Rafael Fernández Flores, en calidad de secretario general de Progreso y Democracia de Aguilar (APD), y Mateo Urbano, perteneciente a la junta local del partido, presentaron este lunes un escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento, reflejando sus inquietudes sobre la falta de asistencia de ciertos concejales a las sesiones plenarias, sobre todo centrándose en la figura del exalcalde Francisco Juan Martín. Cabe destacar que Martín lleva varios meses sin asistir a los Plenos Municipales desde su baja por enfermedad, ni siquiera estuvo presente en la investidura de María José Ayuso como alcaldesa. 

"Nuestra obligación como partido es colaborar en las mejoras de nuestros ciudadanos, fiscalizar la labor municipal del equipo de gobierno y aportar aquellas cuestiones que redunden en el beneficio de este pueblo", afirman en el comunicado. Además, puntualizan que "como bien es sabido existe remuneración por el cargo para cada uno de los concejales". Por lo tanto, APD plantea las siguientes preguntas a la alcaldesa María José Ayuso:

¿Cuánto cobra cada concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Aguilar? ¿Cuántos concejales están liberados y desempeñan su función como tal? ¿A cuántas actividades ha asistido el concejal Francisco Juan Martín en los últimos 6 meses organizadas por el Ayuntamiento? ¿A cuántos plenos ha asistido en ese mismo periodo? ¿Quién recibe el dinero aprobado en pleno y destinado a cada concejal? ¿Se ha tomado alguna medida o se va a tomar contra los concejales que no asisten ni participan en la actividad local? ¿Hay alguna medida disciplinaria para el absentismo político?

"Entendiendo que es un tema mayor, ya que se trata de un dinero público que sale del bolsillo del contribuyente, esperamos desde APD que nos dé una respuesta a las cuestiones planteadas", apostilla la corporación municipal en su escrito. 

El gobierno local y los distintos partidos de la oposición celebraron en la jornada del jueves la sesión plenaria correspondiente al mes de abril, en la que la concordia y el entendimiento estuvieron presentes en la mayor parte de los doce puntos tratados. No obstante, la controversia de visiones entró en juego sobre todo en tres de ellos. Posiblemente el punto cinco, relativo al “compromiso de gasto plurianual para la financiación  del contrato administrativo de servicios consistente en la sonorización e iluminación de las actividades culturales, deportivas, juveniles, turísticas promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en las distintas dependencias municipales”, fue el que causó mayor polémica. En este sentido, Ascensión Pérez, concejala y portavoz del Partido Popular, fue la primera en intervenir, declarando que el gasto de más de 23.500 euros le parecía “excesivo”. 

Por su parte, Josefina Avilés, en representación de Izquierda Unida, afirmó que les parecía una “privatización del servicio”, y que les “hubiera gustado que se hubiese informado antes de llevarlo al pleno". Además, se preguntó “si el ayuntamiento cuenta con personal técnico cualificado, y si no, si habría la posibilidad de convocar esa plaza, es decir, si se habían agotado todas las vías”. Un discurso parecido utilizó UPOA que, en palabras de su portavoz Antonio Zurera, recalcó que estaban en contra, ya que se trata de la “privatización de un servicio público”.

Finalmente, la respuesta de José Antonio Montesinos, concejal de Urbanismo y Deportes, fue que “no se privatiza nada. Tenemos un equipo con unas características, pero tenemos otros servicios concretos con los que no cuenta el ayuntamiento. El objetivo no es privatizar. Son servicios que se están prestando con empresas externas, y el equipo del ayuntamiento solo puede usar unos determinados, el resto hay que contratar”. Así las cosas, la votación se resolvió con el voto a favor del PSOE, el voto en contra de UPOA, y las abstenciones del PP, IU y Partido Andalucista. 

El segundo punto controvertido fue el sexto, en relación a la “aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza reguladora del uso de huertos tutelados de Aguilar de la Frontera”. En este sentido, la alcaldesa, María José Ayuso expuso que se trata de un “proyecto pionero. Vamos a hacer que el proyecto arraigue a las personas que se sienten desplazadas en su pueblo. Apostamos por un proyecto ecológico, por la formación de estas personas, y por la inclusión de esas personas mayores”. Asimismo, recalcó que “el proyecto de huertos tutelados es superior al de huertos sociales”.

