la parte alta del camposanto y, por otro, los trabajos técnicos de indagación, localización y exhumación que tienen lugar en la parte baja.

En la primera parte de la visita, desde la asociación memorialista han relatado a los asistentes los distintos episodios de represión que se sucedieron en la localidad desde el estallido del golpe de Estado militar hasta finales del mes de octubre de 1936, “acontecimientos clave para poder comprender y conocer de primera mano la situación y distribución del cementerio y cómo se comportan los distintos espacios de ocultación de cuerpos”.

Para ejemplificar y ayudar a entender el estado de los distintos espacios de enterramiento intervenidos en proyectos anteriores, Aremehisa ha facilitado como materiales didácticos vinilos a tamaño e imagen real que, colocados sobre las zonas indicadas, muestran el estado y el contenido exacto de las fosas excavadas desde el año 2010.

Finalmente, ha sido la directora de la excavación, Virginia Barea, quien, en la fase final del recorrido, ha acompañado a los asistentes a las zonas donde actualmente se desarrollan los trabajos de indagación. Allí ha explicado las funciones y el papel que juegan en este tipo de intervenciones el trabajo de profesionales, como los arqueólogos y los antropólogos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) ha iniciado un nuevo proceso de búsqueda para intentar localizar a familiares de dos ciudadanos represaliados, oriundos de los municipios cordobeses de La Granjuela e Hinojosa del Duque, ambos ejecutados en Peñarroya-Pueblonuevo durante el mes de marzo del año 1940.

La asociación memorialista solicita, una vez más, colaboración ciudadana para intentar recabar toda la información posible y establecer contacto con los familiares, o descendientes, tanto de Santiago Cáceres Delgado, conocido como "Pelúo ", nacido en 1903 en la localidad de La Granjuela, minero de profesión y casado con Bibiana Damián Molina, con quien concibió un hijo y junto a quien residía en la calle Real del citado municipio, como de José Balsera Prado, nacido en 1901 en Hinojosa del Duque, jornalero de profesión y casado con Josefa Leal Moruno, con quien concibió tres hijos.

De esta forma, AREMEHISA solicita cualquier tipo de información que permita obtener algún dato sobre estas dos personas que pueda ayudar a identificar a posibles familiares directos. Si alguien dispone de información a este respecto, puede ponerse en contacto con la asociación llamando al teléfono 680 63 46 33; escribiendo al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; o a través de la cuenta de Facebook de AREMEHISA: https://www.facebook.com/aremehisa.

AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera), ha hecho saber en una nota de prensa que iniciará el próximo mes de febrero los trabajos de búsqueda en la fosa del Patio de la Purísima del Cementerio Municipal de Puente Genil para la localización de los restos óseos de seis víctimas de la represión franquista fusilados durante el mes de abril de 1940.

El principal objetivo del proyecto, construido en base a una fase inicial de investigación histórica y documental, es hallar físicamente los cuerpos de Francisco Giménez Giménez, fusilado el 9 de abril de 1940 a los 36 años de edad, José María Rodríguez Gálvez, Francisco Delgado Illoner (24 años), Francisco Dorado Barcos, Francisco Rey Rodríguez, apodado “Patinillo”, y Rafael Reina Hidalgo, asesinados todos ellos el día 24 de abril del mismo año.

Esta actuación, de la que se hará cargo el personal técnico de AREMEHISA, ya fue anunciada por la anterior Dirección General de Memoria Democrática y publicada en BOJA en el mes de marzo del año 2018 tras la solicitud y proyecto presentado por la asociación en noviembre de 2017. Tras años de espera, la búsqueda se llevará finalmente a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil.

La intervención queda encuadrada dentro de los trabajos que la asociación lleva a cabo como parte de la iniciativa "EXHUMACCIÓN ", campaña puesta en marcha por AREMEHISA y abierta a la colaboración social y solidaria para lograr acometer y poner en marcha los trabajos pendientes en la provincia de Córdoba.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) cursó en el día de ayer una reclamación formal ante la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y el Defensor del Pueblo Andaluz en la que recuerda que la providencia de inicio de la Gerencia Municipal de Urbanismo para la restauración de los antiguos nombres de la calle Foro Romano, avenida del Flamenco y Plaza de los Derechos Humanos atenta directamente contra las leyes de Memoria Histórica y, por ende, contra las víctimas a las que estas protegen.

