Antonio Zurera, ex portavoz de Unidad Popular de Aguilar en el Ayuntamiento de la localidad, ofreció esta semana una rueda de prensa donde explicó la posición de UPOA en relación a la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Córdoba ante el Juzgado de Instrucción de Aguilar de la Frontera contra la alcaldesa del municipio, Carmen Flores Jiménez, y el concejal de Obras, Antonio Maestre Ballesteros.

“Todos los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera de la Legislatura 2019-2023, los que estábamos en la oposición, pero también los que conformaban el Gobierno Municipal de Izquierda Unida, tenemos conocimiento desde el primer día de una serie de hechos presuntamente contrarios a Derecho y al ordenamiento jurídico. Así se nos advertía por parte de los técnicos municipales con sus correspondientes informes técnicos, principalmente desde las Áreas de Secretaría e Intervención”, expuso Zurera.

“Durante los años 2019 a 2022, desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera se ha mantenido como práctica habitual la autorización de pago de las facturas, a modo de contrato menor, generados por servicios y suministros permanentes y reiterados, que no tenían dicha naturaleza y que, como era destacado permanentemente por la Intervención, no pasaban por la fiscalización previa del gasto, ni se adecuaban a las reglas de la contratación pública, suponiendo una clara elusión de las reglas de la contratación y un posible fraccionamiento ilícito de contratos", afirmó Zurera. 

El propio ex portavoz añadió que "en Aguilar, en tres años y medio, son 82 los expedientes por un importe de 3.484.798 euros, como mínimo”.

ADQUISICIÓN DE LA CASA EN CALLE ANCHA

Por otra parte, durante los años 2020 a 2021, desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera se tramitó un expediente para la adquisición de la casa ubicada en Calle Ancha, número 50 de Aguilar de la Frontera. "El citado expediente comenzó con una valoración del inmueble, emitiéndose por el Arquitecto Municipal, en fecha 22 de abril de 2020, un informe que valoró la finca en la cantidad de 20.671 euros", aseguran desde UPOA.

Además, según indican desde Unidad Popular de Aguilar "la propietaria del inmueble no aceptó dicho importe y presentó valoración pericial contradictoria, que fue trasladada al arquitecto municipal, rechazando dicha valoración y ratificando su informe en el importe tasado".

"Sin embargo, según expone la Interventora Municipal, sin justificación alguna, en el expediente apareció una nueva valoración por importe de 27.136 euros, más el 10 por ciento de premio de avenencia, que situaría esta adquisición en 29.850 euros. Ante esta injustificada circunstancia, la Intervención del Ayuntamiento emitió Informe de reparo con carácter suspensivo en fecha 29 de abril de 2021, resolviendo la alcaldesa Carmen Flores Jiménez, con fecha 10 de junio, el levantamiento del reparo de suspensión del procedimiento efectuado, aprobando la adquisición de la finca por el importe de 29.850 euros".

ESCULTURA PARA LA GLORIETA DE CASAS VIEJAS

Por último, el ex portavoz de UPOA explicó que “en diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera inició un programa destinado al embellecimiento del casco urbano, tramitándose el expediente relativo a la elaboración e instalación de una escultura de bronce en la Glorieta de Casas Viejas”.

El expediente comenzó con un Informe emitido por el concejal de Cultura sobre la necesidad de justificar la designación de artistas para encargar una obra para su instalación en la localidad.

Por su parte, el Informe de fiscalización-intervención previa del expediente resultaba “favorable con observaciones”, pues se indicaba que se compartían las conclusiones del informe desfavorable de Secretaría, concluyendo que “debe motivarse que esta actuación artística sólo puede encomendarse a este artista, mediante un informe imparcial que no sea suscrito por un concejal, sino por un técnico de cultura. Y que refleje el por qué se debe contratar con este artista y no otro. Las motivaciones diferentes a lo expuesto, como la promoción de artistas locales emergentes puede realizarse perfectamente mediante otros procedimientos de contratación diferentes al negociado sin publicidad, como podría haber sido un concurso de ideas con adjudicación de la ejecución al ganador”.