Precisamente sobre esa última afirmación, Zurera, portavoz de UPOA aludió que “espero que usted haya leído los dos documentos, y ya que acusa de que uno es superior, dígame en qué es superior el de huertos tutelados al de huertos sociales. Yo le digo que no son incompatibles. Habéis tomado una decisión, que es apartar los huertos sociales”. En su turno de palabra, Izquierda Unida se declaró a favor, aunque expuso que era un problema el uso de agua potable, resaltando además que “se debería haber estudiado antes. Es más costoso que lo que viene acotado en el presupuesto”. PP, PSOE e IU votaron a favor, mientras que UPOA y PA se abstuvieron. 

En lo referente al punto del “acuerdo previsto en el artículo 3 de la Ordenanza Reguladora del servicio de comedor social para menores pertenecientes a familias en situación o riesgo de exclusión social”, el consenso general fue la tónica presente, aunque con ciertas discrepancias. José Mª Reyes, concejal y portavoz del Partido Andalucista (PA), cuestionó el hecho de llevar la comida a los hogares, ya que la actividad estaba prevista para “sacar a los niños de las familias durante un rato”, argumentando además que la partida de 10.000 euros era “insuficiente”; Izquierda Unida afirmó que estaba “mal enfocado”; mientras que UPOA se mostró a favor “de la idea, pero la realización ya es cosa del gobierno”. Finalmente, el PP también aceptó la propuesta, aunque preguntó si “había alguna otra actividad para incentivarla”. Así, el punto se resolvió con los votos a favor de PSOE, UPOA y PP, y las abstenciones de PA e IU.

El último punto controvertido fue el número ocho, relativo a la “aprobación de las bases por las que se establece el procedimiento a seguir en la contratación del personal a emplear en las obras y servicios financiados con cargo al Plan de Empleo Local de Aguilar de la Frontera correspondiente al año 2018”. En este caso también hubo consenso, aunque desde la oposición se puso en duda el uso que se estaba haciendo del presupuesto destinado a esta partida, subrayando, en el caso de UPOA, que se había utilizado para “contratar empresas externas”, mientras que Jesús Encabo, concejal de Obras y Servicios, mantuvo su convicción de que no se “había tocado ni un solo euro” de esta partida. 

Por último, en el turno de ruegos y preguntas, Ascensión Pérez y Antonio Zurera pidieron explicaciones sobre la polémica surgida por las irregularidades en el arreglo de los caminos Vadoancho y Casilla Padre Herrera, lo que la alcaldesa zanjó afirmando que les respondería por escrito. 

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Beatriz Jurado, se ha trasladado hasta la sede de dicha formación en Aguilar para mostrar la opinión de su partido acerca del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. "El proyecto en el que están englobadas todas las estrategias y todas las políticas e inversiones del gobierno para el año 2018",  ha puntualizado, haciendo hincapié además en que "ya ha comenzado el debate y esperamos que el resultado sea la aprobación de estos presupuestos".

"Desde los siete años que gobierna en España", ha comenzado su intervención Jurado, "en el PP hemos hecho unos presupuestos acordes al momento que vivimos. En 2011 la situación económica era desoladora, y cada día nos encontrábamos con una desgracia que vivía alguna familia o empresa cordobesa, andaluza o española. Nuestro proyecto entonces era y sigue siendo la creación de empleo, para dar oportunidades cada vez a más personas, y para tener riqueza y recursos que hoy podemos presentar".

Unos recursos que, según su visión, ahora sí existen, y que por ello tienen "un presupuesto que ninguna formación política debería decirle que no. El objetivo fundamental de los presupuestos es crear empleo".

Además, la vicesecretaria del PP de Córdoba ha destacado que son unos "presupuestos sociales", subrayando que "más del 53% está destinado a políticas sociales y en concreto a las pensiones". Precisamente éste ha sido unos de los puntos principales en los que se ha centrado, argumentando que "desde hace unos meses, de manera legítima y justificada, muchos pensionistas han salido a la calle a pedir una subida. Cuando llegamos al gobierno veníamos de un gobierno socialista que las había bajado. El presidente Mariano Rajoy se comprometió a no bajarlas, y no solo lo ha cumplido, sino que las ha subido en la medida de lo posible. Lo que plantea el PP es la subida del 1% al 3% en las pensiones. En nuestra provincia estamos hablando de 169.663 pensiones, entre contributivas, de viudedad, orfandad, incapacidad, o cualquier otro tipo de pensión".