El escrito dirigido a Patricia del Pozo Fernández, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, y a Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor del Pueblo Andaluz, insta a ambos dirigentes a asumir su obligación de cumplir y de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y a paralizar de inmediato la citada providencia, que incumple los artículos 15.1 y 32 de las leyes de Memoria Histórica estatal de 2007 y andaluza de 2017, respectivamente.

Además, AREMEHISA ha demandado la supresión de todos los símbolos franquistas que todavía perviven en la ciudad de Córdoba, muchos de ellos recogidos en el dictamen final de la Comisión Municipal de Memoria Histórica creada en la anterior legislatura, así como la supresión de los títulos honoríficos otorgados a militares golpistas que la asociación ya denunció en 2018, advirtiendo que la presencia de este tipo de elementos en espacios públicos e instituciones pone en tela de juicio nuestros valores y principios democráticos y supone un grave perjuicio para la memoria de las víctimas de la represión y dictadura franquista y para la educación de las generaciones venideras.

Finalmente, la asociación de Aguilar de la Frontera ha trasladado tanto a del Pozo Fernández como a Gregorio de Tejada que tomará las medidas legales pertinentes para que el Ayuntamiento cordobés sea garante del ordenamiento jurídico vigente en defensa de la libertad democrática y de los derechos de Verdad, Justicia, Reparación y Dignificación de las víctimas del franquismo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Aremehisa, ha hecho un llamamiento “a la colaboración ciudadana para localizar a familiares de dos hermanos aguilarenses que fueron asesinados en Córdoba tras los acontecimientos ocurridos a raíz del alzamiento militar del 18 de julio de 1936”.

Desde este colectivo buscan información y desean establecer contacto con los familiares de Juan Manuel y Antonio Prieto Martín, naturales de Aguilar de la Frontera. Aremehisa solicita por lo tanto “la colaboración ciudadana para poder obtener algún dato de estas personas que identifique a posibles familiares directos”.

La propia asociación ha puesto a disposición de la ciudadanía un número de teléfono (680 63 46 33) y un correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para toda aquella persona que pueda aportar algún dato o información al respecto.

Además, en su perfil de Facebook, Aremehisa ha dejado una breve reseña biográfica de Juan Manuel y Antonio Prieto Martín:

Juan Manuel Prieto Martín nació el día 25 de julio del año 1904 en la localidad de Aguilar de la Frontera, sita al suroeste de la provincia de Córdoba, en pleno corazón de la Campiña Sur, donde cinco años más tarde, en 1909, lo haría también su hermano Antonio, el segundo de los cuatro hijos del matrimonio formado por Ignacio Prieto Fernández y Josefa Martín García.

Juan vino al mundo en la propia vivienda familiar, ubicada en el número 41 de la calle
Calvario, calzada de acogida de uno de los focos de asentamiento jornalero y obrero en el municipio desde las primeras décadas del siglo XIX y cuya nomenclatura habría de prologar, como si de una esotérica y macabra marca premonitoria se tratase, el sangriento y lastimoso devenir que, apenas tres décadas más tarde y como consecuencia de la insurrección militar de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, se apoderaría de la vida de ambos hermanos y de la de incontables
ciudadanos españoles, andaluces y cordobeses que quedarían sepultados bajo el imperdonable peso de un vergonzoso y amnésico abandono cuyo letargo ha sido perpetuado durante decenios.