Desde UPOA destacan que "la invitación a un único licitador se realizó en favor del escultor Ricardo Llamas León, vecino de Aguilar de la Frontera que siempre ha mantenido una estrecha vinculación y relación con el Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía y con la alcaldesa Carmen Flores Jiménez".

El expediente de licitación para la ejecución de la escultura fue adjudicado al escultor Ricardo Llamas, sin que respecto a la citada obra “escultura a Baco, colocada en la rotonda Glorieta Casas Viejas” se haya acreditado la excepcionalidad de obra única, que se exige en estos procedimientos de licitación.

Para finalizar, Antonio Zurera argumentó que “los Concejales de UPOA y su Grupo Municipal no estamos en el Ayuntamiento para tapar presuntas ilegalidades ni para ser cómplices de ellas, sino para todo lo contrario, ponerlas a disposición de la justicia y que sea ella quien dictamine”.

“UPOA no ha denunciado en el Juzgado a nadie, sino que tan sólo puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Córdoba estos hechos. Que sepamos, los únicos que cogieron esta vía en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, la vía de una denuncia directa ante el Juzgado, fueron los Concejales de IU contra los concejales del PSOE en el pasado, Carmen Flores Jiménez entre ellos”, apostilló Zurera. 

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, a través de su delegada de la Sección Sindical de CCOO del Hospital de Montilla, Felipa González, ha denunciado “la grave situación que están padeciendo en el servicio de Radiología de dicho centro, al tener averiados el aparataje de las salas de radiología convencional y el aparato de telemetrías, disponiendo solamente de un portátil para hacer las radiografías”.

El pasado 8 de marzo, CCOO dirigió un escrito al Comité de Seguridad y Salud denunciando “la situación de inseguridad y parálisis del servicio que están provocando las continuas averías del aparataje de radiología, solicitándose que se procediese a realizar la correspondiente evaluación y actuaciones pertinentes para evitar la situación de riesgo de accidentes que pueden sufrir los profesionales adscritos a este servicio”.

Concretamente, González denunció que “la Sala 3 de radiología convencional está clausurada por fallo en el disparo del aparataje, al tener los colimadores del tubo rotos y dejando además, inoperativo el Bucky de Telemetrías, lo que deriva en un aumento de listas de espera al no poder citarse a personas usuarias que requieren de estas pruebas diagnósticas”.

Además, explican que “al cerrar esta sala 3, se derivan a los pacientes covid-19 a la zona de Urgencias para realizar las placas con el portátil de radiología, lo que puede conllevar un aumento de la radiación a profesionales y pacientes”.

Por otra parte, la Sala 4 de radiología convencional “también se encuentra paralizada debido al fallo en el mecanismo para mover el tubo, que está descentrado con la mesa, y el Bucky pared no corresponde con el centrado de la placa, entre otras averías”.

Para el Secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, “es incuestionable que un centro hospitalario de este nivel y con un servicio de Urgencias debe contar con un servicio de radiología convencional que permita un tiempo de respuesta acorde con las necesidades diagnósticas que cada caso requiera a criterio del personal facultativo y que, además, permita una atención sanitaria garantista”.

“Puntualmente, la solución que está dando el centro sanitario es derivar a los pacientes desde las consultas para se les realice las radiografías por urgencias, con el consiguiente gasto extra de triaje y, además, desde hace más de mes y medio, también se derivan otras radiografías de consultas externas al Hospital de Puente Genil”, explican desde el Sindicato.

Damas tacha de “inoperantes” este tipo de soluciones que, en su opinión, “son más propias de una gestión chapucera, puesto que el problema viene arrastrándose desde hace varios meses y no han puesto solución, a pesar de haberse denunciado por CCOO ante el Comité de Seguridad y Salud, por lo que la Dirección del centro debería haber actuado ya para solucionar el problema”.

