El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aumentado de 11 a 13 años de cárcel el castigo a la imputada de Aguilar de la Frontera  por incendiar la vivienda de una familia con los residentes dentro de ella, causando la muerte de una vecina. El lunes, el diario ABC ha difundido la resolución del alto tribunal, la cual ha sido confirmada por el bufete Marcos García-Montes, que ha representado a la familia de la fallecida.

Es importante tener en cuenta que el fallo emitido en la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba el pasado mes de mayo fue impugnado tanto por la defensa de la encartada, que pidió una reducción de la pena a cinco años de cárcel, como por el viudo y los tres hijos de la víctima mortal.

En esta última situación, solicitaron que el castigo se incrementara a 20 años de cárcel. Por lo tanto, pidieron a la corte suprema de Andalucía que declarase que no es necesario aplicar la atenuante debido al trastorno adaptativo de la procesada, y también consideraron que se debería implementar la agravante de noche.

Finalmente, el TSJA ha concluido que la vivienda fue incendiada "aprovechando las circunstancias del tiempo", dado que la imputada provocó el fuego en la madrugada, lanzando líquido inflamable a una ventana y prendiéndole fuego.

Así, la sentencia del TSJA establece que "la imputada optó por una hora intempestiva de la noche, las 4:20 horas, para perpetrar su delito. Para ello, había salido a la calle portando una sustancia inflamable y un encendedor o similar, en un instante nocturno en que nadie circulaba por esa zona de la ciudad y los residentes de la vivienda estaban dormidos, tal como se menciona en la narración de hechos evidenciados en el veredicto (de la Audiencia).

Además, añade que tal situación "favoreció indudablemente el propósito criminal de la acusada: debido a la hora en que ocurrieron los hechos, resultaba extremadamente complicado que alguien dentro o fuera de la casa pudiera avistarla en medio de la acción incendiaria para frenarla o para identificar a la acusada o retenerla, o para reaccionar de inmediato y solicitar ayuda para prevenir la magnitud del incendio", corrobora.

Raquel López, delegada de Justicia de la Junta de Andalucía en Córdoba, ha ofrecido unas declaraciones en Aguilar de la Frontera para explicar que “dentro de las competencias que tenemos está el procurar que el servicio que se presta sea lo más eficiente posible para los ciudadanos”.

“La sede del Juzgado de Aguilar se encuentra en un edificio declarado BIC y ello conlleva que en algunos aspectos no sea tan funcional a la hora de prestar este servicio. En este sentido, durante el último año se han destinado cerca de 32.000 euros a la mejora de la instalación eléctrica del mismo y otras obras de mantenimiento por valor de unos 7.000 euros. Asimismo, también hay prevista una nueva inversión de unos 6.000 euros para hacer frente a una plaga de termitas en una de las salas, además de algunas humedades. Este edificio es muy bonito y singular, pero su antigüedad hace que haya que intervenirlo continuamente”, ha detallado López.

Por otro lado, la delegada de Justicia ha añadido que “se han aumentado los medios personales con la intervención del equipo de servicio itinerante de atención a las víctimas, estaba centralizado en Córdoba y a partir de este año se ha ido trasladando a las sedes de la provincia. Aguilar cuenta con dos asistencias mensuales presenciales en horario de mañana y de forma telefónica por las tardes. Se acompaña a la víctima desde que se pone la denuncia hasta el final”.

El juzgado de Aguilar de la Frontera ha reabierto el caso de la desaparición de Ángeles Zurera. Lo hizo en mayo, a raíz de la nueva línea de investigación abierta por la Guardia Civil y que reactiva su búsqueda. Así lo ha dado a conocer su hermano, Antonio Zurera, en una entrevista en Cadena Ser Córdoba.

Zurera explicó que el caso se cerró judicialmente, pero policialmente seguía abierto. El propio Antonio Zurera comentó a Madinfor Televisión que “estamos a la espera de conocer la empresa que va llevar a cabo la búsqueda y a realizar los diferentes trabajos”.

Desde que comenzase la investigación por la desaparición de Angelines, sólo ha habido una persona imputada, su exmarido. Éste fue condenado por violencia de género 6 meses después de su desaparición por una agresión física anterior a Ángeles.