Juan Manuel Prieto Martín vería florecer el germen de su niñez por las calles de su pueblo natal, donde extendería su latir en convivencia con sus abuelos, Juan Prieto Reyes e Inés Fernández, por línea paterna, y Francisco Martín Mediavilla y Teresa García Fernández por la materna, sus padres y sus tres hermanos, Carmen, Manuel y Antonio Prieto Martín, con quien compartiría, trágica e irremediablemente, el último aliento de una vida soterrada a golpe de fusil por la acción totalitaria e intolerante que conminó a sus familias y a muchas otras en toda España, a la crudeza de un tiempo indeseable amordazado bajo la sombra del exterminio de toda una conciencia ideológica y social subyacente al fascismo.

Alcanzada la edad adulta, y a diferencia de su hermano Manuel, cabrero de oficio, casado y conocido en Aguilar bajo el apodo de ‘Calerito’, y su hermana Carmen, tanto Juan como Antonio crecieron profesionalmente vinculados a la órbita automovilística, el primero como mecánico y el segundo como chófer, oficio que desempeñaron ya en la capital, en Córdoba, ciudad a la que se trasladaron y en la que se aposentaron con carácter independiente. Contrajo matrimonio con Paula Fernández Manibardo, natural de Torrejoncillos (Cáceres), y el matrimonio estableció su lugar de residencia en el número 25 de la calle de Enmedio, en una vivienda que permanecería vinculada a la
familia Prieto Fernández, como mínimo, hasta mediados del mes de septiembre de 1936. Con posterioridad, existe constancia documental de que en 1945, años después del asesinato de su marido, su viuda, Paula Fernández Manibardo, abandonaría el citado inmueble para trasladarse a otro situado en la calle Sebastián de Belalcazar s/n.

Apenas un año después de la instauración de la Segunda República y durante el gobierno del Partido Republicano Radical, encabezado en la alcaldía por Francisco de la Cruz Ceballos tras la renuncia del primer alcalde republicano, Eloy Vaquero, la prensa local de la época, en concreto el Diario de Córdoba, recogió, como consecuencia de los sangrientos altercados acontecidos en la capital a raíz del ejercicio de un acto de manifestación, el primero de mayo, la muerte de dos ciudadanos y la detención de, entre otros, Antonio Prieto Martín y su compañero Luis Pulido Ariza, natural también de Aguilar de la Frontera y fusilado en el Cementerio de San Rafael de Córdoba el
día 21 de septiembre de 1936. 

Córdoba acababa de ser testigo del precedente que daría paso al aciago e infausto final al que el bando sublevado, encabezada por Ciriaco Cascajo en la provincia de Córdoba, condenaría a los hermanos Prieto Martín tan solo cuatro años más tarde. Su detención definitiva por parte de las mal llamadas “fuerzas de orden público” tuvo lugar el día 8 de septiembre del año 1936, dos meses después del golpe de Estado militar. Juan Manuel Prieto Martín y Antonio Prieto Martín fueron fusilados el día 9 de septiembre de 1936 en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, junto a cuatro hombres más, a los 32 y 27 años de edad, respectivamente. En la mentada fecha, Juan Manuel era padre de dos hijos menores de edad, Josefa Prieto Fernández y Manuel
Prieto Fernández, que quedaron huérfanos a cargo de su madre. 

El 10 de enero del año 2019, tras más de ochenta años de vergonzoso abandono institucional a las familias de más once mil personas inocentes asesinadas a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba, dio comienzo en el cementerio de la Salud la intervención para la investigación de las fosas y la exhumación de las personas represaliadas tras los acontecimientos represivos desatados a raíz del golpe militar de julio de 1936. 

El día 22 de enero, el equipo técnico al cargo del trabajo de campo informó de la realización con éxito, entre las 12 y las 13h, de la exhumación de la primera persona represaliada en la ciudad de Córdoba como consecuencia de la acción franquista. Así lo confirmaban, según la notificación del equipo técnico, las claras evidencias criminales en forma de balística y los episodios de violencia derivados de disparos por arma de fuego en un esqueleto masculino compatible, por el contexto y las características antropológicas, con el de Juan Manuel Prieto Martín, de 32 años de edad, ese mismo día también serían exhumados los restos de su hermano Antonio Prieto Martin.