Asimismo, el responsable sindical reclama que “se proceda a la reparación o sustitución de los equipos de radiología necesarios que, además, deben estar acorde a la cartera de servicios de este área hospitalaria para dar una respuesta óptima y garantista a la demanda asistencial, y a su vez, garantizar la ausencia de cualquier riesgo para las personas usuarias y profesionales de este servicio”.

La Guardia Civil ha detenido a dos varones, de 31 y 17 años, vecinos de la localidad de Moriles, como presuntos autores de un robo con violencia en las calles de Aguilar de la Frontera. 

Según ha informado la Guardia Civil, el Puesto de Aguilar de la Frontera recibió el aviso de que un trabajador de reparto de comida a domicilio fue agredido, mientras circulaba con su motocicleta, por dos personas que le sustrajeron un bolso en el que guardaba dinero y un teléfono móvil. La víctima, producto de la agresión sufrida, tuvo que ser asistida de las heridas que presentaba en el Hospital de Montilla.

La Guardia Civil inició una investigación que le permitió identificar a los dos agresores como dos vecinos de la localidad de Moriles. Gracias a los datos aportados en la denuncia y a la inspección practicada en las inmediaciones, los agentes pudieron obtener indicios suficientes de la participación de los dos sospechosos en el robo, que fueron localizados y detenidos. 

Fuente de la imagen: Cordopolis

El sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) llevó a cabo este miércoles una rueda de prensa para denunciar la situación de “hostigamiento y advertencias” que están sufriendo los trabajadores de la limpieza viaria de Aguilar de la Frontera “desde que la empresa Fepamic se convirtió en nueva adjudicataria”, tal y como expresó Isabel Medina, secretaria general de Construcción y Servicios de CCOO. El 1 de mayo fue el día que dicha empresa tomó posesión del servicio, desde el cual se les empezó a pedir a los trabajadores unos documentos “leoninos”, mediante los cuales ellos “autorizaban a que la empresa tuviera acceso a todos sus datos personales y familiares”.

En ese momento entró a mediar Jesús Encabo, concejal de Obras y Servicios, que “nos ha apoyado desde que se hizo el pliego de condiciones, metiendo mejoras para los trabajadores”, puesto que esta empresa “no quería subrogarlos (de una empresa a otra) si no firmaban esa documentación”, apunta Medina, para destacar a continuación que “lo que pretendía esta empresa era hacerles contratos nuevos, como es un Centro Especial de Empleo, aplicarles el convenio” de estos centros, “que es mucho menor del que ellos tenían” previamente, “y si no firmaban la documentación, pues no los subrogaban”. Sin embargo, finalmente se demostró que Fepamic “concurría como una sociedad mercantil” y “Jesús Encabo les obligó a que se quedaran con los trabajadores”. 

Eso ocurrió el 31 de mayo, desde el cual se fueron sucediendo “los hostigamientos y sobrecargas de trabajo” para los empleados. Uno de los ejemplos fue el de obligar a un trabajador, que conducía la barredora debido a una discapacidad, “a subir y bajar calles con una escoba y un recogedor en la mano”, lo cual se denunció y de nuevo regresó a su puesto de trabajo. 

“El miedo que tenemos y que tienen los trabajadores”, según la portavoz de CCOO, “es que siempre hemos tenido contacto continuo con el concejal”, que ha “mediado siempre por los trabajadores”, pero hace un mes, “Jesús no se pudo reunir” y acudió la señora alcaldesa, “y cual fue nuestra sorpresa que la señora alcaldesa no ha hecho absolutamente nada”. En este sentido, Isabel Medina contó que sancionaron al “delegado sindical con tres días de empleo y sueldo”, por no ponerse una chaqueta que le dieron tres tallas mayor, “y que devolvió a la empresa para que le dieran la suya”. Así, éste tomó contacto “con la señora alcaldesa”, que le respondió que “ni los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos”. 