Seguidamente ha enumerado distintas medidas incluidas en el proyecto, tales como "el cheque bebé de 1.000 euros para guarderías, las ayudas de 600 euros para familias numerosas, las ayudas para las familias que tienen un cónyuge con discapacidad o las ayudas para permitir una semana más de baja por paternidad, la consolidación del salaria mínimo interprofesional, la consolidación de la subida del salario de los funcionarios, y la equiparación salarial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España. También son los presupuestos de los más jóvenes, que van a tener una ayuda de 430 euros mensuales durante año y medio, para aquellos menores de 30 años que estudian y trabajan. Y la subida en más de 50 millones de euros para las becas. Estamos hablando de unos presupuestos que por primera vez tienen una partida para la lucha contra la violencia de género".

Finalmente, la portavoz ha concluido afirmando que "para nosotros es un gran proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que lo vamos a defender con la cabeza muy alta, y que en las próximas semanas seguiremos pidiendo al resto de formaciones políticas que lo apoyen, ya que es bueno para todos".

El viaducto, o puente sobre el río Cabra del tramo urbano de la CN-331, de acceso al núcleo de Aguilar de la Frontera desde Montilla se encuentra en "pésimas condiciones". Así lo ha denunciado Antonio Zurera, concejal y portavoz de Unidad Popular de Aguilar (UPOA), a través de un comunicado de prensa. Una situación que viene ocurriendo desde que el consistorio municipal, en su interés por mejorar la seguridad en las infraestructuras viarias y urbanas de su titularidad, y mantener un adecuado mantenimiento de las mismas, hiciera balance en enero de 2011 de los daños que provocó el desbordamiento de los arroyos y ríos en el núcleo urbano o en infraestructuras de acceso a la población, carreteras y travesías, tras las lluvias acontecidas en agosto de 2010.

En lo que respecta concretamente al viaducto, según afirma UPOA, “el informe  redactado por el arquitecto técnico municipal, recordemos en el año 2011, indicaba que «la erosión del agua ha dejado al descubierto elementos de la cimentación del puente en su totalidad»”.

“A petición del Ayuntamiento de Aguilar se redacta un documento por parte de los servicios técnicos de la Mancomunidad Campiña Sur, con entrada del proyecto en el registro del consistorio con número 4214 de 25 de abril de 2013, con el objeto de describir y justificar las acciones que han de llevarse a cabo, para subsanar la situación detectada, mejorando la seguridad vial de sus usuarios y garantizando un correcto mantenimiento”, prosigue el comunicado, detallando además que “la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha de salida de 17 de octubre de 2013 número 24373, autoriza al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera a efectuar las obras de reparación”.

En este sentido, “en el presupuesto de 2013, en vías públicas, se aprobó una partida inicial de 30.000 euros para el arreglo del viaducto”, continúa la nota. No obstante, recuerda Zurera, “no se ha actuado en el arreglo de este viaducto, ni en el 2013, cuando tenía una partida inicial para su arreglo y un proyecto redactado, ni en los años sucesivos, donde ya no se ha recogido partida ninguna en el presupuesto municipal ordinario, incluido el de 2018”.

Por tanto, UPOA solicita “un informe técnico urgente por los técnicos municipales que correspondan, o que la señora alcaldesa crea convenientes, y que se actúe por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en consecuencia de lo que estos informes aconsejen o dictaminen”.

“Una vez más, el PSOE no ha tenido en cuenta este problema, y no ha metido en presupuesto ni un solo céntimo para la reparación de la cimentación del viaducto de la carretera N-331”, apostillan desde este grupo municipal. 

UPOA critica el arreglo de la carretera del Cementerio

Esta misma tarde, Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha manifestado públicamente en una rueda de prensa “su apoyo a la asociación de vecinos del barrio bajo y a todos los vecinos de este barrio ante las quejas vertidas contra el Ayuntamiento, al no tomar este las medidas necesarias para que la lluvia no produzca destrozos y daños en las plantaciones, huertas, y viñas”. Destacando además que cada vez que llueve de manera abundante “se forma un rio, tanto en la fuentecita, como en la Avenida de Córdoba, con el consiguiente peligro e inseguridad para los vecinos”.

“UPOA ya votó en contra de este proyecto, el del arreglo de la carretera del cementerio, precisamente por esto, porque que el origen de todo es el eliminar las cunetas en las obras que se hicieron en la carretera del cementerio”, asegura Antonio Zurera, Portavoz en el Ayuntamiento de este grupo municipal.

Desde el seno de UPOA exponen que “cada vez que llueve, esta carretera es un peligro por el barro que tiene y también por el agua, que lo orienta hacia las huertas, la calle fuentecita y la Avenida de Córdoba”.

