El grupo Unidad Popular de Aguilar advierte sobre la situación irregular en la que se encuentra el contrato con la empresa que gestiona el servicio municipal de la zona azul de Aguilar de la Frontera. UPOA afirma que “desde 2010 no hay relación contractual con ninguna empresa para la gestión de la zona azul”.

La zona azul de Aguilar de la Frontera está en funcionamiento desde finales del año 2006 cuando, bajo el gobierno de coalición PSOE e IU, se adjudicó a la mercantil FEPAMIC Servicios Públicos Colectivos S.L. con un contrato cuyo plazo de vigencia expiró el 29 de noviembre del año 2010, exponiéndose en dicho convenio que sería obligatorio continuar con el servicio aún finalizado el plazo de la concesión, si así lo decidiese el Ayuntamiento, hasta que se celebre y adjudique una nueva licitación, pero con el límite establecido en 6 meses.

Sin embargo, esta  organización política, conjuntamente con el resto de los partidos políticos de la oposición, ha solicitado un Informe de la Secretaría General y de la Tesorería del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera sobre la situación en que se encuentra el servicio, en la que se mantiene que “no existe en el erario local ingreso alguno derivado del servicio de zona azul prestado por la empresa FEPAMIC Servicios Públicos Colectivos S.L. desde la fecha de adjudicación del contrato. Es decir, el Ayuntamiento nunca ha recibido ni un céntimo de la empresa adjudicataria por prestar el servicio de la zona azul”.

Desde UPOA plantean al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera interrogantes por resolver: “¿por qué ha permitido que esta situación se prolongue durante estos años?; ¿por qué se ha permitido denunciar a los y las aguilarenses por parte de los trabajadores de una empresa que, de facto, no tienen ninguna relación administrativa con el Ayuntamiento?; ¿Dónde está el dinero que los y las aguilarenses han pagado?; y si el estudio económico de la empresa decía que con una ocupación del 50% recaudaría 63.000 euros anuales, ¿Dónde está la parte que le corresponde al Ayuntamiento?”.

Ante esta situación, UPOA ha solicitado a la Alcaldesa, como máxima responsable del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, que paralice el servicio de zona azul inhabilitando los expendedores y anulando las multas que deriven de los servicios prestados por el personal contratado por FEPAMIC Servicios Públicos Colectivos S.L, además de gestionar el pago del canon que la empresa debió abonar durante la vigencia del contrato al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

El Juzgado de Instrucción de Aguilar de la Frontera está investigando a más de 150 personas por, presuntamente, adquirir de forma fraudulenta las firmas de un empresario con la finalidad de acceder a subsidios del Régimen Especial Agrario.

Una denuncia formalizada por la Fiscalía Provincial de Córdoba en 2019, que activó esta investigación cuyo origen se fundamenta en la documentación manejada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Entre los investigados figura el empresario, que habría ofrecido la firma a los jornaleros, un asesor y más de 150 personas, quienes habrían pagado distintas cantidades de dinero para obtener los sellos y, así, lograr unos 500 euros al mes durante medio año.

A los imputados se les atribuye delitos de fraude a la Seguridad Social, en concurso, con un delito de falsedad en documento oficial.