Finalmente, la representante del sindicato expuso unas “pinceladas de los hostigamientos”, tales como “si no me recoges esto o me haces esto, te sanciono”; “no se le entrega la ropa para poder realizar el trabajo; “le dicen que tal curso lo tienen que hacer de su tiempo libre”; o acumulan “semanas de trabajo de hasta diez días consecutivos sin descansar”. 

Los cuatro partidos de la oposición de Aguilar de la Frontera (Izquierda Unida, Partido Andalucista, Unión Popular de Aguilar y Partido Popular) se reunieron en la tarde del jueves para denunciar a través de una rueda de prensa las irregularidades que, según sus cuatro líderes, se han llevado a cabo en varios caminos del término municipal. “Este gobierno municipal del PSOE se ha acostumbrado a hacer las cosas mal y al revés. Estamos hablando de la actuación que ha acometido en los caminos Vadoancho y Casilla Padre Herrera de nuestro pueblo, pretendiendo hacernos creer que se trataba de meras obras de reforma de caminos rurales, cuando lo que han terminado haciendo es asfaltar suelo no urbanizable, para favorecer a determinadas parcelaciones ilegales, saltándose con ello a la torera la normativa urbanística”, explicó Antonio Zurera, portavoz de UPOA.

El concejal afirmó que se han arreglado estos caminos “sin mover ni un papel, sin licencia o expediente municipal que amparase la legalidad de su actuación”, y que, una vez concluida, es cuando se ha empezado a gestionar. “El mundo al revés”, puntualizaba. 

De esta forma, los cuatro grupos de la oposición se preguntan ahora la razón por la que el consistorio local ha actuado de esa forma. “¿Por qué antes de hacer este arreglo no se ha pedido presupuesto a distintas empresas? ¿Por qué no se pidieron los informes técnico y jurídico preceptivos antes de iniciar las obras, comunicándolos entonces a la oposición, y no con posterioridad intentando desesperadamente legalizarlas a contrarreloj? Y si la obra fue acometida en los meses de junio y julio de 2017, ¿por qué han aparecido facturas en relación a sus mejoras con fecha de 26 de octubre de 2017?”, expuso Zurera. 

Además, el líder de UPOA continuó detallando que el asunto se ha enredado aún más, “cuando hemos tenido noticia, tanto por lo publicado en su día en el perfil de Facebook del Ayuntamiento, como directamente por algunos vecinos favorecidos por la obra, de que algunos de éstos presuntamente han aportado dinero para el arreglo de estos caminos”. Cantidades que, según afirma la oposición, el Ayuntamiento habría devuelto a los mismos, "pero que ya a través de los comentarios de Facebook exponían que habían pagado". 

“¿Significa esto que el Ayuntamiento, consciente de que se saltaba las normas, pretendió cobijarse tras los vecinos para que éstos apareciesen como promotores de la obra y no la corporación municipal? El gobierno municipal del PSOE lo ha negado tras las preguntas de los grupos de la oposición, pero tuvimos fehaciente constancia de ello”, insistió Zurera. 

No obstante, en su exposición de argumentos fueron aún más lejos, al subrayar que en el propio expediente de legalización de las obras aparece como negativo el Informe Técnico Jurídico del asesor jurídico urbanístico del Ayuntamiento. “Entendemos los cuatro grupos de la oposición que existen demasiados entresijos y enredos para un simple arreglo de caminos”. 

Asimismo, indicaron que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria del día 11 de enero de 2018, acordó legalizar las obras de los caminos Vadoancho y Casilla Padre Herrera, “a pesar de este informe técnico jurídico en contra y de tantas interrogantes sin aclarar”.

Finalmente, una vez analizado el expediente, los cuatro partidos (UPOA, IU, PA y PP) “podremos interponer recurso contencioso administrativo contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, consistentes en la legalización de las obras de mejora ejecutadas sobre los caminos rurales Vadoancho y Casilla Padre Herrera, ambos adoptados en sesión ordinaria del día 11 de enero de 2018, sin descartar la probable responsabilidad penal que pudiera derivarse de estos acuerdos”.