Asimismo, Zurera afirmó que han pedido “por registro al gobierno municipal que resuelva esta situación con una obra de actuación urgente, que consista en dotar de cunetas la carretera del cementerio, o en la propuesta que los técnicos consideren mejor para que esto no suceda”.

Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha explicado mediante una rueda de prensa que “el presupuesto aprobado en el último pleno, destina a la mujer menos del 0,5 por ciento del presupuesto”. Destacando que, “de 37.178 euros que se le dedicaba en 2017 a esta partida, se baja a 34.578 para el 2018, dándose una bajada prácticamente del doble, en lo mas importante, que es el programa de actividades del centro de la mujer”.

“Hace dos plenos votábamos una moción consensuada en defensa de la mujer y del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. En esta moción había unos acuerdos, y uno de ellos era que el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera se comprometía a aumentar las partidas en políticas de igualdad anualmente”, según ha señalado Victoria Bogas, concejala en el Ayuntamiento por UPOA.

En palabras de Bogas, “La concejala del PSOE, Mari Carmen Berenguer, que propuso este manifiesto y que consensuó con todos los grupos la moción cuyo acuerdo número 6 dice lo antes leído, aprobó este presupuesto. Con esta aptitud, Berenguer ha engañado ya no sólo a los grupos municipales, a los que les dice una cosa y después se hace otra, sino también a todas las mujeres aguilarenses, con las que se comprometió a aumentar en estos presupuestos la partida destinada a la mujer. Vemos como no sólo no la sube, sino que la baja”.

“No se puede jugar con las necesidades de las personas de esta manera, no se puede engañar a todo un colectivo de esta manera tan desvergonzada, no podemos entender cómo se tiene cara para aprobar que se va a aumentar la partida de dinero destinada a la mujer y un mes después votar lo contrario”, aseguran desde el seno de Unidad Popular de Aguilar.

“Desde UPOA y por dignidad, con todo el significado de esta palabra, pedimos públicamente la dimisión de Mari Carmen Berenguer como concejala de igualdad, porque no ha sabido o querido defender en su grupo los compromisos y acuerdos públicos a los que había llegado con todas las mujeres de Aguilar, sino también con todos los grupos municipales. Berenguer ha estafado a la ciudadanía que confiaba en ella”, ha comentado Bogas. Añadiendo además que “quien actúa de esta manera, quien traiciona la confianza de las mujeres que depositan sus esperanzas en que desde el Ayuntamiento se hagan políticas de igualdad de género, no puede seguir ni un minuto más al frente de esta concejalía”.

Aprovechamos nuestra página web y nuestro perfil de Facebook para pedir disculpas por la publicación que hacíamos hace apenas unas horas acerca de lo acontecido en el pasado pleno extraordinario de aprobación de presupuestos. De parte de todo nuestro equipo queremos transmitir nuestras más sinceras disculpas por los daños y prejuicios que hayamos podido ocasionar con esta publicación. Sin más, comentar que todos los datos y opiniones vertidas en la noticia eran ajenos a nuestro medio, sólo nos limitamos a reproducir una nota de prensa facilitada por fuentes cercanas al Partido Popular de Aguilar.

Desde nuestro medio reiteramos nuestras disculpas a las personas que se hayan sentido afectadas. 

Este lunes tuvo lugar un pleno extraordinario marcado por la tensión entre los grupos políticos del Ayuntamiento. Tocaba aprobar los presupuestos para este 2018, unos presupuestos que contaron únicamente con el visto bueno del PSOE.

En total, las cuentas ascienden a 7,3 millones de euros, de los que alrededor de un 55 por ciento se destinará a los salarios de los empleados municipales.

Los gastos totales disminuirán 56.000 euros con respecto al presupuesto de 2017, en concreto un 0,76 por ciento menos. Del total de gastos, 32.111 euros irán destinados al personal municipal, con el objetivo de pagar sueldos y saldar además una sentencia judicial.

Por otra parte, los gastos corrientes disminuyen en 125.000 euros, mientras que las inversiones reales suponen un 9 por ciento del presupuesto, alrededor de los 657.000 euros.

El ahorro neto para este año se situará en torno a los 643.000 euros, algo que permitirá, según afirmó la alcaldesa de Aguilar, María José Ayuso, cumplir con el equilibrio presupuestario obligado por la ley.

A lo largo de la sesión plenaria se vivieron momentos de tensión entre los portavoces de los diferentes grupos políticos y el equipo de Gobierno. Censi Pérez, del PP, hizo referencia a las cuentas del Parque Agroalimentario, criticando que la aportación del Ayuntamiento ascienda de 25.000 en 2017, a 60.000 euros este año.

En sus turnos de intervención, Ángel Cardo. Concejal de Izquierda Unida, manifestó que desde el equipo de gobierno acostumbran a culpar a los trabajadores del Ayuntamiento cuando algo no sale bien, cuando son ellos los que deberían supervisar ese trabajo. Asimismo, cuestionó a Ayuso el modo de desarrollar su labor profesional, cuando esta impartía cursos de pintura hace algunos años, asegurando que lo hacía “sin contar con la licencia necesaria para ello”. Ante tales afirmaciones, la alcaldesa anunció una posible querella contra el concejal de IU.

La tensión fue aún más palpable cuando todos los grupos políticos de la oposición se quejaron de que la alcaldesa nunca responde a las preguntas que se le hacen durante los plenos.

Progreso y Democracia de Aguilar (APD) celebró este jueves su Asamblea General para la composición de su Comisión Ejecutiva y de Trabajo.

Esta Ejecutiva representa según comenta Rafael Fernández Flores, "un proyecto compartido en el que todos aportan propuestas sin ningún interés personal, trabajando juntos, porque en este partido todos somos necesarios...tanto representantes del partido, como todos los ciudadanos que quieran participar con sus propuestas".

"Somos un partido creado para defender los derechos e intereses que le pertenece a nuestro pueblo, Aguilar de la Frontera y sus ciudadanos. Defenderemos los derechos públicos, la libertad de expresión, los derechos de los trabajadores, la creación de empleo entre iguales. En definitiva, crear futuro y riqueza en nuestro pueblo, que tan necesitado está por la dejadez y olvido de los grupos políticos que han gobernado en los últimos años, y que no han apostado por el futuro de Aguilar ni de los aguilarenses, sólo han apostado por intereses personales y de partido". 

COMPOSICIÓN DE LA NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA Y COMISIÓN DE TRABAJO:

SECRETARIO GENERAL, URBANISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA

 .- Rafael Fernández Flores

VICESECRETARIA GENERAL, SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES

.- Antonia Osuna Molina

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PORTAVOZ, POLÍTICA MUNICIPAL E INSTITUCIONAL

.- Mateo Urbano Cosano

TESORERO, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y MEDIO RURAL

.- José Antonino Gutiérrez Carrasco

FIESTA, TRADICIONES POPULARES Y TURISMO

.- José Luis Pavón Prieto 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

.- Beatriz Ortiz Molina 

INDUSTRIA Y COMERCIO

.- Manuel Gutiérrez Carrasco

DEPORTES

.- Antonio López Lucena

CULTURA, EDUCACIÓN, MUJER Y EXTRANJERIA

.- Elizabet Nunes Pereira

JUVENTUD

.- José María López Espino

OBRAS Y SERVICIOS

.- Francisco Gómez Aragón 

DESARROLLO ECONÓMICO Y LABORAL

.- Rafael Mancheño                                                                                                               

OCIO Y TIEMPO LIBRE                                                                                                                                 

.- Miguel Ángel Caraballo  

El nuevo acuerdo en materia de gestión de residuos municipales, que fue firmado ayer por la alcaldesa, Mª José Ayuso, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, va a suponer una reducción de más de 20 euros en el importe anual de la tasa para una vivienda. Tendrá una vigencia de cuatro años, contando desde el 1 de enero de 2018.

Con anterioridad a la firma del nuevo convenio, la modalidad que permanecía vigente era la de 'Gestión integral mixta acera/soterrada defracción orgánica siete días y envases', con repercusión del coste en la cuota y un importe anual por vivienda que se situaba en 121,56 euros.

Ahora, gracias al nuevo acuerdo, propuesto por la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente de la institución provincial (Epremasa), “se dejará de repercutir el coste de la inversión inicial de los contenedores soterrados en la tasa que abonan los vecinos, pasando a un importe anual para una vivienda de 100,26 euros”, según informó Antonio Ruiz. Además, indicó que el resto de actividades de la tasa -comercios, industria, etc- también serán beneficiadas con la nueva modalidad.

Por su parte, Ayuso mostró su satisfacción por esta iniciativa, que repercute "directamente y positivamente" en los vecinos y vecinas de la localidad.